El gobernador mexiquense fue protegido por la entonces PGR al negarse a colaborar en la investigación de blanqueo de dinero que se le inició en Andorra a raiz de un depósito por 1.5 millones de euros.
Sábado 20 de julio de 2019
Alfredo Del Mazo, el hoy gobernador del Estado de México por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocultó en 2012 una cuenta 1.5 millones de euros en la Banca Privada de Andorra (BPA), institución a la que el gobierno de ese país ordenó congelar sus cuentas luego de detectarse, millonarias operaciones de blanqueo de capitales.
en el caso de Del Mazo, se descubrió que en su declaración patrimonial de enero 2017 no se incluyeron esos recursos en su declaración patrimonial. Por aquel entonces gozó de impunidad gracias al secreto bancario de un paraíso fiscal como Andorra ya que con los ingresos que tenía como alcalde de Huixquilucan era imposible que ganara esa cantidad.
Para cumplir con la exigencia de declarar la procedencia de los recursos depositados al momento de abrir la cuenta en la BPA, Del Mazo se acreditó como representante de la sociedad industrial holandesa Abeodan Coporation. En dicha declaración Del Mazo asentó su intención de llegara a acumulara hasta 4.5 millones de euros para lo cual aseguró que transferiría 2.5 millones que decía tener depositados en Suiza
Pero se encontró con un mecanismo que no le favoreció mucho, ya que el banco, intervenido por el gobierno, abandonó el secreto comercial y creó un comité de inspección de cuentas para evitar que se traslade dinero ilícito. Fue en 2015 que su transferencia fue detectada ya que dicho mecanismo sirve para prevenir el lavado de dinero y se encuentra dirigido especialmente para inspeccionar los recursos de políticos, fue en aquel año que la cuenta fue congelada al detectar anomalías.
Así, la justicia de Andorra comenzó una investigación contra el gobernador mexicano por blanqueo de dinero. Hasta ahora no han encontrado el origen ilícito del mismo, pero eso tiene una razón que se origina en nuestro país
La complicidad de las autoridades mexicanas
Las autoridades fiscales de Andorra solicitaron ayuda para poder saber si es legal o no el origen de esa riqueza. Aquí es donde las cosas se vuelven más turbias, ya que según se informó la entonces PGR se negó a darla. Pero no sólo eso, la dependencia federal emitió una nota de “no ejercicio de la acción penal” (NEAP) y remitió este documento a la Justicia andorrana a través de un fiscal especial mexicano, a pesar de que existían datos de que el político priista tenía el 10% de las acciones de la empresa contratista Pumasa SA de CV, sin que sus nombre figurara realmente en la nómina de accionistas.
De acuerdo con una fuente gubernamental consultada por El País, “Mediante el NEAP se da el asunto por juzgado, se ata de pies y manos a la Justicia de Andorra, que reclama ayuda. Hay una nula colaboración de las autoridades mexicanas en la indagación de la procedencia del dinero”. Así, los grandes personajes del régimen político mexicano tienen una herramienta muy útil (la PGR/FGR) para evitar ser perseguidos por las autoridades de diversos países.
Pero no es la única cuestión que ha aparecido en la movida del político mexiquense, ya que se le ha investigado también por su relación con empresas como Brookside Foundation (panameña), Eldover Holing CV, Consultancy BV, Temple Coporation CV y Edicom SA todas ellas ligadas a la cuenta investigada.
Sin embargo no hay que olvidar que él pertenece a una dinastía de gobernadores del Estado de México ya que tanto su padre como su abuelo ocuparon ese mismo cargo al igual que algunos otros familiares como el expresidente peña Nieto. De hecho ellos provienen del conocido Grupo Atlacomulco, fundado por el famoso cacique priísta Carlos Hank González.
Ello nos muestra que no es casualidad el apoyo que recibió del gobierno mexicano, siendo parte de una élite que ha gobernado el Estado de México desde tiempos de la pos revolución mexicana. Son parte de un partido que ha protagonizado los más grandes escándalos de corrupción, el cual hoy se encuentra en la lona, gracias al repudio de una buena parte de la población por sus prácticas corruptas a favor de los grandes empresarios nacionales y extranjeros.
La pregunta de muchos que han sido testigos de la fulgurante llegada de López Obrador al poder es ¿El gobierno de la Cuarta Transformación por fin hará justicia y los llevará a proceso, cumpliendo con sus promesas de campaña? La respuesta es dudosa, porque si bien el ahora presidente tuvo fricciones políticas con este sector de la clase dominante en el pasado, llamándolos “mafia del poder” hoy no es así.
Prueba de ellos es la declaración pública realizada recientemente con dedicatoria implícita para Enrique Peña Nieto, asegurando que "nosotros no tenemos ninguna denuncia, ninguna prueba, nada, acerca de los expresidentes".
Esto es la continuidad lógica de su política de no perseguir a los funcionarios del gobierno anterior (la excepción sería Emilio Lozoya pero, conociendo un poquito a AMLO, eso está por verse). Como suecedió en 2017 cuandi acusó a Del Mazo de ser beneficiario del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se estaba construyendo en Texcoco, Estado de México para beneficiar a la “mafia del poder”. Posteriormente López Obrador se disculpó declarando que “no queremos difamar a nadie” y desde entonces su administración no ha dicho nada de las fortunas de los gobernadores.
Aquí se ve que un régimen como el de AMLO no puede dar salida al tema de la corrupción por muy "combativo" que se presente, porque no es ésta en sí misma la causa, sino el efecto de cómo la burguesía en un país semi colonial y postrada ante el capital extranjero trata de enriquecerse a cada paso que da. Sólo un gobierno de los trabajadores podría terminar con el saqueo generalizado, ya que se requiere de la expropiación de las grandes fortunas y que todo funcionario cobre lo mismo que una maestra, para terminar con los privilegios que las minorías rapaces obtienen a costa de la explotación y miseria de la inmensa mayoría.
