Iglesia y Estado. Insólito fallo avala celebración religiosa en escuelas públicas de Mendoza

El fallo suscripto por Rosatti y Lorenzetti, junto con Maqueda rechazó el reclamo realizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos contra la Dirección General de Escuelas de Mendoza. Su justificación aduce que la celebración religiosa oficial en las escuelas públicas "tiene por finalidad reafirmar valores y tradiciones culturales propias de la Provincia de Mendoza".

La APDH solicitaba a la Justicia que le ordenara a la Dirección General de Escuelas mendocina abstenerse de instruir a las trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes, como también a les estudiantes para que participaran obligatoriamente de tales actos de culto de la fe católica, considerándolo un hecho de adoctrinamiento religioso. Sin embargo, en su fallo, la Corte transformó estas celebraciones religiosas en una "tradición cultural provincial", por lo tanto, denegó el pedido.

Religión, política y sexualidad en una encuesta realizada en Argentina

Vale aclarar que la resolución de la Dirección General de Escuelas de la provincia cuyana dispone la "realización de actividades de gran significatividad", con la participación de toda la comunidad educativa, tanto para el 25 de julio como para el 8 de setiembre.

"La utilización por parte de los miembros de una comunidad de un símbolo en su origen religioso con un sentido secular no implica en modo alguno la aceptación por parte de ellos de su significado religioso", adujeron los jueces en su fallo. Ya los jueces mendocinos habían argumentado en el mismo sentido, llegando a plantear que quitar estas celebraciones del calendario escolar era un "un acto de reduccionismo y de represión de las manifestaciones populares y sentimientos del hombre mendocino que exceden su concreta religiosidad personal misma".

Tras el fallo, desde la APDH aseguraron que la Corte "ignoró constancias en el expediente de personas (religiosas y seculares) e instituciones presentes en la provincia quienes, en razón de sus convicciones y como parte de su identidad, rechazan tales celebraciones. Así las cosas, se niega la entidad de sujetos de derechos culturales a quienes no profesan la religión católica en la provincia de Mendoza", y recordó otros fallos como del INADI que "resolviendo planteos sobre la misma cuestión, propuso que tales actos se celebrasen fuera del horario escolar".

La militancia antiderechos y su relación con la política mendocina

La separación de la Iglesia del Estado, que es una demanda que volvió a encontrar eco en las masivas movilizaciones por la legalización del aborto, es una deuda de todos los gobiernos que siguieron a la dictadura militar genocida. No se trata solo del privilegio de una religión por sobre otras creencias ni tampoco únicamente de la enorme influencia ideológica y política de la Iglesia católica sobre las instituciones del régimen, como lo hemos visto en cada oportunidad en que se debatió un derecho cuestionado por las oscurantistas jerarquías eclesiásticas. Se trata también de cuantiosos privilegios económicos para esta institución, obtenidos por decretos del dictador Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Martínez de Hoz, que ni Alfonsín, ni Menem, ni De la Rúa, ni el matrimonio Kirchner, ni Macri, ni Fernández estuvieron dispuestos a eliminar.

El diputado Nicolás del Caño en la sesión de la cámara de 2018 cuando se obtuvo media sanción al proyecto de legalización del aborto, luego rechazado por el Senado

El diputado Nicolás del Caño del PTS/Frente de Izquierda ha presentado proyectos para la derogación de estos privilegios, que fueron cajoneados en el Congreso Nacional. La separación de la Iglesia del Estado la haremos efectiva poniendo en pie un potente movimiento de lucha, en las calles, como hemos conseguido otras libertades y derechos democráticos aun con la oposición del Vaticano y el oscurantismo medieval.