Una inundación es un fenómeno natural, pero ¿se puede decir que las inundaciones que afectan a miles de habitantes son “desastres naturales” cuando el agravamiento de sus efectos y la falta de obras para mitigarlos, son responsabilidad de los gobiernos y empresarios? En la última gran inundación en la provincia de Buenos Aires, durante 2013, hubo más de un centenar de muertos, aunque no se sabe la cifra exacta ya que fue ocultada.
Martes 4 de noviembre de 2014
Además del cambio climático global causado por diversos motivos, entre ellos por tecnologías obsoletas que siguen vigentes porque no les resulta rentable a los empresarios reemplazarlas, las inundaciones ponen de manifiesto la estrecha relación que existe entre los fenómenos naturales y las condiciones en que vive la gente más afectada. Las crecidas se vienen agravando, en parte, por la urbanización indebida de las áreas naturalmente inundables aledañas a ríos y arroyos. Estos comprenden lo que se llama el “lecho menor”, aquel ocupado de manera permanente por las aguas y el “lecho mayor” el que abarca los desbordes que suceden cíclicamente.
Barrios cerrados y segregación urbana
La llegada de los countries y barrios cerrados convirtieron aquellas zonas bajas en altos terraplenes mediante el relleno de terrenos, salvando a sus propietarios de las crecidas pero dejando sin cauce mayor al sistema fluvial, provocando que esos millones de metros cúbicos de agua deban desembocar en los barrios aledaños. Las localidades más afectadas son las zonas calificadas como de "máxima inundación registrada", donde los trabajadores de menores recursos se asientan, y tienen un déficit crónico de infraestructura y servicios. Eso salta a la vista cuando vemos las imágenes que llegan desde Quilmes, La Matanza, Tigre, Luján, Ingeniero Budge y otras zonas: quienes se encuentran sumergidos hoy en el agua, ya se encontraban sumergidos previamente en condiciones habitacionales paupérrimas. Según los datos oficiales del censo del 2010, una de cada diez familias en Argentina habita en viviendas deficitarias; esta cifra se incrementa en el caso de la Provincia de Buenos Aires, donde se concentra un gran porcentaje de la población del país; allí serían alrededor de 400.000 familias las que residen en asentamientos o villas. En el 8,1% de los hogares del país se vive una situación de hacinamiento, es decir que convive bajo el mismo techo un número de personas mayor a lo recomendable para la cantidad de metros cuadrados disponibles. El drama de las inundaciones saca a la luz el del déficit habitacional, uno que siempre intenta ocultarse bajo los grandes anuncios y proyectos faraónicos. En la provincia de Buenos Aires puede verse con toda crudeza el contraste entre la situación de los sectores más empobrecidos y la de los más acomodados, ya que conviven, muro de por medio, a escasos metros.
Esta segregación y desigualdad urbana es natural… del mercado inmobiliario, amparado por las leyes vigentes. Un ejemplo de esto se ve en Río Lujan, en el partido de Pilar. La crecida de este río afectó severamente varias localidades, ya que nace en Suipacha y atraviesa 7 partidos bonaerenses. Los vecinos de zonas aledañas al río realizaron estudios ambientales y denunciaron que las 60 urbanizaciones de ese tipo que se construyeron en los últimos años vienen afectando la zona, ya que el agua perdió sus lugares naturales de filtrado. Allí se cambió la legislación municipal a favor de los empresarios inmobiliarios, derogando protección de humedales ante el avance del negocio inmobiliario.
El record de privatización urbana lo tiene Tigre, bastión de Sergio Massa, donde el 40% de la superficie continental son hoy ciudades privadas para una élite, y antes servían de amortiguación de las crecidas. Esto no podría lograse sin el amparo de la ley provincial de ordenamiento territorial, promulgada en la dictadura y vigente durante casi toda la gobernación de Daniel Scioli. Sin embargo la nueva ley territorial no restringe las urbanizaciones cerradas, la especulación, ni la urbanización de las tierras bajas.
Crímenes sociales
Mientras los barrios cerrados se mantienen resguardados del drama que se vive en estos momentos a pocas cuadras de sus lujosas instalaciones, hasta el día de hoy tenemos que lamentar la muerte de dos jóvenes y son más de más 5.200 los evacuados en la provincia, que han sufrido además la pérdida de sus pertenencias. Mientras vuelve a haber alerta roja por la crecida del Río Luján y en el partido que lleva ese nombre hay 1.400 familias afectadas, los legisladores tanto del Frente de Renovador como del kirchnerismo se aprestan a votar un presupuesto provincial donde sólo el 1,52% será destinado a obra pública e infraestructura, toda una muestra de la importancia que se le da a este problema estructural. Esto nunca se trató de una “catástrofe natural”, sino que se trata de un crimen social, ya que podría haberse evitado con una previsión y planificación urbana que no sea funcional a los intereses de los grupos inmobiliarios y constructoras. Sus autores siguen impunes.
