En un nuevo escándalo relacionado con dineros públicos y municipios se ha hecho noticia en este último tiempo. Varios meses de investigaciones han transcurrido en torno a la Municipalidad de Las Condes, dirigida por la alcaldesa UDI, Daniela Peñaloza.
Sábado 4 de noviembre de 2023
Esta investigación nació a raíz de denuncias por irregularidades en el proceso de adquisición de 10 inmuebles para la construcción de un nuevo Cesfam por parte del Municipio, donde estarían involucrados los delitos de “falsificación de instrumento público”, “fraude al fisco” y “estafa”.
El caso ha estado marcado por las contradicciones e inconsistencias de la alcaldía, donde incluso no fue posible comprobar la existencia de un proyecto propiamente tal.
Las sospechas comenzaron a saltar cuando se descubrió que la municipalidad estaba comprando el metro cuadrado de los inmuebles a precios inflados, pagando alrededor de 112 UF por metro cuadrado, en lugar de las 68 UF que habrían correspondido en algunos de los casos.
Ante estos evidentes pagos de sobreprecios, la alcaldesa de la UDI dijo estar sorprendida.
Lo cierto es que este nuevo escándalo revela dos cosas claras. La primera, centrada en las municipalidades, es que nuevamente estas están al centro del escándalo por casos de corrupción y malversación de fondos públicos, lo que se repite en gobiernos comunales dirigidos por militantes de prácticamente todos los partidos tradicionales neoliberales, donde hacen verdaderos negocios con las propias municipalidades, como se ha visto en investigaciones, condenas o juicios en comunas como las de Maipú, Cerro Navia, San Bernardo, Viña del Mar, Valparaíso y un largo etcétera.
Y en segundo lugar, muestra claramente cómo los casos de corrupción o de malversación de fondos u otros son transversales en general a todos los partidos políticos tradicionales, porque son la forma de operar de la política tradicional empresarial en los marcos del Estado capitalista.
Porque esos son sus mecanismos: el uso de favores políticos, privilegios, prebendas, sobre sueldos o sueldos millonarios, que hace que operen como una verdadera casta política ajena a las necesidades populares.
Y la derecha es especialista en este tipo de escándalos. Por eso es que en el caso Fundaciones fuimos categóricos en señalar desde nuestro medio que no respondía a “manzanas podridas” ni a hechos relacionados con la “falta ética”, sino que era debido a que el Frente Amplio se dedicó a administrar el Estado capitalista y la política como un partido tradicional más, y denunciamos a su vez no sólo su papel en esos escándalos inaceptables.
Este nuevo caso en Las Condes reafirma entonces que estos son los mecanismos de la política empresarial tradicional, que nada tiene que ver con las necesidades populares. Por eso las y los trabajadores requieren de su organización política propia, independiente a los partidos empresariales y que no pretenda administrar este Estado capitalista de privilegios, sino tirarlo abajo.
