El 8 de febrero en las ciudades de Arequipa, Moquegua y Tacna al sur del Perú, se desarrollaron intensas lluvias y deslizamientos de lodo y rocas que afectaron viviendas, sembradíos y fuentes de trabajo de miles de pobladores de esta zona. Esto no es sólo cambio climático, esto es responsabilidad y desidia estatal y empresarial.
Martes 12 de febrero de 2019 10:05
El 8 de febrero en las ciudades de Arequipa, Moquegua y Tacna, ubicadas en el sur del Perú, se desarrollaron intensas lluvias que provocaron el desborde de ríos, la activación de quebradas y grandes deslizamientos de lodo y rocas – también conocidos como huaycos – que afectaron terriblemente las viviendas, sembríos y fuentes de trabajo de miles de pobladores de esta zona. Este desastre natural que ha conmocionado al pueblo peruano, no es sólo consecuencia del cambio climático como señalan todos sino que es también responsabilidad de los empresarios y del Estado que no tienen medidas ni políticas públicas orientadas a prevenir y remediar estos hechos que suelen ser recurrentes en el Perú, como lo demuestra el impacto del fenómeno de la niña en la costa norte hace unos años atrás, y donde siempre termina siendo el más perjudicado el pueblo empobrecido.
Nuestro planeta, en los últimos años, ha sufrido innumerables desastres naturales debido al calentamiento global provocado por los gases de efecto invernadero que son generados por las industrias, las cuales son controladas por empresarios capitalistas quienes en su afán de enriquecerse a costa de la explotación de diversos recursos naturales y del trabajo de millones de trabajadores, no dudan en alterar el medio ambiente generando con ello grandes desequilibrios en la naturaleza que se terminan expresando en fenómenos como lluvias torrenciales, inundaciones, incremento del calor o descenso de la temperatura, etc. No es pues la naturaleza la que “nos castiga”, sino la "irracionalidad" capitalista que es la responsable de que esos desastres al final siempre terminan afectando a los trabajadores y al pueblo pobre.
El Perú no está exento de este tipo de problemas, por esa razón, en el sur, los últimos días se registraron intensas lluvias no correspondientes a la estación (verano), las cuales provocaron serios deslizamientos de piedra y lodo (huaycos) e inundaciones severas que afectaron las viviendas y las vías de acceso. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, los sitios más afectados son: el distrito de Samegua (Moquegua) con 120 viviendas dañadas; el distrito de Aplao (Arequipa) con 5 fallecidos, y el Centro Poblado Menor de Mirave (Tacna), donde hasta la fecha se reportaron más de 450 viviendas afectadas y habrían cuatro personas desaparecidas.
Los más de 4 mil damnificados que suman las regiones afectadas, no son una consecuencia inevitable del desastre natural, como nos lo pretenden hacer creer los políticos y los medios de comunicación.
Existen actores involucrados como las grandes empresas mineras Southern y Cerro Verde, que sistemáticamente contaminan el medio ambiente, y el Estado, quien a través de la pésima gestión de los gobiernos de turno – nacional, regional y local – “olvidan” las prioridades de las clases sociales más vulnerables a los cambios climáticos, como los campesinos y los trabajadores quienes, obligados por la pobreza y la extrema pobreza en que viven, se ven obligados a edificar sus viviendas en los causes de antiguas quebradas y ríos, las mismas que cuando se da este incremento de las precipitaciones pluviales terminan siendo arrasadas, como ocurrió en Mirave-Tacna.
Es pues responsabilidad del estado que hoy tengamos en el sur miles de damnificados por los huaycos y que muchas familias lloren la perdida de sus seres queridos, ya que no existe una política de planificación orientada a prever las consecuencias de los desastres naturales de esta magnitud, así como tampoco existen iniciativas de urbanización que aseguren viviendas seguras y dignas para el pueblo trabajador.
Los políticos al servicio de los patrones como el presidente Martín Vizcarra y sus periodistas asalariados, han salido a decir que estos desastres son inevitables y que no hay plata ni la posibilidad para implementar iniciativas de previsión, sin embargo vemos que si tienen más de dos millones de soles para derrochar en la remodelación de la cocina del palacio de gobierno, así como para mantener los privilegios de los congresistas que para lo único que sirven es para blindar a los corruptos. También vemos que si hay dinero para el aumento salarial de alcaldes provinciales y hasta se dan el lujo de disminuir impuestos a los capitalistas; pero para los damnificados hasta ahora no hay nada concreto y sostenible, mas allá de las muestras de solidaridad del pueblo, que ha salido a las calles a recabar víveres, ropa y otros pertrechos para los afectados.
Así pues, queda claro una vez más, que para el Estado la mayor prioridad es la de preservar los negocios y las ganancias de los grandes empresarios, que engordan las billeteras de los funcionarios públicos y los políticos de turno a cambio de que estos aprueben leyes y contratos a su favor.
Por esa razón y para evitar que ocurra lo que viene ocurriendo con la reconstrucción del norte (afectado hace unos años atrás por el fenómeno de la niña costera) o con la reconstrucción de Ica después del terremoto del 2007 donde la corrupción y la desidia del estado fue una constante, consideramos que es necesario que el pueblo trabajador de manera organizada tome control y fiscalice directamente el dinero que se destinara para remediar el daño a los pobladores afectados por estas inundaciones. Así mismo, exigimos al Estado que se encargue de reparar a los perjudicados cuanto antes y de manera ágil e integral ya que muchos no solo perdieron sus viviendas sino también sus fuentes de trabajo.
Por otro lado, se debe pelear para que a los empresarios, sobre todo a las grandes mineras como Southern y Cerro Verde, se les imponga un impuesto especial que permita costear la reconstrucción de las zonas afectadas, así como la reubicación integral de los pobladores en zonas seguras. Así mismo y para mitigar y evitar que estos sucesos se repitan, el Estado debería implementar en todo el país obras públicas de reconstrucción, de saneamiento y prevención de desastres. Y para que la corrupción, tan común en las obras públicas, no sea una constante debemos exigir que estas obras estén bajo control de los trabajadores y el pueblo organizado.
