Poder Judicial. Intrigas en palacio: La corte suprema y su rol de arbitro en la crisis de las isapres

Esta semana hemos constatado, para sorpresa de algunos, que el poder judicial no es ajeno a la crisis política que atraviesa el conjunto de la institucionalidad chilena. La crisis comenzó cuando la jueza Angela Vivanco, quien ejercía de vocera de la corte suprema, comentó por la prensa que el fallo condenatorio a las isapres por cobros abusivos en sus planes de salud tendría un efecto acotado a quienes efectivamente ejercieron acciones judiciales.

Dicha interpretación de la vocera reduciría sustancialmente los monto adeudados por las isapres, dado que originalmente el fallo de la tercera sala constitucional del máximo tribunal había sido interpretado como un mandato a reintegrar los montos totales obtenidos por cobros abusivos a todos los usuarios. Esto independientemente de si demandaron o no a las aseguradoras de salud.

"Esclavos de la ley"

Esta interpretación “acotada” del fallo, venía siendo exigida hace semanas por la prensa burguesa, ligada al poder empresarial, y por sus adlateres jurídicos quienes no cesaban de acusar rabiosamente la ilegalidad en la cual estaría incurriendo la corte suprema. A juicio de estos exegetas, la institucionalidad jurídica chilena prohíbe expresamente a los jueces emitir fallos erga omnes, es decir válidos para todos los casos similares. Un juez, conforme a la legislación chilena, sólo puede fallar en el caso concreto puesto a su conocimientos, esto se conoce como el “efecto relativo de las sentencias”. Por tanto la tercera sala de la corte suprema , al emitir un fallo que se refiere a todos los casos en que las isapres cometieron abusos estaría faltando a dicho principio.

El principio detrás de esta legislación obedece que el juez debe ser esclavo de la ley, dado que no le corresponde al poder judicial crear leyes, sino que aplicarlas. Y cuando una sentencia judicial se extralimita estaría en los hechos creando una ley. Y la facultad de crear leyes está radicada en el poder legislativo, que es electo por el voto popular, y los jueces no son electos por nadie.

El razonamiento tras este argumento, por más recursividad “democrática” que se le intente añadir, es que los empresarios solo infringen la ley si los trabajadores reclaman y si tal reclamo, individualmente considerado, es considerado por un juez como una infracción. Si el abuso es constatado a todos ellos, a pesar de ser un hecho público y notorio , la justicia debería cerrar sus ojos. Total, la justicia es ciega.

Las isapres a la ofensiva

El gobierno, enfrascado en un juego de equilibristas entre tratar de cumplir el fallo y dejar contento a los empresarios, recibió con “sorpresa” los dichos de la vocera del máximo tribunal. Las declaraciones enturbiaron aún más las aguas en el congreso donde se avizora que los proyectos de ley corta del ejecutivo no verán la luz, a la par que el senado ha decidido actuar de abogados de las isapres promoviendo, de la mano de Ximena Rincon, Matias Walker y el senador Chahuan un proyecto de ley que exonera a las isapres de cumplir el dictamen judicial.

Sin embargo, los dichos de Vivanco no debieron ser sorpresa para nadie. Durante los años noventa fue dirigenta del partido derechista Unión de Centro Centro. Este partido era comandado por el empresario Francisco Javier Errazuriz, quien fue condenado en 2014 por trata de personas y esclavitud de 150 ciudadanos Paraguayos que trabajan en sus haciendas. Tras la disolución de dicho partido, Angela fue candidata a diputada por Renovación Nacional. El punto culmine de su carrera fue su ferviente y fánatica lucha judicial contra la ley de aborto en tres causales con sus alegatos antimujeres en el Tribunal Constitucional. Para premiarla por tan meritorio prontuario Sebastian Piñera la promovió a ser ministra de la corte suprema, cargo vitalicio del cual no saldrá hasta cumplir los 75 años.

Más allá de que sus dichos generaron incomodidad en los otros integrantes de la corte suprema y de que la ministra Vivanco fuese cesada de su rol de vocera, la jugada ya estaba hecha. Las isapres aprovecharon la confusión jurídica para presentar un sin números de recursos de aclaración a la corte con vistas a buscar una nueva interpretación del mismo que favorezca aún más a sus intereses. Pero quizás la amenaza más grave que han deslizado los miembros de las isapres ha sido la que han activado los verdaderos dueños de las aseguradoras, sus controladores imperialistas.

British United Provident Association (Bupa), el holding británico controlador de Cruz Blanca en Chile, y UnitedHealth Group (UHG), su competencia estadounidense, decidieron activar un mecanismo de resolución de controversias ante el fallo de la Corte Suprema. Es decir, han decidido someter la “soberanía nacional” del país al lugar que les corresponde, la de lacayos de sus intereses, algo que está garantizado por las cláusulas de los tratados de libre comercio firmados durante las décadas concertacionistas, los cuales otorgan un sin número de instrumentos para garantizar que las inversiones imperialistas en el país estén a resguardo de funcionarios inescrupulosos que pudiesen afectarlas.

Nuevamente la hipocresía salta a la vista, dado que las gárgaras realizadas por la derecha y la ex concertación de “respetar la independencia del poder judicial, se desvanece cuando los afectados son los empresarios o las potencias extranjeras.

El Poder Judicial, la espada del estado burgués.

Tras todo este debate salta a la luz la necesidad de aclarar cuál es la esencia del poder judicial, en tanto poder del Estado. Dicha institución se conforma por jueces designados por el senado, en los casos del máximo tribunal y por ellos mismos en el caso de los tribunales inferiores. Es el más reaccionario de todos los poderes del estado, dado que se sustraen sus decisiones de cualquier deliberación democrática y popular. Erguido como un totem sagrado, se presenta como un templo a la racionalidad, la imparcialidad y la justicia que no puede ser tocado por las masas, cuyas aspiraciones terrenales no harian sino contaminar a estos guardianes de la verdad, encarnados en los magistrados.

Con este fundamento , cuya reminiscencia encontramos el ideal platónico de construir una República basada en la tiranía de los filósofos ilustrados sobre el pueblo ignorante, el poder judicial se arroga para sí el derecho de resolver día a día los conflictos más variados que surgen en las sociedades sin que sus juicios puedan ser cuestionados. Ejercen un poder que pese a ser financiado por todos, los jueces no son electos por nadie. Este modelo es funcional a.la burguesía dado que se garantizan la existencia de un pilar del estado por fuera de todo juego democrático y que pueden usar contra las masas en caso de ser necesario. No por nada el poder judicial prácticamente no fue tocado por la dictadura militar.

Ahora bien, esta arquitectura medieval y autoritaria no es del todo impermeable al contexto histórico, por el contrario. Precisamente cuando los sistemas políticos se encuentran en crisis y deslegitimados , los jueces a veces se ven compelidos a actuar de árbitros para garantizar la estabilidad del sistema de conjunto. Dicho rol se ve encarnado en los debates que se suscitan entre los magistrados y las correlaciones de fuerza que se conforman en los distintos tribunales donde jueces progresistas y conservadores hacen las veces de poder legislativo para otorgar respuesta a las urgencias sociales que el sistema político no es capaz de procesar , y que son necesarias para la estabilidad del régimen.

En este juego es que muchas veces , confiados en su propio rol mesianico, algunos jueces se extralimitan de sus funciones afectando los intereses de la burguesía. Por lo mismo es que se contemplan un sin número de instituciones para garantizar la disciplina de los magistrados al poder burgués.

Para otro momento quedará un análisis pormenorizado del sesgo de clase con el cual los magistrados emiten sus sentencias , muchas veces asignando las penas del infierno cuando los acusados pertenecen a los sectores populares y otorgando una serie de beneficios cuando los condenados pertenecen al poder político y empresarial.

Lo que está claro es que quienes luchamos no solo contra el negocio de las isapres, sino contra toda la herencia de la dictadura y el sistema neoliberal, no podemos caer en los cantos de sirena que nos llama a confiar en la sabiduría de los magistrados y en su independencia, cuales angeles custodios de la virtud y la verdad. Los jueces, como todos los operadores del estado, obedecen a los intereses de clase que los designan. Por tanto, es impensable que se acabe con este sistema si es que no acabamos con este sistema de privilegios , con funcionarios que deciden sobre nuestras vidas que no son designados por nadie y con el temor a que las masas populares aprendan a ejercer la justicia por sí mismas.

Para acabar con este sistema de castas, es necesario que se transparente la función judicial, cambiando el actual sistema de designación monárquico de los jueces, por la elección popular de todos los magistrados y que sus juicios sean acompañados por jurados populares que permitan el involucramiento activo de la población en las sentencias judiciales, que por más que se amplíe o restrinja su “tenor literal” afectan la vida de todos y en especial de la clase trabajadora.