Fuertes críticas a la Iglesia y al gobierno mendocino en la Audiencia Pública convocada por legisladores del Frente de Izquierda. Participaron representantes de la Red de Sobrevientes del Abuso Eclesiástico, Padres Autoconvocados y otras organizaciones
Jueves 8 de diciembre de 2016
En el anexo de la Legislatura provincial, se realizó la audiencia pública convocada por legisladores y legisladoras del Frente de Izquierda, junto a organizaciones denunciantes y familiares de víctimas de los aberrantes casos de abusos sexuales a niñas y niños hipoacusicos y sordos en el Instituto Provolo.
De la audiencia participaron, junto a la senadora provincial por el PTS FIT Noelia Barbeito, el Dr Carlos Lombardi (abogado de la Red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico de la Argentina), madres pertenecientes a “Padres Autoconvocados de niños jóvenes y adultos con discapacidad” y Sergio Salinas, representante de la ONG XUMEX.
“Hemos sido convocados por los legisladores del Frente de Izquierda muy generosamente a esta audiencia pública en la legislatura de Mendoza para hacer escuchar la voz de la red de sobrevivientes. Voz que no escucha la autoridad eclesiástica”, dijo Lombardi al comenzar la audiencia.
Allí, además de relatar la situación de la causa contra los curas Corradi y Corbacho por el abuso sexual de niños y niñas en el Instituto Provolo, se realizaron fuertes críticas al arzobispado provincial por el encubrimiento de los curas, ya que, según denunciaron, el arzobispado no podía desconocer los antecedentes de abuso que tenía Corradi en Italia ni la denuncia realizada por una madre en el mismo Instituto Provolo en 2008.
Actualmente los casos denunciados en la justicia son 22, pero durante la audiencia advirtieron que pueden sumarse con el correr de los días ya que resta tomar decenas de testimonios. Por ello pidieron habilitar la feria judicial de enero para continuar el proceso. En relación a esto, la senadora Barbeito dijo que: “Junto al Diputado del FIT Héctor Fresina, escuchamos a los padres contar como las victimas están pidiendo asistencia. Incluso faltan interpretes con formación psicológica aún, porque es muy fuerte lo que están viviendo. Incluso los intérpretes que actúan en la justicia necesitan asistencia por esta situación. Escuchamos denuncias de que la justicia no tiene autos para trasladar a las personas que tienen que ir a declarar. La verdad es que da mucha bronca escuchar que hoy no pudieron trasladar a un niño para que declare porque no tenían vehículos disponibles. Hay una cadena de responsabilidades”.
Por su parte, Sergio Salinas, integrante de la asociación Xumec responsabilizó a la Justicia y al estado provincial por la denuncia realizada por una madre en 2008 por abusos contra su hijo en el instituto, y nunca se hicieron los correspondientes estudios para investigar el hecho. El expediente llevó varios años paralizado y luego de que explotara el escándalo, el Ministerio Público tomó intervención para sumariar a quienes habían intervenido en la causa.
En cuanto a los anuncios de la Iglesia sobre controles psicológicos a los curas y su insistencia en que desconocían los antecedentes de los denunciados, se criticó el silencio cómplice durante todos estos años. “El Arzobispo no tiene que decir ahora que van a hacer exámenes psicológicos, él tiene que explicar que paso hasta ahora, que paso con la denuncia de 2008, cuantos curas hay presos”, cuestionó Barbeito. A su turno, Lombardi recordó que "ni el padre Julio César Grassi que está condenado por abuso sexual y malversación de fondos dejó de ser cura. Entonces por qué, si es verdad que le retiraron la licencia clerical a los curas Corradi y Corbacho, no nos muestran a todos la documentación que así lo acredita", en alusión a los dichos del Arzobispo Franzini sobre las acciones tomadas contra los curas acusados.
Reunión secreta
En la audiencia se criticó fuertemente la reunión que mantuvieron legisladores y legisladoras provinciales con el arzobispo de Mendoza. Vale recordar que la legislatura había citado al arzobispo a dar explicaciones sobre la responsabilidad de la Iglesia en el hecho, pero el obispo no solo no se presentó, sino que fue el quien recibió a los legisladores en el arzobispado a puertas cerradas, lo que generó fuertes críticas desde diversos sectores.
“El arzobispo es el que tiene que dar explicaciones. Que los legisladores se hayan sometido a las decisiones del arzobispo de recibirlos en su oficina y sin los familiares ni la prensa es totalmente indignante. Se amparan detrás del derecho canónico y de leyes nacionales que reconocen a la Iglesia como un estado para encubrir abusadores y pedófilos”, declaró Barbeito en relación a la “explicación” del Senador radical Juan Carlos Jaliff, quien había justificado la visita de los legisladores en que, de acuerdo con la ley 24.483, las relaciones con la Iglesia Católica las lleva el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por lo que la Legislatura no tiene el poder para convocar a un Arzobispo.
En relación a esto, Lombardi hizo referencia a leyes provinciales que dan total competencia para que la legislatura cite al arzobispo a que dé explicaciones. "Los miembros de la curia no son embajadores, los cuáles si tienen un trato diferenciado y directo con la Nación y la canciller. Los legisladores tendrían que haber insistido para que el arzobispo se presente y de explicaciones en la Legislatura. Ante un tema tan grave, como es el de las aberraciones sufridas por niños en el Próvolo, lo que hicieron fue reunirse a puertas cerradas y a espaldas de los padres de las víctimas y de la sociedad en su conjunto", cuestionó el abogado.
Para concluir, Lombardi declaro: “Nosotros consideramos que este espacio abierto por los legisladores del FIT ha sido sumamente enriquecedor, precisamente para hacer tres reclamos: destacar la responsabilidad de las comisiones de la Legislatura de Mendoza al no perseverar en cuanto a citar al obispo; la responsabilidad civil, propiamente dicha, del arzobispado de Mendoza y también para plantear a la autoridad política que por favor inicien las gestiones para separar estado de iglesia. Le pedimos desde la Red de Sobrevientes del Abuso Eclesiástico al Estado que le retiren los privilegios a la Iglesia Católica. Privilegios que usaron para no ir a la Legislatura".
“Nosotros pusimos a disposición un proyecto de ley que presentó mi compañera Myriam Bregman en el congreso nacional en el día de ayer para derogar los privilegios de la Iglesia. El que les paga el sueldo a los obispos es el estado argentino, somos nosotros. Este proyecto lo ponemos a disposición de todas las agrupaciones que están llevando adelante esta pelea. Estaremos junto a los familiares que exigen verdad, justicia y castigo, junto a la separación de la iglesia y el estado”, finalizó Barbeito.
