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Red Internacional
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Opinión. Jaldo y el silencio de los colaboracionistas con el ajuste

El tucumano es el único gobernador que no respaldó a su par de Chubut, Ignacio Torres, en el cruce con Milei por fondos coparticipables. Con intenciones de renovar su credo a la motosierra, espera que su lealtad sea compensada.

Maximiliano Olivera @maxiolivera77

Domingo 25 de febrero de 2024 01:00

“Dale Jaldo, vos podés”, tuitea alguien en la noche del viernes. Para esas horas había escalado el enfrentamiento entre Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por la decisión nacional de recortar $3000 millones de la coparticipación federal por día (a raíz de una deuda del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial) y la amenaza del gobernador de no entregar petróleo a la nación. En este nuevo frente de crisis, Torres recibió el apoyo de todos los gobernadores, sin distinciones de signos políticos, salvo de uno: Osvaldo Jaldo.

Para cortar la semana, el gobernador tucumano viajó a Salta en búsqueda de razones para renovar su credo a la motosierra. Allí se encontró con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, junto a otros gobernadores del NOA y NEA. Las celebraciones por un nuevo aniversario de la Batalla de Salta fueron presentadas como el primer intento de recomponer el diálogo con los mandatarios provinciales tras la derrota de la Ley Ómnibus. Horas antes, desde Corrientes, el propio Milei minaba discursivamente esos puentes al afirmar que el Congreso “es un nido de ratas” y que “los políticos son una mierda que la gente desprecia”. Así y todo, Jaldo volvió confiado por el diálogo y las promesas difusas que elige creer.

Las pocas precisiones sobre el cónclave en Salta no eliminan un acuerdo tácito donde Jaldo es la punta de lanza de una de las partes. Una parte de este acuerdo la explicitó Luis Caputo en una entrevista esta semana. El ministro de Economía, con la soltura que le dan los escribas de LN+, planteó que el gobierno no descarta totalmente la Ley Ómnibus y que muchos gobernadores reevaluarían su negativa y esta vez apoyarían. Aquí sí podemos decir que Jaldo está un paso más allá, ya que nunca se bajó del colectivo del ajuste aún cuando lo chocaron. Otro tanto, se explica en la misión del Fondo Monetario Internacional y su orden de contar con respaldo político para un ajuste brutal que tensa a la sociedad. Un nuevo acuerdo con el FMI necesita ser aprobado por el Congreso, donde sobran opositores como los tucumanos que se mueren por colaborar a cambio de algún tipo de “acuerdo fiscal”.

En veremos

Los ataques presidenciales hacia los gobernadores no solo son discursivos sino que se han traducido en medidas como la eliminación del Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Transporte en el interior. En el caso tucumano, se tratan de $2.100 millones mensuales con los que Jaldo ya no cuenta y que también son parte de su cálculo político.

Tras su paso por Salta, Jaldo aseguró que seguirá pagando el incentivo docente, que representa un 10,5% del salario. “Los docentes tucumanos van a cobrar incentivo, lo que estamos viendo es el origen de los fondos”, aseguró. Con esta declaración, el gobernador llamó “al diálogo de todos” en la discusión por paritarias, que se inició en esta semana y de las que no hay mayores precisiones. La intención del gobierno no pasa porque el salario docente y del resto de los estatales se recupere sino controlar el malestar entre los trabajadores y lograr la foto del inicio de clases el 4 de marzo. Para esto cuenta con los favores de gremios como ATEP, que ante el paro llamado por CTERA para este lunes 26, por ejemplo, no llamaron a la movilización. Mientras la conducción de Hugo Brito apuesta a un paro dominguero, el salario docente tiene un atraso del 150% en comparación a enero de 2023 y, de hecho, el salario inicial no supera la línea de indigencia. Además de aplicar el plan licuadora de los sueldos, en la provincia también se están eliminado programas como el Formar, el programa de Educación Sexual Integral, y dejando sin trabajo a docentes reemplazantes y adscriptos.

Ante el corte de los $900 millones que se recibía para subsidios de transporte, la respuesta del oficialismo será un nuevo tarifazo. Los concejales de la intendenta Rossana Chahla y de la oposición se aprestan a votar una nueva suba del boleto urbano que lo ubique entre los $650 y los $690. El último tarifazo de diciembre había dejado al boleto en $230 y ahora este brutal aumento reafirma la estafa de la privatización de un servicio esencial a costa del bolsillo del pueblo trabajador. Por ejemplo, un trabajador de comercio que realiza cuatros viajes diarios debería destinar en transporte un estimativo de $66.000 mensuales de su magro sueldo. Para intentar minimizar los malestares, Chahla y Jaldo habla de una llegada de la tarjeta SUBE con subsidios segmentados o del boleto estudiantil, un derecho que solo alcanza a unos pocos y deja afuera a los estudiantes del interior, donde más se sienten los tarifazos. En síntesis, se mantiene el esquema: ganancias empresarias, ajustes sobre el bolsillo popular.

La crueldad de los recortes también comienza a cortar el hilo por lo más delgado, como se ve en los comedores populares. Organizaciones sociales vienen denunciando las dificultades que tienen para sostenerlos abiertamente, al combinarse un aumento de las familias que concurren junto a una falta de envíos de mercadería por parte de la nación y la provincia. En el área de Desarrollo Social, Jaldo puso como ministro a Federico Masso, como parte de los funcionarios de Libres del Sur que integran el gobierno. Ahora, como correa de transmisión del ajuste, defienden las decisiones del gobernador. “En defensa de Jaldo, Libres del Sur cruzó a Sánchez”, se leyó en un titular sobre declaraciones de funcionarios discutiendo con el diputado radical. “Está haciendo una gestión ordenada, con un enorme esfuerzo para dar respuestas a los problemas de los tucumanos”, argumentaron. Nadie les pide tanto.

En la postura de Jaldo también hay que ponderar la deuda que la provincia mantiene con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que detonó la crisis política con Chubut. Como una “pesada herencia” de la gestión de Juan Manzur, existe una deuda de $30.000 millones que con intereses y actualizaciones se duplicarán hacia finales de año. Sobre la mesa está la posibilidad de una renegociación pero la periodista Gabriela Baigorrí señala que este mes a Tucumán se le retuvo un monto de $5.000 millones y que hubo llamados de funcionarios del Ministerio del Interior para averiguar por la no-protesta de Jaldo y, dado el caso, agradecer el gesto. Un diálogo que comienza a tornarse oneroso.

El doble juego del peronismo

Jaldo y sus diputados del bloque “Independencia” ya cargan con el mote de “traidores”. Esta pleitesía ante Milei, motorizada por el lobby azucarero y citrícola, despuntó en que otro sector del peronismo local deba asumir un rol de contención de los sectores descontentos. En parte eso se personificó en el alto perfil del diputado Pablo Yedlin. El viernes por la tarde, el diputado compartió una mesa con la vicerrectora de la UNT, Mercedes Leal, con definiciones más que interesantes.

En sintonía al peronismo político, Yedlin planteó una reversión de “desensillar hasta que aclare” en la que el votante de Milei haga una experiencia con el gobierno y que, tras una decepción, vuelva a votar por una opción peronista. Esta idea de espera pasiva, que pretende erigirse como estrategia política, es dejar pasar todos los ataques o, en el mejor de los casos, depositar toda la esperanza en la acción parlamentaria. Una idea que con diferentes matices reproducen el peronismo sindical y universitario. A su vez, cuando alguien del público tomó la palabra en la sala Fasolo del Centro Cultural Virla para denunciar a “los tres traidores” que el peronismo tiene en Diputados, Yedlin hizo propio el calificativo pero a la vez los justificó. El parlamentario planteó una visión “racional” del respaldo de Jaldo a Milei con el fin de no alterar a las patronales del azúcar y el citrus. En nombre de un realismo, se da toda toda una vuelta para terminar avalando el colaboracionismo de Jaldo. Así vuelve una vieja marca que Yedlin quiere borrar: como se lo ha recordado, su hasta hace poco compañera de bancada, Gladys Medina, él fue parte de los votantes de la reforma previsional macrista y otras leyes del ajuste.

Una intervención independiente en la crisis política

La escala de la crisis política entre Milei y los gobernadores demanda una intervención política independiente desde los intereses del pueblo trabajador. Entre los fuegos de artificios los gobernadores como Torres de Chubut pueden aparecer como una oposición genuina a Milei, cuando en realidad todo se enmarca en una disputa entre sectores de las clases dominantes que tienen como punto en común descargar el ajuste sobre el pueblo trabajador, como lo hace Jaldo. Así también lo expresan los “opositores” que dicen que están en un 80 o 90% de acuerdo con la Ley Ómnibus o aquellos que lloran, literal, porque Milei “no se deja ayudar”.

Por eso, en esta crisis entre los de arriba es necesario que la clase trabajadora y el pueblo trabajador intervengan con una política independiente que retome el camino del paro nacional del 24 de enero. Con diferentes niveles, durante el enero caliente se han desarrollado asambleas, cacerolazos y autoconvocatorias que, sumadas a las fuerzas de los sindicatos combativos y los movimientos sociales, plantean un polo que es un punto de partida para enfrentar el ajuste. Exigiendo a su vez que las centrales sindicales rompan la tregua y llamen a un paro nacional con plan de lucha hasta derrotar el plan licuadora y la motosierra de Milei, los grandes empresarios y el FMI.