Vecinos autoconvocados se vienen organizando para impedir el cierre al acceso de la amarra sobre el río Luján, exigiendo al municipio de San Fernando del Frente de Todos, una amarra pública, libre y gratuita que funcione 24 horas los 365 días al año.
Domingo 30 de agosto de 2020 21:50
Los isleños y vecinos del municipio de San Fernando realizaron hace unos días, una marcha desde la Amarra en construcción, en protesta contra una reforma que se está llevando a cabo en la costa del Río Luján, sobre la calle 9 de Julio. Convocan para el día lunes a las 10.30 una asamblea para decidir los pasos a seguir, llaman a todos los vecinos del lugar y a las organizaciones que se solidaricen con este reclamo.
Es algo recurrente, en varios municipios cercanos al Delta y los Humedales, construcciones sin permiso, ni consentimiento de los habitantes, privatización y expulsiones violentas.
Juan Andreotti, intendente de San Fernando del Frente de Todos, que felicita a Axel Kicillof por el pago a los bonistas, habla de cumplir las obligaciones y en su distrito quiere avanzar en restringir un espacio público en detrimento de las necesidades populares.
La amarra es indispensable para los vecinos, es el único acceso público y gratuito al río que queda en el distrito de San Fernando. Se utiliza para dejar las embarcaciones de pesca, recolección del junco, transporte de personas, provisiones, etc.
Este acceso es el único público que conecta el río al continente, y es esencial para aquellos que no pueden costear el valor prohibitivo de las amarras privadas o las amarras semiprivatizadas de Tigre, cuya gratuidad finaliza pasadas las 16h de estadía. Esta situación excluye a la población de menores recursos económicos.
Temen por un posible cierre o restricción del último acceso libre y gratuito, por eso realizan el reclamo para exigir información al municipio de San Fernando, acerca de esta construcción y la participación vinculante en el diseño y reglamentación de la obra.
Los vecinos denuncian que las obras se iniciaron repentinamente, sin la participación, consentimiento y/o consulta previa de la comunidad isleña y de vecinos y vecinas de continente. No existe ninguna información acerca de la obra, no ha habido diálogo por parte del municipio, ni un cartel que explique la mismas. Sin embargo, la construcción impacta directamente en las vidas de los usuarios.
Los lugareños creen que existe el riesgo de que se trate de una privatización encubierta que restringiría o imposibilitaría el uso público de la costa, ya que este proceso de privatización se viene desarrollando lentamente en la costa. La Municipalidad de San Isidro cerró recientemente el sector de amarras públicas de la Calle 33 Orientales, bloqueando el acceso a las embarcaciones con rejas, secuestrando botes, etc. También, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Luján sufrieron la usurpación del acceso a la costa de San Fernando, desde los predios universitarios, a pocos metros del actual conflicto.
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Estos hechos, entre otros, nos muestran un procedimiento sistemático de privatización e intervención violenta de parte de los municipios de las costas de los ríos y arroyos. Sin embargo, los artículos 235, 237, 240 y 1974 del código civil protegen el libre acceso a las costas y establece que todas las aguas, riveras, playas y sus accesos, en toda su extensión, son Bienes Públicos. Debe respetarse un margen entre la línea del agua y cualquier construcción privada no inferior de 35 metros.
La preocupación de los vecinos es válida, no tienen la certeza de si cobrarán por el uso de la amarra, si tendrán un límite de tiempo. Si van a preservar la rampa natural que utilizan para la salida y entrada de las embarcaciones o si podrán seguir utilizándola para bajar o subir materiales y otras dudas importantes.
Por ello exigen una consulta previa que nos permita participar en el planeamiento, alcance y ejecución de las obras, así como en la elaboración de las normas de funcionamiento de la amarra una vez finalizadas las mismas. Reclaman que las autoridades municipales realicen y presenten un estudio de impacto ambiental de acuerdo con las leyes ambientales vigentes.
También debe presentarse una Ordenanza Municipal que garantice el respeto por la condición pública y el acceso libre y gratuito a la nueva amarra municipal.
No deben realizarse obras o alteraciones que tengan impacto directa o indirectamente sobre los recursos de los habitantes. Ya sea por parte de entidades tanto privadas como gubernamentales, son las mismas comunidades las que deben decidir democráticamente por medio de asambleas, todo lo que concierne a las tierras, el agua o los humedales que habitan y todos los recursos comunitarios a su alrededor de los que las mismas comunidades se provean.
No puede ser que unas pocas personas puedan decidir por sobre comunidades enteras para beneficio de unos pocos favorecidos por el gobierno de turno.
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