Marzo ya llega a su fin; sin embargo, comenzó con manifestaciones en todo el mundo por el día internacional de las mujeres, con ejemplos destacados como Francia, donde la movilización se unificó a las protestas contra la reforma jubilatoria de Macron. En Chile, en las diferentes regiones del país, fuimos miles llenando las avenidas centrales de las ciudades, como no ocurría hace ya bastante tiempo. En Santiago, la masividad marcó la jornada: entre las organizaciones convocantes daban cuenta de la participación de 400.000 personas. Pero algo había cambiado.

Salimos a las calles nuevamente

Sí, fuimos miles, pero a diferencia de años anteriores, esta última marcha hizo mucho más evidente la institucionalización del movimiento de mujeres y disidencias. El llamado a la huelga desde la Coordinadora Feminista 8M (CF8M), principal organismo del movimiento, declaraba que “las feministas no olvidamos ni perdonamos ningún golpe”, mas sin un llamado claro, sin ninguna crítica directa al gobierno, y por supuesto, sin llamar a la paralización efectiva. Pese a que las compañeras de la CF8M reafirmaron su autonomía respecto del gobierno en su declaración, la diferenciación con Apruebo Dignidad es netamente discursiva: no se ha opuesto ninguna acción que logre poner en entredicho el actuar gubernamental con el accionar de la coordinadora o del movimiento.

A su vez, el Estado estuvo dispuesto a facilitar todo para una jornada pacífica; incluso marchó la Ministra Antonia Orellana, protegida con un cordón de mujeres que la rodeaban. El gobierno buscó instalarse de manera ofensiva tras el rostro de la Ministra desde muy temprano el mismo 8M, y se ha mantenido la tónica durante el mes. Enarbolan un discurso que dialoga con la sentida demanda de acabar con la violencia machista en general, pero al mismo tiempo postergando demandas históricas del movimiento de mujeres. Un ejemplo muy claro es el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito: fue la propia ministra de la Mujer y la Equidad de Género quien planteó que como gobierno levantarán una propuesta de ley de aborto sin causales, pero explícitamente dijo que no sería este año.

Pese a que también la ministra Orellana ha insistido sobre la autonomía del movimiento de mujeres, este último 8M mostró el punto de supeditación a los ritmos de este gobierno: principalmente desde un desinterés acerca del quehacer político nacional, que se expresaba en la ausencia de gritos y pancartas que hicieran alusión a la situación en la que nos encontramos. Este desinterés aparece cuando desde las direcciones del movimiento y desde los ministerios se nos llamó durante meses a la espera, a la calma, depositando todas las expectativas en la nueva Constitución. Esta separación entre la política y el movimiento se vuelve aún más notoria hoy, con un proceso constitucional totalmente ajeno a la realidad de las mujeres y disidencias trabajadoras y populares. Proceso que pactaron desde el Partido Comunista al Republicano.

Lo que sí es claro es que nos mueve la lucha contra la violencia machista. Se expresó en cada grito, en cada bloque de la marcha, como un elemento común. Es lo que nos une y da cuenta que aún tenemos fuerza.

¿Feminismo ministerial o movimiento en las calles?

Antonia Orellana, a pesar de sus intentos discursivos por reivindicar la autonomía del movimiento, es parte de la maquinaria institucional que busca tutelar mediante el Estado la lucha de las mujeres y disidencias; postura totalmente coherente con la política que ha impulsado el gobierno, de represión a quienes luchan (como ocurre en el territorio mapuche), y la postergación de nuestras demandas, negociando cada paso que dan con la derecha y los empresarios.

La ministra se ha dedicado a la defensa acérrima de su Ministerio -contra los ataques de la derecha- a la vez que busca acallar las voces críticas dentro del movimiento de mujeres bajo el llamado a “avanzar”. Pero ese avance ha consistido hasta ahora en la llamada “transversalización de la política de género en el Estado” (que no olvidemos, es capitalista y patriarcal a la médula). Contrario a lo que se plantea desde el feminismo ministerial, no es el avance de la derecha lo que hace retroceder al movimiento: es la pasividad de la lucha lo que le abre el camino a los sectores reaccionarios y conservadores. Este punto se hizo evidente cuando Orellana tuvo que posar sonriente junto al UDI Gustavo Sanhueza, militante de la derecha más rancia y nuevo presidente de la comisión de género y equidad del Senado.

Pese a que la ministra asegura que se está trabajando en una segunda etapa de “autonomía económica”, no es otra cosa que la reforma de pensiones del gobierno a través de la cual se podrá garantizar el cobro a los deudores de la pensión alimenticia. La reforma de pensiones, sin embargo, ha sido duramente criticada por seguir favoreciendo al mercado de capitales que contará con mayor flujo, de ser aprobada.

Lo que vemos es una doble operación: quieren convertir al feminismo en una garantía para la gobernabilidad, anulando su capacidad de crítica radical a toda la estructura del sistema; volverlo inofensivo, y al movimiento de mujeres y disidencias lo quieren silenciar amablemente: que nuestra lucha sea tutelada por el Estado, ese mismo Estado que reprime y niega derechos.

Nos dicen que tenemos que esperar, que no se puede “pedir todo a la vez”, mientras nuestras compañeras no tienen un techo donde vivir, mientras compañeres siguen viviendo el yugo de la violencia y la explotación. Hay cosas que sencillamente no pueden esperar.

Y por otra parte, las compañeras de la CF8M, pese a declarar su autonomía con el gobierno y teniendo las posibilidades de articular una fuerza social capaz de oponerse al proceso constitucional que dicen impugnar, han convertido la frase “Esto amerita huelga” en un cascarón vacío, negándose en los hechos a movilizar por las demandas que el gobierno nos obliga a postergar.

La pugna entre el feminismo institucional (o ministerial) y el autónomo ha sido un debate que históricamente ha cruzado al movimiento de mujeres y disidencias latinoamericano. Y en ese debate entre autónomas e institucionales, nos cruzamos las feministas socialistas, que velamos por impulsar una agenda política independiente de los gobiernos de turno y los grandes empresarios, pero emplazando a todo quién se encuentre en el poder puesto que también lo disputamos, desde una perspectiva revolucionaria, de ruptura con el capitalismo patriarcal y racista. Nosotras apostamos por la lucha de clases, desde la premisa que el género nos une y la clase nos divide, porque entendemos que el camino a la conquista de nuestra emancipación es de la mano de la clase trabajadora, y que tenemos el poder de cambiarlo todo si desplegamos esa fuerza unitaria, para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.

Lo cierto es que en Chile, el feminismo ministerial o institucional ha servido para recubrir con un discurso de igualdad e inclusión políticas que favorecen a los grandes empresarios, como es el caso de la ley de las 40 horas; mientras sindicatos denunciaban que aumentaba la flexibilidad y precarización laboral, la ministra saludaba el proyecto porque ayudaría a personas que ejercen labores de cuidado, mayoritariamente mujeres ¿pero a qué costo? Nos han hablado de emancipación, feminismo y equidad aquellas que hoy tienen en pie un fraude constitucional, con defensores de abusadores sexuales y la dictadura militar en la “Comisión de expertos constitucionales”.

No bailemos al ritmo del gobierno y los empresarios: la independencia política es clave

El fraude constitucional en curso es un acuerdo de los viejos partidos que impugnamos en la rebelión, avalados por los partidos del gobierno: el Partido Comunista y el conglomerado de Apruebo Dignidad. El gobierno de Gabriel Boric prometió reformas profundas, y día tras día se llena la boca de un discurso “feminista e inclusivo”, pero en su accionar impulsa la agenda acordada con la derecha y los empresarios. Mientras esto ocurre a nuestras espaldas, nosotras nos vemos presionadas por una crisis económica que han buscado cargar sobre las familias obreras y populares.

No se puede apoyar un proceso constitucional extremadamente antidemocrático, donde figuras de la derecha más rancia como Hernán Larraín forman parte del “comité de expertos”, cuya única experticia es garantizar que los millonarios no perderán un peso y que se mantenga intacta la institucionalidad heredada de la dictadura cívico-militar. Por eso es necesario anular esta farsa.

Ya hicimos una experiencia con la institucionalidad, y vimos sus nefastos resultados. Es claro que las demandas no podremos conquistarlas por esta vía: la salida ya no está en las urnas.

Para mantener la independencia política del movimiento, no solamente se deben hacer declaraciones, sino sostener una práctica diferenciada, de oposición a la integración sistémica que nos buscan imponer. No podemos permitir que en nuestro nombre se intenten legitimar políticas que van en contra de nuestros propios intereses, como mujeres y disidencias de la clase trabajadora. Porque vimos en la práctica que la perspectiva de transformación no está ahí, en la institucionalidad: apenas los poderosos ven en peligro sus intereses, comienzan a poner en movimiento sus herramientas antidemocráticas.

Terminar con la miseria de lo posible y empezar a pensar en la medida de lo necesario pasa por retomar la perspectiva de la movilización como mecanismo para la conquista de nuestras reivindicaciones, impulsando comisiones de mujeres y disidencias en nuestros lugares de trabajo y estudio, organizándonos contra este fraude constitucional y por todas las demandas históricamente postergadas. Podemos evitar que nos neutralicen, buscando reconstruir una fuerza social capaz de hacerle frente a este sistema de precariedad, y con la unidad entre oprimidos y explotados, superarlo.