Frente a la inestabilidad política que caracterizó el cierre de año para el régimen guatemalteco, se suma el procesamiento por crímenes de lesa humanidad a más de una decena de militares, a la luz de la toma de posesión de Jimmy Morales el pasado 14 de enero.
Miércoles 27 de enero de 2016
Las detenciones incluyen a uno de los principales personajes durante el gobierno de Romeo Lucas (1978-1982), el militar Benedicto Lucas, quien había estado al frente del Estado Mayor del ejército durante el gobierno de su hermano, y que de manera directa es señalado por las masacres cometidas durante el periodo de guerra civil entre los años 1960 y 1996. Entre ellas, el proceso conocido como la Masacre del Plan de Sánchez, en Baja Verapaz, el 18 de julio de 1982 donde las fuerzas armadas y patrulleros civiles torturaron y asesinaron a más de 250 indígenas achíes, en su mayoría mujeres y niños.
Sin embargo, la cereza del pastel es uno de los hombres clave para la llegada de Jimmy Morales a la presidencia; el coronel Edgar Ovalle, principal operador político durante la campaña del comediante, quien goza aún de la inmunidad que le otorga su cargo como diputado, se encuentra a la espera de un antejuicio. Esto, después de que Morales anunciará la destitución del general Alfredo Sosa Díaz como jefe del Estado Mayor de la Defensa y quien “facilitaría” a la Fiscalía, los archivos catalogados como “secreto militar” para el proceso de los 18 militares acusados de crímenes de lesa humanidad.
Con este proceso inicia el gobierno de Jimmy Morales, en donde la justicia mira de lejos a los dictadores y asesinos de aquellos años. Mientras el caso del dictador Efraín Ríos Montt es nuevamente cancelado, la crisis abierta dentro de sectores del ejército, se acerca más a un reacomodo político entre el sector militar y las distintas fuerzas políticas del régimen, producto de sus propias divisiones internas.
Los primeros tropiezos
Durante el discurso de toma de posesión, Jimmy Morales aseguró que la lucha contra la corrupción sería una de sus principales tareas, pero que exigiría la mayor participación de los sectores políticos y sociales del país.
A pocos días de asumir su cargo, este discurso ha perdido su efímero momento de credibilidad, ya que no solo enfrenta la crisis dentro de los sectores de la cúpula militar, sino que ya se reporta la primera baja dentro de su gabinete de gobierno.
Con la renuncia de la ministra de Comunicaciones, Sherry Ordoñez, acusada por evasión de impuestos y de incumplir la ley que prohíbe a contratistas del Estado desempeñar cargos públicos, puesto que se encontraba al frente de la empresa Ingeniería y Servicios Viales (Insevi), se da inicio al peregrinar de figuras políticas, como en su momento representó el ir y venir de políticos durante el declive del gobierno de Otto Pérez Molina tras ser acusado de fraude aduanero.
Un conjunto de problemáticas nacionales se suman ante la agenda del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) con Jimmy Morales a la cabeza.
Lo aguarda un país con un porcentaje alto de endeudamiento, acumulado desde 2012; un deficiente sistema de salud (que en el último periodo mantiene a más de 1,200 médicos en turno, sin sus salarios); además, un sistema de educación cuya demanda docente es insuficiente y donde el grueso de la población se encuentra bajo condiciones de extrema pobreza, ocupando el 60% de los 16 millones de guatemaltecos.
La movilización de varios sectores de la población no se ha hecho esperar dentro de este escenario político. Sin duda debe fortalecerse y buscar reagruparse, si el objetivo es dar continuidad a las demandas de todos los sectores en lucha, que vimos tomar las calles y protagonizar la crisis de la clase política, que aún sigue mostrando importantes contradicciones y divisiones internas. Por ello, es necesario unificar todas las luchas recuperando la organización independiente, mediante el paro o la huelga, como un instrumento político de la clase trabajadora y el pueblo pobre, para hacer doblegar al régimen de conjunto y sus instituciones.
