El presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes tuvo que renunciar en medio del escándalo político tras de su intento de liberar a dos detenidos. Las disputas internas entre funcionarios del gobierno del Estado y los de la capital, Guadalajara, hicieron aflorar el negro pasado de este servidor público.
Raúl Dosta @raul_dosta
Viernes 28 de octubre de 2016
Las pugnas internas entre funcionarios del Estado y del gobierno de la ciudad capital, puso al descubierto la ilegitimidad del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Luis Carlos Vega Pámanes, para ejercer su cargo.
Todo comenzó con la denuncia mediante un audio que se hizo a través de los medios de comunicación, del intento de Pámanes de convencer al comisario de seguridad de Guadalajara, Salvador Caro para que dejara en libertad a dos personas detenidas por posesión de armas. esto llevó a Pamanes y a la síndica Ana Bárbara Casillas por instrucción del gobernador de la capital tapatía, Enrique Alfaro (del partido Movimiento Ciudadano) a presentar una denuncia por abuso de autoridad.
Ante esta situación, el gobernador estatal, el priista Aristóteles Sandoval, tuvo que pedir una investigación inmediata, la cual fue retomada por el Fiscal General Fernando Almaguer, luego de que la PGR se declaró incompetente.
La noticia motivó que la organización Abogando por Jalisco emitiera una demanda de juicio político contra el encargado de la procuración de justicia jalisciense. Además de ésta, otras cuatro demandas similares se han acumulado.
Balconeado
La respuesta de Pámanes fue un desplegado en todos los medios de comunicación llamando a que se hiciera un peritaje justo sobre el audio dado a conocer, el cual sólo fue hecho público parcialmente y se puede utilizar incluso como testimonio de prueba, en caso de que se le abriera una causa judicial al presidente del STJE. Esto llevó a que otros medios buscaran en los viejos archivos y publicaran la noticia de su participación en el robo de un carro en uno de los estacionamientos de la Universidad de Guadalajara, mismo con el que atropelló a dos ancianas, matando a una de ellas y, además, se resistió al arresto a balazos.
Esto fue hace 32 años. En aquellos tiempos en que Luis Carlos Pámanes era porro estudiantil y hacía campaña por ganar la dirección de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, controlada por el PRI. Al darse a conocer su expediente penal en el que dice que fue condenado a cuatro años de cárcel, de los cuales cubrió sólo cuatro meses, y fue librado bajo caución por haber reparado el daño, no le quedó más remedio a Pámanes que presentar su renuncia a la presidencia del STJE, pues no se puede ejercerla con antecedentes penales. Sin embargo, puede seguir actuando como magistrado en el mismo Tribunal, en tanto la investigación abierta no le obligue a otra cosa.
Un modus operandi cotidiano
Este escándalo muestra cómo en cada instancia del aparato estatal nos podemos encontrar con funcionarios vinculados con el crimen organizado, o por lo menos sospechosos de serlo, que administran e imparten la justicia de los ricos. Se evidencia que el Estado de Derecho en realidad es una cueva de ladrones al servicio de los grandes capitalistas, mismos que requieren de funcionarios dóciles y corruptos.
Luis Carlos Vega Pámanes después de su derrotero dentro del porrismo estudiantil, fue instalado en la jefatura policial de Puerto Vallarta por “sugerencia” del entonces líder del PRI en Jalisco, Javier Galván Guerrero. Un par de años después, además de Galván, consiguió el apoyo de Javier Guízar, ex presidente del PRI, quien lo catapultó como magistrado del Supremo Tribunal y con ayuda del magistrado Leonel Sandoval, hijo del gobernador Aristóteles, logro la postulación a la presidencia del STJE. Obviamente esta cadena de tráfico de influencias también le permitiría colocar en la selección de jueces orales a su hermano Horacio, a su hijo Luis Carlos Vega González y a su secretaria particular, Martha Temores Sánchez.
En 2014, Vega Pámanes fue ratificado como presidente del STJE por el Congreso del estado. Los legisladores tenían la obligación de evaluar su desempeño y, entre otras cosas, sus antecedentes no penales y no lo hicieron. Este camino de asociación delictuosa organizada desde las instancias de gobierno es el que siguen la mayoría de los funcionarios públicos. Una maquinaria de corrupción permanentemente aceitada por la casta política que emana de los cuadros priistas y de la mayoría de los partidos con registro oficial que se van asimilando al sistema conforme van ganando diputaciones, senadurías y gubernaturas.
Día a día los trabajadores y el pueblo empobrecido nos vemos víctimas de los abusos de estos vividores del poder que disponen del erario público otorgándose enormes salarios y partidas presupuestales que terminan por enriquecerlos y enriquecer a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. De ahí la justeza de la bandera que enarbolaron los candidatos independientes, Sergio Moissen y Sulem Estrada ante las elecciones a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México de junio pasado: Que todo funcionario gane lo mismo que una maestra.
