El descaro del gobierno de Maduro raya lo insólito al negar existencia de Instructivos que aplica contra los trabajadores y trabajadoras, como si los bolsillos o el estómago de la clase trabajadora no lo sintieran. El extremo ha llegado frente la inadmisibilidad del Tribunal Supremo de Justicia de la demanda que exigía la nulidad del Instructivo Onapre porque según el TSJ éste “no existe”.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Miércoles 24 de agosto de 2022
A través de una nota de prensa, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que a través de la Sala Político Administrativa, “declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad y amparo cautelar contra lo que la parte demandante denominó INSTRUCTIVO (…) de fecha 22 de Marzo de 2022 (…), cuya autoría pretendió atribuir a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), a pesar de que tal hipotético acto administrativo, es inexistente”.
En el comunicado el TSJ señala que “la parte actora incumplió los extremos de ley, al no acompañar al libelo, con original o copia del presunto «acto administrativo», como documento fundamental de toda demanda, entre otras deficiencias, lo que conllevó a la inadmisibilidad de la pretensión conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.
En tal sentido, “el pretendido documento en los términos aludidos de los requisitos formales y esenciales que lo conforman, no constituye un acto administrativo; siendo así, esta Sala advierte que estamos en presencia de lo que se conoce en la doctrina y la jurisprudencia como el acto inexistente, debido a que no puede ser acto administrativo cualquier documento que se señale como tal, sin que el mismo haya sido dictado conforme a la Ley, cumpliendo con los extremos de los artículos 7, 9, 18, 19, 72 y 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos…”.
Para el Tribunal Supremo de Justicia, el Instructivo Onapre no existe, pero todas las instituciones del Estado lo aplicaron, desde la administración pública, magisterio, salud, universidades, jubilados y en todas las industrias estatales el ataque fue directo, reduciendo todos los ya miserables salarios.
Pero al propio “libelo” (comunicado del TSJ) no le faltó su “valoración política” y salió al ataque contra las organizaciones sindicales y representantes gremiales demandantes al declarar que “…la estrecha vinculación entre el asunto que subyace a la presente demanda y la matriz comunicacional que se ha venido creando en los últimos meses, pretendiendo imputar a la ONAPRE y, en fin, al Estado venezolano, un acto cuya existencia no ha sido demostrada y, por ende, mucho menos su autoría, con lo cual, a pesar de su inexistencia, se ha utilizado para generar malestar en ciertos sectores de la colectividad, crear conflicto social y atentar contra valores y principios cardinales previstos en nuestro orden constitucional, lo que debe ser objeto de investigación por parte de las instituciones competentes, incluso, determinar la posible existencia de forjamiento y otros ilícitos, tanto en el presente como en otros asuntos vinculados; caso en el que se deben determinar las posibles responsabilidades a que hubiere lugar (penal, disciplinaría, administrativa y/o civil)”.
En otras palabras, amenaza a dirigentes sindicales y gremiales y sus respectivos sindicatos de ser imputados por “forjamiento y otros ilícitos”, lo que no es otra cosa que amenaza de cárcel u otro tipo de hostigamiento, cercenando el más elemental derecho a la demanda.
Lo que el TSJ alude como “generar malestar en ciertos sectores de la colectividad, crear conflicto social y atentar contra valores y principios cardinales previstos en nuestro orden constitucional” no es otra cosa que las constantes protestas, marchas y movilizaciones a nivel nacional de miles de trabajadores y trabajadoras que han sufrido el peor atraco a sus ya miserables ingresos no solo a través de dicho Instructivo que ahora aluden como “inexistente” sino de todas las políticas antiobreras del gobierno que ha venido aplicando en los últimos años y que tuvo su salto con la aplicación del Memorando 2792 que anuló todas las convenciones colectivas y en los hechos la anulación de la propia Ley del Trabajo.
El TSJ tal cual como un brazo político más del gobierno de Maduro es parte de todo el conjuro con el resto de las instituciones del Estado, para llevar adelante una de las peores políticas antiobreras de Maduro, violando incluso la propia Constitución y leyes que ellos mismos promulgaron, como es la intangibilidad de los derechos laborales y salariales, llegando incluso a bajar los ya miserables salarios de hambre y eliminar de un plumazo conquistas históricas de la clase trabajadora.
Declarar como “inexistente” instrucciones propias emanadas del gobierno nacional y que se han aplicado sin piedad, lleva a los actos insólitos de impunidad con que actúa el Estado arremetiendo a diestra y siniestra como en tierra arrasada contra la clase trabajadora venezolana. Todo esto con el objetivo del gobierno también de beneficiar a los grandes empresarios y transnacionales con una mano de obra más barata del mundo.
No cabe más que repudiar tal saña antiobrera del gobierno de Maduro llevada a cabo esta vez de la mano del Tribunal Supremo de Justicia, al declarar “inexistente” estos brutales ataques a los trabajadores y las trabajadoras y peor aún declarar que las manifestaciones y protestas por salarios y derechos laborales “se ha[n] utilizado para generar malestar en ciertos sectores de la colectividad, crear conflicto social”. No le basta con descargar la brutal crisis sobre los trabajadores y beneficiar a los grandes empresarios, capitalistas y transnacionales, sino que los condena a la esclavitud lisa y llana, y también aplicar el látigo antiobrero y las amenazas de cárcel si se rebelan.
Pero a los trabajadores y las trabajadoras no les queda más que prepararse para seguir resistiendo a estos brutales ataques recurriendo a la movilización y lucha en las calles, así como en cada lugar de trabajo. Las masivas marchas y protestas que se han venido llevando a cabo, sobre todo las del menos de agosto, a nivel nacional marcan el camino de esta lucha para enfrentar todas las políticas antiobreras del gobierno de Maduro de la mano de los empresarios.
Solo con la unidad en las calles y de forma independiente es que se pueden alcanzar los objetivos planteados hasta derrotar la política del gobierno y los empresarios. Una lucha que debe entenderse más de conjunto en la que, además de incluir las demandas salariales elevar la pelea al nivel de la que nos declaran. Pero desgraciadamente las burocracias sindicales tienden a dividir las luchas, cuando por abajo lo que se expresa es la tendencia a la unidad.
Por ello, es que más que nunca se plantea la necesidad de coordinar todas las luchas que se desarrollan en el país y salir a luchar contra el fraude salarial del Gobierno de Maduro y por un salario igual a la canasta básica, indexado mensualmente a la inflación, lo que no es otra cosa que luchar por la escala móvil de salarios, así como también contra las nuevas tablas salariales impuestas desde arriba, luchando por derribar todas las leyes antiobreras del gobierno.
Ante los paquetazos antiobreros del Gobierno de Maduro y los ataques del sector empresarial es necesario anteponer un plan obrero y popular de emergencia. Pero esto hay que realizarlo unificadamente golpeando con un solo puño hasta derrotar las políticas antiobreras de Maduro y los empresarios.
