Durante el pico de la pandemia por COVID-19, Iztapalapa encabeza la lista de las alcaldías con mayor número de contagios.
Domingo 17 de mayo de 2020
El 14 de mayo en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, Clara Brugada reconoció que en la alcaldía Iztapalapa hay 2 mil 319 casos confirmados de covid-19. Dato que se suma a la información de que los cuatro hospitales destinados para atender la enfermedad en esa demarcación se encuentran saturados.
En el mapa interactivo que habilitó el gobierno de la Ciudad de México para observar la disponibilidad de camas en los hospitales COVID-19, vemos que, el Hospital de Especialidades “Doctor Belisario Domínguez”, el Hospital General de Zona 47, el Hospital “General José María Morelos” y el Hospital Regional General “Ignacio Zaragoza”, están marcados de color rojo, lo que significa que las camas disponibles son pocas o nulas.
La realidad por la que atraviesa la alcaldía más poblada de la ciudad se agrava con las condiciones socioeconómicas que se viven en la demarcación. No es un secreto que ahí se ubican algunas de las colonias con mayores índices de desigualdad. Tampoco lo es, el hecho de que gran parte de las familias que habitan en la alcaldía sobreviven al día ni que parte importante de los obreros que siguen laborando provienen de las colonias populares de Iztapalapa.
El problema histórico por la falta de agua, elemento esencial para sostener las medidas sanitarias y el confinamiento físico, remarca las condiciones de precariedad en que viven los vecinos de esa alcaldía.
Focos rojos y regreso a la normalidad
Mientras la situación al Oriente de la ciudad se agrava, el gobierno federal en voz del secretario de salud, Jorge Alcocer, presentó un programa de reincorporación a la "nueva normalidad". Mientras tanto, el Gobierno de la ciudad hizo lo propio.
El plan consiste en un semáforo que al estilo del "hoy no circula" irá relajando las medidas de confinamiento y la implementación de la "Estrategia Nacional de Sana Distancia". En sintonía con la hoja de ruta que desde un inicio trazó el gobierno, parte esencial del regreso a la normalidad prioriza la reapertura de amplios sectores industriales, particularmente de aquellos señalados como no esenciales, precisamente los que pararon o redujeron su producción tras la declaratoria de emergencia.
La reapertura de las zonas fabriles sin duda expondrá a miles de trabajadores y a sus familias a nuevos focos de contagio y las precarias condiciones con las que los sectores populares enfrentan la pandemia trazan el contorno de un repunte en el número de casos.
Al momento de cerrar esta nota los datos presentados por el gobierno señalan que la cifra de muertes se elevó a 5 mil 45, un incremento de 278 en comparación con los presentados la tarde del 15 de mayo.
Una alternativa distinta
En el tuit de Clara Brugada del que hacemos mención, la alcaldesa remata con la siguiente frase: "Frenar su propagación [del covid] es responsabilidad de todas y todos"
Una idea que se ha esparcido desde que inició la pandemia pero que esconde la responsabilidad del gobierno para garantizar que los trabajadores y sus familias afronten la pandemia y la cuarentena de manera digna.
Son pocas las voces que hablan de cómo, con el cobijo del Gobierno, se permitió a decenas de empresas seguir funcionando pese a que no eran sectores esenciales. Tal es el caso de las denuncias a los call center ligados a Grupo Salinas o de las tiendas Coppel y Electra.
Desde las páginas de La Izquierda Diario pensamos que antes de pensar en cualquier "regreso a la normalidad" debemos garantizar que las regiones que ahora mismo atraviesan los picos más altos del contagio, tal es el caso de Iztapalapa, tengan asegurado el derecho a recibir la atención médica adecuada y de manera oportuna. Además de todo lo necesario para mantener la cuarentena sin el riesgo de ser despedido o de no tener los medios indispensables para mantenerse.
El costo de la crisis no debe ni puede salir del bolsillo de las y los trabajadores, por el contrario, el gobierno debería cargar con estos costos a partir de impuestos progresivos a las enormes fortunas de empresarios como Salinas Pliego, Carlos Slim, Germán Larrea y de todo aquel empresario que durante la crisis arriesgara la salud de los trabajadores.
