Respuesta a las declaraciones de Cornejo que responsabilizó a las familias de las víctimas de abuso y del Arzobispo Franzini que justificó el silencio de Bergoglio.
Viernes 21 de abril de 2017 17:40
Foto: MendozaPost
La semana pasada fueron noticia las declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo en Canal 7 en las que se refirió a los casos de abusos sexuales en el Instituto Próvolo y de Florencia Di Marco como un “problema familiar”. "Hay un relato que le hace cargo a todo del Estado, dejando al individuo en un papel de mero pasivo, ¿no? Es decir, los abusos sexuales, los abusos de niños y demás, tienen un componente familiar muy grande. No podría nunca el Estado estar dentro de la familia previniendo eso y demás” dijo Cornejo.
Con este lamentable argumento, el gobernador intentó desligar la responsabilidad del gobierno o, lo que es peor, culpabilizar a las familias por estos horrorosos abusos que no son casos aislados, sino parte de una red internacional de pederastía encubiertos intencionalmente por la Iglesia y por los Estados con su complicidad silenciosa.
Con la misma lógica argumental y el posicionamiento político ideológico que culpa a las mujeres de incitar a la violencia y las responsabiliza de los daños y vejaciones sobre sus cuerpos, el gobernador responsabilizó a las familias de los niños y las niñas abusados/as por los sacerdotes en el Instituto Próvolo y también acusó de oportunistas a los abogados que acompañan a las familias en sus denuncias a la Iglesia y al Estado.
Con estas declaraciones nefastas el gobernador Alfredo Cornejo no sólo intentó no asumir la responsabilidad directa que tiene el Estado -y el gobierno de turno- de garantizar la “Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes”; entre tantas otras leyes violadas en estos casos; sino que además niega cínicamente una escena local desbordada de cuerpos de mujeres, niños, niñas y adolescentes abusados, violados y muertos violentamente en los últimos meses en nuestra provincia.
Foto: Sitio Andino
El Estado es responsable
Son muchísimos los argumentos que podemos esgrimir para demostrar la responsabilidad directa del Estado en los abusos del Instituto Próvolo y en que la Iglesia sea un actor político que puede actuar impunemente como institución autónoma.
Los testimonios y los hechos demuestran que el Estado -y en este caso el gobierno de Alfredo Cornejo que ocupa actualmente las instituciones del Estado- es responsable, no sólo por negligencia sino también por complicidad.
Para Paola, madre denunciante por el caso Próvolo, el Estado sí es responsable porque fue desde allí que se le dio el poder y la tutela sobre sus niños y niñas a Corradi (con denuncias por abusos en Italia) y Corbacho, los sacerdotes imputados hoy por los abusos. Ese Estado que avaló a estas instituciones educativas hoy está ausente: “no nos da respaldo de nada. La vicegobernadora tuvo una reunión con el arzobispado, con los maestros y con los padres que querían reabrir el Próvolo; y no con los padres de las víctimas. Fuimos al Carrousel, cinco padres y una víctima, y cuando pasamos por el palco oficial el gobernador miraba para otro lado y la vicegobernadora tuvo el descaro de quedarse sentada para que la prensa la tapara.”
Paola denuncia también que la Justicia, al haber otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria para Corradi, de alguna manera obstaculizó la investigación porque una vez que la obtuvo, dejaron de salir a la luz las denuncias debido al miedo que este sacerdote infundía sobre sus víctimas. Denuncia que los curas sostenían también el silencio de los niños con amenazas de muerte y visitas durante los fines de semana, cuando estos se encontraban en sus casas: “a él allá en Verona le llamaban “el cruel”. Y el acá golpeaba con un manojo de llaves que tiene de trescientas puertas, sino es que más. Entonces, como no le van a tener pánico a ese monstruo”.
Esta madre denuncia que el Estado no tiene en cuenta las declaraciones de las víctimas porque se contradicen en las referencias temporales. Y aclara que deberían tener en cuenta que esto sucede porque en el instituto para hipoacúsicos les negaban el lenguaje de señas y hasta llegaban a dar clases con barbijos para que los niños no aprendieran a gesticular. Esto genera que todavía algunas madres no sepan que sus hijos fueron abusados ya que estos no hablan por miedo o porque no conocen el lenguaje de señas.
El Concordato de la Santa Sede, o cómo el Estado avala la red de encubrimiento
En el Estado Argentino todavía rige el Concordato de la Santa Sede. El mismo "da a la Iglesia Católica un cúmulo de beneficios y el Estado tiene un cúmulo de obligaciones. No hay ventajas para el Estado", denuncia Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico en Mendoza. Lombardi agrega que el Concordato “lo único que hace acá es restringir soberanía a los Estados”.
El tratado fue firmado en 1966 por el propio Onganía. Entre las concesiones que habilita está la posibilidad para la Iglesia de tener su propio tribunal y su propia jurisdicción. Como sostiene Lombardi: “el Estado argentino le garantiza (a la Iglesia) no entrometerse en los asuntos eclesiásticos". Esto sucede aunque existan numerosos hechos eclesiásticos con consecuencias penales, entre ellos los casos de abusos sexuales.
Por el contrario, como destaca el abogado, la recíproca no existe porque la Iglesia Católica sí tiene incidencia sistemática en los asuntos tanto públicos y laicos como privados de las personas. Esto llega al punto de que en la mayoría de las escuelas no se imparte educación sexual y, mientras los anticonceptivos siguen siendo de acceso restringido, en muchas provincias (entre ellas Mendoza) ni siquiera rige el protocolo de aborto no punible.
Red de Institucionalización de la Pedofilia
Los tribunales eclesiásticos, por su parte, no dan ninguna garantía al denunciante. Se le niega, por ejemplo, el derecho a seguir la investigación o a asesorarse con abogados. A la vez que montan un sistema de encubrimiento de los abusadores, que institucionaliza y avala la pedofilia. Este sistema incluye diversos mecanismos, como los traslados de los curas si los casos no se han hecho públicos, presiones a los familiares y las víctimas para que retiren la denuncia, etc.
También tienen como responsables a todos los estratos de la Iglesia Católica. Comienza con el cura abusador, continúa con el Arzobispo a cargo (o los Arzobispos cuando se traslada a los abusadores) y llegan hasta la propia cúpula de la Iglesia, encabezada hoy por Bergoglio. Avalado por Franzini, Arzobispo de Mendoza, el Papa Francisco no ha abandonado su silencio para pronunciarse por las víctimas de éste ni otros casos. Todo lo contrario, una de las pocas veces que habló, fue en referencia al caso Karadima, y sus palabras no tuvieron otro fin que desacreditar a los denunciantes.
Privadas y católicas sí; públicas y laicas no
El presupuesto provincial votado para el año 2017 muestra un aumento de lo destinado a los subsidios para las escuelas privadas de un 63%, mientras que el aumento para la educación pública es del 27%. Es decir, que el Estado Provincial va a destinar 2300 millones de pesos a las escuelas privadas, de las cuales más del 60% son religiosas. Entre ellas el Instituto Próvolo. Estas instituciones dependen de la Dirección de Educación Privada de la DGE por lo que a dicha entidad también le cabía la responsabilidad de supervisar lo que allí sucedía.
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Entonces la respuesta es clara: El Estado es responsable. Porque es el Estado - a través del gobierno de turno- el que otorga garantías y privilegios a algunas instituciones y a otras no. El que aplica su lógica empresarial para desfinanciar la educación pública y desprestigiarla discursivamente, que cobra el presentismo a los docentes y reprime con la policía a aquellos que se organizan para conseguir mejoras salariales, condiciones dignas de trabajo y un ambiente laboral adecuado. El mismo Estado que otorga subsidios millonarios a escuelas privadas, la mayoría de las cuales pertenecen Iglesia Católica, institución que tiene múltiples denuncias a lo largo del mundo por abusos sexuales a adultos y menores.
