Forn, Sànchez y Cuixart han declarado este jueves ante el Supremo. Los abogados defensores admiten pocas expectativas en cuanto a su salida de prisión pese a recurrir a la “vía Forcadell”.

Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Jueves 11 de enero de 2018

Foto: EFE
Tras la decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión preventiva al vice president Oriol Junqueras, este jueves era el turno del conseller d’Interior Joaquim Forn y los dos “Jordis”, presidentes de ANC y Òmnium.
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart llevan desde el pasado 16 de octubre en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, investigados por delito de sedición. Joaquim Forn cumple también desde el 2 de noviembre prisión preventiva en Estremera acusado de rebelión, sedición y malversación de fondos, de la misma forma que Oriol Junqueras y los demás consellers que no se desplazaron a Bélgica junto al president Puigdemont.
Si bien el pasado 4 de diciembre, el magistrado del TS, Pablo Llarena, dejó en libertad bajo fianza de 100.000 euros a los demás consellers presos, el juez mantuvo la orden de prisión tanto para Junqueras y Forn, como para los “Jordis”, aduciendo riesgo de reiteración delictiva.
Llarena sostiene que Sànchez y Cuixart son los instigadores de las manifestaciones supuestamente “violentas” del 20 de septiembre ante la Conselleria d’Interior tras la detención de 14 altos cargos de la Generalitat vinculados con la celebración del 1-O. De Forn el magistrado considera que como conseller d’Interior es el último responsable de la supuesta inacción de los Mossos d’Esquadra tanto el 20 de septiembre como durante el 1-O.
Después de 87 y 70 días respectivamente, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, junto a Joaquim Forn, han vuelto a declarar ante el juez Llarena. Las defensas de los tres presos políticos, pese a admitir que encaraban la jornada con pocas expectativas de abandonar la prisión, han utilizado una misma estrategia en común, la “vía Forcadell”, la misma que utilizó la presidenta del Parlament para eludir el mismo destino penal que los consellers y “los jordis”. O la misma que utilizó Oriol Junqueras la semana pasada para que se le revisara de forma satisfactoria la prisión preventiva. Es decir, renegar de la vía unilateral para alcanzar la independencia de Catalunya.
Jordi Sànchez, lider de ANC, ha declarado en primer lugar por un espacio de tiempo de más de dos horas y media. Sànchez ha mantenido que para conseguir la independencia no cree en la vía unilateral y ha señalado ante el magistrado que si el Govern que se conforme próximamente retoma esta vía abandonará su escaño como número dos de Junts per Catalunya.
Por su parte, Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, ha hecho un alegato similar al de Sànchez, declarando que para la independencia de Catalunya el único referéndum posible es el que convoque el Gobierno español ya que, según él, con las vías usadas hasta el momento no se podrá obtener la autodeterminación. Manifestando también que sus objetivos son el acuerdo y el respeto a la legalidad constitucional. Además, de la misma forma que lo hicieran los miembros de la Mesa del Parlament ante Llarena, Cuixart ha explicado que la declaración de independencia del 27 de octubre fue simbólica.
Después ha sido el turno de Joaquim Forn. El conseller, en la misma línea que los otros dos presos políticos, ha manifestado que solo los cauces constitucionales sirven para conseguir cambios y que se debe apelar a posibles reformas de la Constitución. Además, de la misma forma que Jordi Sànchez, Forn ha confirmado que abandonará su escaño si JxCat sigue nuevamente por la senda de la vía unilateral para la conquista de la independencia de Catalunya.
Cabe destacar, que al iniciarse la jornada y antes de que los presos políticos empezaran sus declaraciones, numerosos CDR de Catalunya se han movilizado para exigir su libertad y mostrar su repulsa a la justicia española, protestando ante las puertas de la Ciutat de la Justicia en Barcelona.
Resulta incuestionable que el golpe institucional que supone el 155 impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, ejerce como chantaje, con métodos inquisitoriales, para que los dirigentes de ERC y el PDeCAT formalicen su negativa a luchar y defender el resultado del referéndum del 1-O. Mucho más, después del resultado de las elecciones del 21D en Catalunya. Unas elecciones impuestas por el partido con menor representación parlamentaria, el PP, y que, pese a toda la represión y recortes de libertades que acompañaron a la campaña electoral, volvieron a configurar una mayoría independentista.
El PP, con el apoyo del PSOE y Cs y el respaldo de la Corona, es decir el Régimen del 78, no van a ceder ni un instante en aniquilar por completo el movimiento independentista de Catalunya ni, como se ha visto, a los principales dirigentes del bloque soberanista. En ese sentido, las fórmulas para que Carles Puigdemont pueda ser investido de forma telemática, atienden a que el president sería detenido nada más pisar suelo español. Por su parte, la decisión del juez Llarena la semana pasada de dejar en prisión preventiva a Junqueras iba en la misma línea: descabezar cualquier posibilidad de formalizar un Govern continuador de la legislatura pasada.
En este sentido, la Fiscalía y de forma desenfrenada la Judicatura actúan como brazos ejecutores de esta escalada represiva del Régimen del 78. Allí donde las mayorías parlamentarias no le dan los números, se emplea a los jueces y fiscales, además de las fuerzas y cuerpos de seguridad, para imponer su voluntad por la fuerza. Y es que, tras el 21D, el 155 aún no ha muerto.
Sin embargo y a pesar de la represión del 155 en toda su magnitud descrita, la pasividad del bloque soberanista, encabezado por ERC y JxCat, además de la CUP y las direcciones de las entidades soberanistas, sigue también su curso iniciado tras la proclamación de la República el pasado 27O y su posterior claudicación sin lucha. Todo ello, con una dirección que se prepara desde esa jornada histórica, y más desde instantes después del 21D, para volver a la normalidad autonómica.
Esta desmovilización voluntaria del bloque soberanista solo puede servir para que el bloque unionista y el 155 se consoliden en una situación de excepcionalidad -aun habiendo perdido las elecciones del 21D-, la represión siga endureciéndose y abarcando cada vez más ámbitos sociales y políticos, y que el objetivo de efectivizar el mandato popular surgido del 1-O quede cada vez más lejano.
Ante todo ello, es urgente retomar el camino de la movilización y la autoorganización social, como se hizo el propio 1-O, o durante el 3-O y el 8N, revitalizar los CDR, extenderlos a los centros de trabajo y estudio, y poner en pié un gran movimiento contra la represión y que luche por conquistar una república catalana por medio de la lucha de los trabajadores y la juventud.
Y un movimiento así, solo puede surgir de forma independiente a la dirección del bloque independentista, el único capaz de ligar la defensa de la república catalana con la lucha por procesos constituyentes realmente libres y soberanos, donde poder resolver los grandes problemas sociales a costa de los intereses de los grandes capitalistas españoles y catalanes.