La reforma al sistema de pensiones impulsada por el gobierno de AMLO dejará enormes beneficios para las instituciones financieras, que pasarán de administrar el 16 al 25% del PIB nacional. Así lo reportó la calificadora Moody´s.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 28 de julio de 2020
La agencia de calificación de riesgo Moody’s presentó un reporte a propósito de la reforma al sistema de pensiones elaborada por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Este reporte destacó los beneficios que traería esta reforma para las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), instituciones financieras privadas que administran los fondos para el retiro de las y los trabajadores mexicanos.
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El reporte de Moody’s destacó que el aumento de las contribuciones, que pasarían de 6.5 a 15%, haría que los recursos en sus manos (que actualmente rondan los 4.3 billones de pesos equivalentes a 16% del PIB nacional) representen hasta el 25% del PIB.
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Actualmente son 10 las Afore que operan en el país y cobran en México lo doble de lo que cobran sistemas similares en países como Estados Unidos o Suecia. Es de ahí de donde vienen sus ganancias. Los activos administrados por las Afores son los de mayor importancia en el sistema financiero mexicano sólo después de los bancos.
En México las Afores cobran a los trabajadores comisiones de 0.92% sobre el saldo total de los ahorros de éstos para su retiro.
El reporte de Moody’s coincide con el optimismo de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) quien, por medio de su presidente Bernando González, aseguró que con la reforma, los saldos de los trabajadores aumentarán y así podrían ir reduciéndose las comisiones usureras que cobran por administrar dinero de los trabajadores.
Esta reforma terminaría del todo con cualquier posible "nacionalización" como la que llegaron a proponer algunos legisladores de manera marginal para que el Banco del Bienestar administrara el ahorro de los trabajadores del país, propuesta que estaba lejos de significar el retorno de un sistema solidario de pensiones pues implicaría contravenir el acuerdo privatizador de 1997, cuando se entregó el futuro de millones a unas cuantas manos privadas.
El presunto aumento de las pensiones con el que pretenden embellecer esta reforma viene de la mano de medidas para aumentar la edad de jubilación, así como de un decrecimiento considerable de trabajadores con una cuenta individual en alguna Afore. Actualmente son 67 millones los trabajadores que esperan ser pensionados, mientras otros miles engrosan las filas del empleo informal y la terciarización, sin acceso a derechos laborales como el de una pensión digna.
Afores como Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte son instituciones que demostraron hace poco tiempo la manera en la que estas empresas se valen del dinero de los trabajadores para invertir en proyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco, pero también en otros proyectos de infraestructura como los del sector energético, telecomunicaciones e infraestructura social, como estadios, escuelas y hospitales.
Las ganancias de estos jugosos negocios son para las empresas, mientras la inversión está avalada por los ahorros de las y los trabajadores. Los gobiernos, además de permitir que esto ocurra, ofrecen seguros a las empresas (con dinero del erario). Un ejemplo de ello fue el pago que hizo el gobierno federal por la suspensión del NAIM en Texcoco.
Las empresas no sólo invierten dinero que no les pertenece y cobran por hacerlo, sino que además se procuran y aseguran ganancias millonarias.
Como ocurre cada que calificadoras como Moody’s entran en acción, el sector o rubro analizado forma parte de un movimiento superestructural en donde gobiernos y empresas pactan rescates, adquieren deudas y garantizan inversiones. En esta ocasión, las reformas al sistema de pensiones dan certeza al sector empresarial por medio no sólo de la ratificación de los acuerdos que privatizaron los ahorros de los trabajadores, sino que se inscriben en un discurso en donde la 4T busca aparecer como "sólida" a costa de empeñar las pensiones. Refleja también la armonía entre el sector empresarial, el gobierno y el charrismo sindical.
Un sistema de reparto manejado por las y los trabajadores es posible y necesario para que los aportes sean administrados en beneficio de quienes hoy por hoy ya están retirados y para que esta prestación sea efectivamente un seguro para una vejez digna para los trabajadores y sus familias.
Con información de La Jornada, Sin embargo y El Economista.
