El Decano de la Facultad tiene un doble discurso: por un lado, dice ser “defensor de la educación pública”, y por otro, viene impulsando sumarios e investigaciones contra estudiantes que se movilizaron en la reciente toma, en apoyo a sus compañeros expulsados.
Martes 21 de junio de 2016
En mayo de 2015, asumió como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, abogado y socio de Harasic & López Ltda., integrante de la defensa de los controladores del holding, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, acusados de cohecho y delitos tributarios, en el ya conocido “Caso Penta”.
En 1995, Harasic se hizo cargo del caso “Pinocheques” como abogado del CDE, sin embargo, tuvo que dejarlo a pedido del ex presidente Frei Ruiz- Tagle. También representó a Ricardo Claro, quien demandó al medio La Nación por “injurias graves con publicidad”, debido a la investigación publicada “Los top ten. La cara civil de la tortura”, que demostraba el papel que jugó Claro en la Dictadura.
Durante su primer discurso, hace ya un año, Harasic hizo un llamado a “trabajar por el respeto a la pluralidad”, asegurando que lucharía por “recomponer una sana convivencia académica”; palabras que se contradicen con sus actos, pues es ampliamente conocido como autoritario y represor por los estudiantes que se movilizan y organizan en pos de la educación pública y gratuita. Los hechos hablan por sí solos.
Sumarios e investigaciones penales contra estudiantes que se organizan
Los estudiantes de la Facultad de Derecho emprendieron una toma y movilización histórica, que duró 23 días. ¿El propósito? Defender a sus compañeros expulsados por no cumplir con los “estándares de excelencia”; muchos de estos jóvenes eran trabajadores, padres, estaban con tratamientos siquiátricos, incluso las autoridades habían eliminado a estudiantes ciegos.
La movilización que realizaron los estudiantes contó con el desarrollo de foros, marchas, charlas, obras de teatro, entre otras actividades que evidenciaron las problemáticas internas que se podrían resumir en dos palabras: autoritarismo universitario.
“Las eliminaciones arbitrarias hacen presumir o de mínimo sospechar que se trata de persecuciones políticas, debido a que los antecedentes de estos casos son idénticos a los entregados por los demás estudiantes ya reintegrados”, comentó, hace algunas semanas, Francisco Flores, estudiante, integrante de la Agrupación Combativa y Revolucionaria (ACR), y vocero de la pasada toma, quien en todo momento enfatizó en el autoritarismo por parte de Harasic y otras autoridades.
Además, también se sabe de profesores críticos a la gestión de Harasic que han sido despedidos, como es el caso de Francisco Javier Moraga (cátedra de Derecho Romano de Obligaciones), quien en su perfil de Facebook criticó una medida que impulsaría Decanato posterior a la toma estudiantil: “Es parte de una larga historia de participación cívico-estudiantil (refiriéndose a la toma). Por lo tanto no es lícito y constituye un grave incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato de servicios educacionales a la Facultad, justificar con una breve toma, el cierre o cancelación de cursos ya elegidos, impartiéndose y en estado avanzado (…) Junto con lo anterior ha llamado la atención que se hubiera hecho tanta difusión y adoptado tantas medidas a los casi insignificantes daños ocasionados con la Toma”, aseguró el académico.
Moraga denunció que las autoridades estaban sacando provecho de la movilización al cancelar los cursos impartidos, pues la Facultad se ahorraría $2 millones por cada curso (30 en total). Días después de los comentarios, Moraga, quien impartió clases durante 17 años, fue despedido debido a que no estaba considerado en la “regularización académica”. El académico le planteó al Decano que “no hay nada de malo en ser oposición al Decanato, y no cortesano, que eso es parte del juego, que él también lo ha sido y hay que aceptarlo (…) Ser Decano es un cargo muy digno, pero no es la antesala de prohombres ni héroes patrios”, denunció.
Ante este hecho, durante una Sesión Extraordinaria del Consejo de Departamento, varios académicos expresaron su rechazo por la medida: Burgos, Pablo Aguayo, y Dougnac, quien afirmó que es una “falta de respeto suprimirle el curso al profesor Moraga”, fueron algunos de los que expresaron su malestar ante la desvinculación.
Finalmente, la toma se depuso con el reintegro de algunos estudiantes, no así de, por ejemplo, Nicolás Rebolledo, quien fue expulsado pese a las apelaciones. Desde este momento, las acciones represivas por parte del Decano empezaron a aumentar.
Al sumario impulsado contra Flores (ex vocero de la toma y movilización), se agrega una denuncia por “destrozos y daños” en la toma, contra la estudiante Melisa Rodríguez, quien también participó activamente de la movilización y es reconocida como militante de la agrupación feminista Pan y Rosas, por participar en la Secretaría de Género de la Facultad y por ser Coordinadora de la Escuela Sindical de dicha institución. Rodríguez está siendo investigada por la PDI y por la Fiscalía de Ñuñoa, debido a la acción criminalizadora del Decano.
“No estoy en calidad de testigo, sino de imputada, por lo que hice uso a mi derecho a guardar silencio hasta que me cite la Fiscalía a prestar declaración, acompañada de un abogado. La policía que me atendió me dijo que hay fotos y videos en que yo salgo cocinando, pues yo era la coordinadora de la ‘Comisión Cocina’ durante la toma”, comenta la estudiante, demostrando las vagas “pruebas” con que cuenta Harasic en su acusación.
“Lo grave es que todo este montaje que busca imputarme la responsabilidad penal por los ‘daños’, puede ser utilizado para una investigación sumaria interna que también viene impulsando Decanato, en la que perfectamente podrían impulsar mi expulsión de la universidad, pese a que no tienen hechos que demuestren mi participación en algún daño (…) Yo estoy sumamente tranquila, pues no existen pruebas concretas de nada; la única verdad es que fuimos cientos de estudiantes los que decidimos movilizarnos en defensa de la educación de nuestros compañeros, por la educación pública y gratuita que tanto dice defender Harasic, pero que en los hechos sólo nos responde con autoritarismo y represión”, denuncia Rodríguez.
Sumado a lo anterior, estudiantes de la Facultad declaran lo siguiente: "Denunciamos la persecución política desatada por las autoridades y decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en contra de los y las estudiantes que sostuvimos la toma de dicho establecimiento. Esta tuvo una duración de 23 días cuyo objetivo fue la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras eliminadas de la carrera por no rendir conforme a los criterios de "excelencia" impuesta, consecuencia clara de un sistema educativo segregador y elitizado (…) En este contexto, avanzan las denuncias en Fiscalía interpuestas por decanato, dando paso a que la policía amedrente y persiga a quienes participaron de la toma, a fin de determinar responsabilidades individuales. Interrogatorios con métodos de chantaje y extorsión al interior de la facultad y múltiples citaciones a la Policía de Investigaciones (PDI) a prestar declaración son consecuencia de esta política”, aseguran.
El comunicado continúa denunciando que “Por otro lado, a nivel interno, se siguen instruyendo investigaciones sumarias que podrían terminar en la expulsión de las compañeras/os injustamente acusados. Además se continúan desvinculado profesores opositores al actual decanato”.
Los estudiantes de la Facultad de Derecho aseguran que no se quedarán callados ante las injusticias de Harasic y autoridades, y denunciarán cada hecho represivo y criminalizador contra estudiantes que se movilicen y organicen. “Vamos a denunciar toda injusticia, tan característica de esta autoritaria Facultad, y seguiremos junto a miles de estudiantes más, luchando por nuestras demandas históricas como movimiento estudiantil. Tenemos el apoyo de nuestros compañeros y somos muchos los que vemos el nivel de autoritarismo que existe, y eso no lo vamos a aceptar más”, aseguran.
