Ya suman más de 5500 las personas desplazadas como consecuencia de las inundaciones en distintas regiones del país. Una catástrofe social que pudo evitarse.
Domingo 11 de junio de 2017
Como sucede periódicamente otra vez el drama de las inundaciones sacude a buena parte del país. Salto, en primer lugar, pero también Paysandú, Artigas y Río Negro son los departamentos más afectados.
Como también siempre sucede los más afectados son los sectores de menores recursos, aquellos que por sus ingresos no pueden acceder a viviendas dignas en zonas seguras y se terminan afincando en zonas inundables o en condiciones precarias.
Sin embargo el fenómeno de las inundaciones dista mucho de ser una “catástrofe natural” como se lo tiende a presentar muchas veces.
Más allá de cuestiones climáticas, las inundaciones son también consecuencia de un uso irresponsable del planeta. No se trata de situaciones individuales, sino de un fenómeno social que producto de un sistema económico basado en el lucro y la ganancia no tiene reparos en dañar el ecosistema.
Tal como sucediera con el tornado en Dolores, donde quedo en evidencia la falta de inversiones y equipamiento que amortiguara el impacto del fenómeno climático, las inundaciones muestran también la falta de previsión gubernamental para minimizar el daño. Improvisación, falta de obras estructurales, soluciones precarias y absolutamente insuficientes son las respuestas de gobiernos departamentales y nacionales para hechos que se sabe se repiten periódicamente. Como sucede en otras situaciones es la solidaridad del pueblo la que intenta acercar todo tipo de ayuda para colaborar con los desplazados y evacuados.
Un modelo económico que atenta contra el medio ambiente
El problema de las inundaciones no es un hecho aislado. Ya se ha denunciado los peligros del consumo del agua potable como consecuencia de los distintos químicos que se usan en el agro, o también podemos ver como ríos y playas (con la cada vez más frecuente presencia de “algas tóxicas”) aparecen cada vez más contaminados como producto de un uso irracional de tierras y cursos de agua. También el negocio de la forestación con su impacto en la tierra y su capacidad de absorción de agua ha sido denunciado como causante de fenómenos como los de las inundaciones en distintas regiones del país.
Resulta paradójico que mientras el presidente Vázquez se pasea por el mundo planteando medidas ridículas como la prohibición de fumar a 200 metros de centros de salud y educativos, permita y hasta promueva distintas inversiones que producen un enorme daño en la salud humana y en las condiciones de vida. Mientras se intenta presentar como un defensor de la salud pública toma todas las medidas posibles para incentivar la instalación de las plantas de celulosas, las mismas que en el primer mundo están prohibidas o severamente cuestionadas.
A la improvisación y falta de dinero para resolver de manera estructural el problema de las zonas inundables se opone la celeridad y disposición para construir vías férreas para sacar del país la pasta de celulosa o cambiar hasta legislaciones laborales para que el negocio resulte atractivo para las multinacionales.
La incidencia del cáncer en la población uruguaya también es altamente llamativa y algunos estudios han planteado su relación el uso indiscriminado de sustancias riesgosas para la salud cuyo uso en el primer mundo está prohibido.
La situación no es privativa del Uruguay, los países de la región sufren también distintas “catástrofes naturales” que son en realidad consecuencias del afán de lucro capitalista: urbanizaciones lujosas que repercuten negativamente en el ambiente, agrotóxicos, el fracking, el uso irracional del suelo, la explotación de mares y ríos en búsqueda de sus riquezas, entre otras son situaciones con un impacto muy negativo en la calidad de vida de la población.
