[Vídeo]. Inundación de La Plata: diez años de un crimen social que continúa en la impunidad

Desde hace diez años, con cada lluvia que cae en La Plata, los corazones de sus habitantes se aceleran. Es que entre el 2 y el 3 de abril de 2013 la capital de la provincia de Buenos Aires sufrió una de las peores inundaciones de su historia. En pocas horas cayeron 400 milímetros de agua. Todo colapsó. Casas arrasadas, al menos 89 personas muertas.

Los árboles y los techos se convirtieron en las guaridas de miles de familias que, como podían, iban rescatando lo poco que les iba quedando a salvo. Otros quedaron varados en los caminos y avenidas. El agua no dio tregua. Desde la intendencia a cargo de Pablo Bruera y la gobernación en manos de Daniel Scioli, no hubo ninguna información oficial ni orientación para que la gente pudiera actuar con seguridad. Muchas de las personas que murieron no supieron qué hacer ni para dónde ir.

El peronismo Del Frente para la Victoria llevaba años gobernando en el país, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad cuando se desató la inundación. Y ya cargaba con un crimen social en sus espaldas, del cual se quiso desligar. Un año antes, la formación de un tren de la Línea Sarmiento chocó en la Estación de Once de la Ciudad de Buenos Aires, con un saldo de 52 personas fallecidas y 789 heridas. Aunque el juicio desenmascaró la mentira, el Gobierno intentó por todos los medios culpar de la tragedia al maquinista del tren. Lo mismo harían con la catástrofe en La Plata: esta vez la culpa sería de la naturaleza.

El juicio

Desde la gobernación de Daniel Scioli (actual embajador en Brasil) y su entonces ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, se fraguó el número de fallecidos con un entramado policial y judicial para falsificar documentos y ocultar cuerpos.

Gracias a la lucha de familiares de víctimas y las asambleas de inundados que se conformaron en todos los barrios y las organizaciones que denunciaban el crimen social, se llevó a cabo un juicio en marzo de 2019. Los únicos acusados fueron Sergio Ariel Lezana, director de Defensa Civil Municipal y el responsable a nivel provincial Miguel Ángel Lorenzo. La sentencia judicial fue un canto a la impunidad: Lorenzo falleció un mes antes y sólo Lezana fue condenado por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", recibiendo una irrisoria multa de $12.500 y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Nunca fueron llamados a declarar otros funcionarios municipales ni provinciales. No pasaron por el banquillo Scioli, ni el intendente Pablo Bruera ni ninguno de los ministros. Tal es la impunidad que los rodeó que gran parte de ellos hoy siguen siendo funcionarios del Frente de Todos.

Era evitable y lo sabían

Expertos de la Universidad Nacional de La Plata ya venían alertando sobre el déficit estructural que genera inundaciones recurrentes en la provincia de Buenos Aires. En 1992 ya se decía que el sistema de desagües de la ciudad era insuficiente. El Instituto de Geomorfología y Suelos de la UNLP en 2006 ya hablaba del crecimiento urbano como otro factor de riesgo. El área de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP elaboró informes sobre las inundaciones de 2002, 2005 y 2008 y alertaron sobre una posible nueva inundación. Había sido declarado el estado de emergencia hídrica de diversos partidos de la Provincia, entre ellos, La Plata, Berisso y Ensenada.

Pese a todas las advertencias de expertos, desde la Intendencia y la Gobernación no sólo no previnieron la catástrofe sino que garantizaron conscientemente el agravamiento de esa situación, al promover la construcción de edificios y torres en un casco urbano con serios problemas. Un ejemplo más que gráfico de ello es el Código de Ordenamiento Urbano de La Plata, para cuya aprobación jugó un papel central el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, intendente de la ciudad entre 1991 y 2007 y ministro de Justicia y Derechos Humanos de Cristina Kirchner al momento de la inundación. Un código que sostuvo Pablo Bruera, a cargo de la intendencia durante la inundación, y que modificó el actual intendente (del espacio Cambiemos) Julio Garro, en beneficio del mantenimiento del negocio inmobiliario.

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No hay un solo informe científico-técnico que al día de hoy demuestre que, de producirse una nueva tormenta como aquella de 2013, la ciudad no sufrirá las mismas consecuencias. En una década los diferentes gobiernos (Fernández de Kirchner, Macri y Fernández a nivel nacional; Scioli, Vidal y Kicillof a nivel provincial; Bruera y Garro a nivel municipal) realizaron algunas obras, pero el Estado de conjunto careció de medidas reales y efectivas para asegurarle a la población una verdadera prevención ante una nueva posible inundación.

La solidaridad desde abajo

Mientras las denuncias por la falta de asistencia por parte del Estado subían a la par del agua (la poca que llegaba era manejada por punteros peronistas), fueron los propios vecinos quienes rápidamente se organizaron en los barrios a través de asambleas vecinales.

Asimismo se puso en pie un movimiento solidario de trabajadores de distintas partes de la provincia, estudiantes universitarios y organizaciones de izquierda para asistir a los sectores más afectados. Esta misma organización fue la que, desde un primer momento, señaló y denunció a los responsables políticos y levantó las banderas de justicia por los muertos de la inundación.

Década de impunidad y de lucha

Han pasado diez años de una de las mayores tragedias que sufrió la ciudad. Diez años de un crimen social donde muchos de los responsables políticos siguen impunes y gobernando. Diez años en que se sigue denunciando que La Plata, que es la ciudad de la especulación inmobiliaria, sigue siendo una ciudad inundable.

Mientras los negociados inmobiliarios, la corrupción y los intereses políticos quisieron imponer un discurso que tapa las responsabilidades detrás del fenómeno meteorológico que descargó tanta agua sobre La Plata, la población trabajadora no olvida lo vivido en aquellas horas trágicas y sabe distinguir esas culpas.

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No hubo “desidia” estatal, sino una política deliberada para privilegiar a las corporaciones constructoras e inmobiliarias en detrimento de la calidad de vida de la población platense. Y las consecuencias quedaron a la vista.

Las asambleas de inundadas e inundados, que desde el principio denunciaron las maniobras oficiales, y la gran organización de la ayuda desde abajo para las y los damnificados fueron y son grandes ejemplos de la fuerza colectiva de quienes no tienen más interés que el de vivir dignamente.

Esa organización, democrática e independiente de los funcionarios, es la que podría imponer seriamente un plan de obras públicas (diseñado y gestionado por trabajadores y vecinos) que erradique cualquier amenaza de inundación, al tiempo que controle cada movimiento de los gobiernos que, con sus leyes, normas y programas buscan complacer a las grandes empresas que lucran con la vida (y con la muerte) de la población.

Como cada 2 de abril este año nuevamente el reclamo de justicia por las víctimas de la inundación recorrerá las calles de La Plata. Desde las 15 hs organizaciones junto a familias que sufrieron la inundación preparan una importante movilización que terminará en Casa de Gobierno para denunciar a los responsables políticos y exigir que se termine con la impunidad.