La Procuraduría General de la República (PGR) impugnó el blindaje legal creado por Javier Duarte en Veracruz y Roberto Borge en Quintana Roo para protegerse.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Martes 12 de julio de 2016
Tanto Duarte como Borge enfrentan acusaciones sobre desvío millonarios de fondos.
Roberto Borge, gobernador saliente de Quintana Roo, enfrenta una investigación por el desvío de 391 millones de pesos enviados desde el gobierno federal para educación, así como por el pago de 203 millones de pesos para la renta de aviones de la empresa Servicios Aéreos Ejecutivos S.A de C.V. sólo en 2014, entre otras irregularidades.
En el caso de Javier Duarte, se investiga un fraude por 645 millones de pesos. Corresponden a 73 contratos firmados por cuatro dependencias del gobierno veracruzano con una red de empresas fantasma, la mayoría creadas durante el sexenio del gobernador hoy cuestionado.
Los congresos de Quintana Roo y Veracruz habían aprobado tomar sus propias medidas anticorrupción y nombrar a los fiscales que los investigaran.
Nada muy distinto de lo que hizo Peña Nieto cuando pidió que lo investigara su amigo Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública, en el caso de la casa blanca de Angélica Rivera, el escándalo de corrupción y asociación del presidente con las constructoras como Grupo Higa que generó un amplio descontento social.
No obstante, esta vez por instrucciones de Peña Nieto, la PGR presentó este lunes 11 de julio dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Según informan distintos medios Salvador Sandoval Silva, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, anunció también que se está analizando interponer una medida similar contra el gobierno y el congreso de Chihuahua.
Voceros oficiales claman que “el gobierno de Enrique Peña Nieto está comprometido con la legalidad, y el hacer cumplir las leyes es un ejemplo de que el gobierno actuará y seguirá actuando como hasta ahora”.
Se trata de algunos de los gobernadores más cuestionados en sus estados, y justo, en algunas entidades donde el Partido Revolucionario Institucional perdió su hegemonía política a manos de coaliciones entre Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Más que aplicar la “fuerza de la ley” parece ser el castigo que dictó Peña Nieto contra los gobernadores que hicieron perder al PRI importantes feudos. Veracruz por la explotación de hidrocarburos y la presencia del puerto, un punto nodal para el comercio internacional, Quintana Roo por ser de primera importancia en la recepción de turismo internacional a través de Cancún y Chihuahua por contar con el mayor desarrollo de la industria maquiladora del país.
Y a la vez, constituye un intento de fortalecer al PRI, uno de los grandes perdedores de las elecciones del pasado 5 de junio, muy cuestionado por el problema de la corrupción a nivel nacional.
Abundan ejemplos de exgobernadores priistas que protagonizaron escándalos de corrupción y han quedado en la impunidad, como Rodrigo Medina, ex mandatario de Nuevo León, Humberto Moreira en Coahuila, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ambos en Tamaulipas.
No se puede esperar que el gobierno al servicio de las trasnacionales y los organismos internacionales termine con la corrupción que es intrínseca a los negocios capitalistas.
Los altos funcionarios de gobierno cobran salarios millonarios (más incontables prestaciones) a cambio de administrar, legislar y juzgar a favor de los empresarios. Y a su vez, sus favores son retribuidos con “obsequios” por parte de los grandes magnates. Esto se evidenció en el escándalo de la línea 12 del metro, el de la empresa española OHL, las obras del Tren México-Toluca, entre muchos otros casos.
Para de verdad erradicar la corrupción, el primer paso es que todos los funcionarios cobren como una maestra. Una de las propuestas impulsadas por Sergio Moissen y Sulem Estrada, maestros precarios, excandidatos por la Plataforma Anticapitalista a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
