En el presente año, las cifras oficiales muestran que las irregularidades que habían azotado a las instituciones de educación superior en los sexenios anteriores continúan, como muestra del uso discrecional que hacen las burocracias académicas de los recursos, quienes pueden decidir de forma antidemocrática sobre las comunidades.
Arturo Rendón Académico de la agrupación Nuestra Clase
Miércoles 6 de diciembre de 2023
Las universidades públicas del país se han convertido en la caja chica de integrantes de la casta política y las burocracias académicas que las usan como instrumentos para operar sus desfalcos y fraudes. En algunos casos es visible y en otros sólo se puede presumir. En el año 2023, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 77% de las instituciones de educación superior, es decir, casi ocho de cada diez, presentan irregularidades en el uso de los recursos públicos.
Lo que las cifras arrojan es que 27 de 35 universidades públicas estatales detectadas suman 1,700 millones de pesos y 92% de este monto aún tiene aclaraciones pendientes, en donde destacan universidades como la Autónoma de Coahuila, la de Nayarit y la de Nuevo León por el manejo opaco del dinero, que afecta a 1.7 millones de estudiantes del nivel superior, así como el rendimiento de 85 mil docentes y la calidad educativa de las instituciones, pues la mayoría de los casos son profesores de asignatura, externos, interinos etc., quienes se encuentran en la precarización laboral mientras que las autoridades arguyen que no hay dinero para basificarlos.
Por su parte, los trabajadores basificados han tenido que recurrir a movilizaciones para aumentar sus prestaciones, que constantemente se ven amenazadas por las autoridades universitarias, quienes con frecuencia violan los contratos colectivos de trabajo e intentan disminuir los recursos que son para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, alegando que no hay dinero, aunque esto es muy dudoso.
Ejemplos de ayer y hoy
Vamos a profundizar en los ejemplos. La Universidad Autónoma de Coahuila, que no acreditó el monto total del ISR retenido a los trabajadores de la universidad durante 2022, tampoco presentó la documentación para comprobar el gasto de 162 millones de pesos provenientes de los subsidios federales. Recordemos que Coahuila es un estado en donde el PRI ha gobernado desde 1929.
La Universidad Autónoma de Nayarit no presentó la documentación necesaria para acreditar pagos destinados a la atención médica del personal universitario, lo que generó un posible daño al erario por 1.4 millones de pesos. Estos son unos cuantos casos entre varios, pero cuando los trabajadores salen a reclamar sus derechos se les niegan.
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No podemos todavía comprobar que estas irregularidades representen desfalcos, pero sí podemos plantearlo como hipótesis si nos remitimos a la historia, por ejemplo, lo que fue conocido como la Estafa Maestra, que fue operada por la secretaria de desarrollo social del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles.
Este fraude consistió en la utilización de ocho universidades públicas para triangular la operación en la que funcionarios públicos saquearon el erario, utilizando 250 empresas fantasmas entre 2013 y 2018. Así, los desvíos ascendieron a más de ocho mil 350 millones de pesos en la Sedesol y Sedatu, incluyendo más de cinco mil millones de pesos desviados en esquemas que implicaban instituciones académicas.
Esta operación representó un enorme ataque a la educación pública, además de que los responsables no recibieron el castigo correspondiente, pues más allá de que Robles estuvo encarcelada unos pocos años (de 2019 a 2023), jamás se le expropiaron sus bienes -producto de la corrupción- a sus cómplices, quienes ni siquiera entraron a proceso judicial. De hecho, Robles fue liberada en marzo del presente año, sin cumplir con toda su condena y sin aclarar en dónde quedó el dinero que se robó.
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Urgente necesidad de la democratización
Este tipo de irregularidades son posibles gracias a la forma en que las universidades están organizadas, por el simple hecho de tener una casta de académicos privilegiados que deciden por encima de las comunidades, y aunque eso no debe confundirse con que todos los investigadores son burocracias, sí es necesario decir que algunos de ellos las conforman. Son quienes se benefician de la precarización laboral y manejan de forma discrecional los presupuestos, algo que hacen en confabulación con los partidos del régimen.
En ese sentido es urgente la democratización de las universidades mediante asambleas tripartitas, en donde exista representación de estudiantes, docentes y trabajadores de forma paritaria, sin intervención de los partidos del régimen, con representantes rotativos y revocables, para decidir colectivamente el uso del presupuesto, además de discutir, por ejemplo, la necesidad de acabar con la precarización y de la basificación de todos los trabajadores. Lo que tendría que llevarnos a la supresión de las juntas de gobierno, la figura de rector y de los patronatos, quienes utilizan a las instituciones de educación superior para hacer negocios.
Consideramos que las decisiones no tienen porque tomarlas unos cuantos, sino el conjunto de la comunidad organizada, para que la producción de conocimiento esté al servicio de las mayorías laboriosas y no de castas privilegiadas o empresarios.
