Luego de tres meses colaborando con personeros de derecha, pinochetistas y asesores policiales, el alcalde del Frente Amplio valoró las propuestas de la Mesa de Seguridad de Piñera que fortalecen todo el aparato represivo.
Miércoles 25 de julio de 2018
Los acuerdos nacionales para medir a la oposición
Lo que nació como una ofensiva política del piñerismo para instalar su agenda, mantener la iniciativa por fuera del parlamento, y medir cómo podría actuar una “oposición”, los “acuerdos nacionales” finalmente vienen dando sus frutos de manera exitosa para el gobierno.
Respondiendo al llamado de Pîñera, Jorge Sharp estampó su nombre junto a los responsables de la represión al Movimiento Estudiantil del 2011, Cristóbal Lira y Rodrigo Ubilla; al actual enemigo de los secundarios, Felipe Alessandri; a los que juraron con antorchas en Chacarillas ante Pinochet, Juan Antonio Coloma, Andrés Allamand y Andrés Chadwick; y ante el ex ministro del dictador, Hernán Larraín, entre otros; todos ellos actuales personeros de gobierno. Tal era la “transversalidad” de los que respondieron a la invitación.
Con una oposición totalmente subordinada, Piñera señaló que “este es un gran ejemplo de cómo el camino del diálogo y no la confrontación no sólo es posible, sino que también es fecundo para Chile”.
Cinco áreas para un mismo fin
Jorge Sharp participó en la comisión dedicada a proponer medidas para los municipios, que fue una de las cinco áreas que abarcan las 150 medidas, las cuales son la modernización de las policías, un nuevo servicio de inteligencia, la modernización de la ley de armas y un mejoramiento de la coordinación del sistema de persecución penal. Éstas propuestas se centran sobre todo en “robustecer las policías” para “combatir la delincuencia y el narcotráfico”, y nacen de “un trabajo transversal y mancomunado”, según explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
Sin embargo, según señaló Sharp a El Desconcierto, “se abre una oportunidad para enfrentar temas que han sido tabú”, tales como “la lógica del enemigo interno” o, por otro lado, “la lógica irrestricta de respeto a los derechos humanos y las garantías más fundamentales de las personas”.
Pero lo cierto es que las cincos áreas que abarcó la Mesa vienen siendo objeto de profundos cuestionamientos públicos a nivel nacional, cada cual por sí misma. La modernización de las policías ha mostrado cada vez más casos de brutalidad policial, al tiempo militarizar a carabineros con la creación del “Comando Jungla” para “hacerle la guerra al terrorismo” en la novena región. El nuevo servició de inteligencia, a su vez, fue provocadoramente presentado con la sigla CNI; o el entero sistema de persecución penal, por su parte, se encuentra cuestionado por garantizar la práctica impunidad de la mayor parte de implicados en los escándalos de corrupción, dando lugar a que se haya abierto públicamente la discusión de que hay una justicia para ricos y otra para pobres.
El municipio y la colaboración con la represión
El alcalde frenteamplista enfatiza que las municipalidades van a contar con dos novedades legales: su rol preventivo, y el traspaso de nuevos recursos para seguridad ciudadana. Esto, porque según Sharp “el municipio tiene más condiciones para trabajar junto a la comunidad una forma distinta de enfrentar los problema de seguridad”. Sin embargo, el documento final que firmó dice más cosas. Para el gobierno, el asunto es más simple: “Mejorar las atribuciones municipales para que se conviertan en colaboradores de Carabineros en materias preventivas”. Efectivamente, los Concejos Comunales de Seguridad Pública serán presididas por el alcalde e integradas por concejales y policías.
¿Qué hay de distinto?
La parte del Acuerdo Nacional dedicada a las municipalidades está dividida en tres ámbitos: nacional, que abarca desde la propuesta 125 a la 129; nacional/comunal, que va de la 130 a la 136; y local, que va de la 137 a la 140.
Las propuestas contenidas en el ámbito nacional contemplan las modificaciones legales, obligaciones y participantes, entre ellos el Gobierno mismo a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que capacitará, observará y evaluará a los municipios y Concejos, a la vez de velar por el financiamiento.
Las contenidas en el ámbito nacional/comunal establecen las obligaciones de los Concejos Comunales de Seguridad Pública, y desmienten completamente al alcalde del Movimiento Autonomista: establecen un vínculo directo entre las políticas nacionales y las locales, y plantea específicamente que “Las definiciones del Consejo Comunal de Seguridad Pública y el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) deben ser concordantes y apuntar hacia objetivos comunes” (propuesta 134).
Tomando en consideración que el sistema STOP se basa directamente en la política de Tolerancia Cero del ex alcalde neoyorkino Rudolph Giulianni, con métodos de choque y “barridos” callejeros, sólo nos queda deducir que Sharp va a aplicar al pie de la letra esta política, o la va a enfrentar.
El ámbito local, por último, detalla más mecanismos de transferencia de fondos y capacitaciones a organizaciones comunitaria en materia de colaboración con la policía.
STOP Valparaíso
Si a nivel nacional Jorge Sharp estampó su firma a la agenda política de Piñera para que los municipios sean colaboradores de la policía, a nivel local su aplicación en Valparaíso ya se viene ensayando.
El Plan Comunal de Seguridad Pública de Valparaíso plantea que el primer problema de seguridad de la comuna son las “incivilidades” (con un 50,25% de las denuncias), siendo la más frecuente el consumo de alcohol y droga en la vía pública (28%), “en especial en lugares emblemáticos como la Plaza Aníbal Pinto”; seguido de otras incivilidades tales como amenazas, daños, comercio ambulante o clandestino y desórdenes. Más atrás se ubican otros problemas, tales como delitos de alta connotación social, tráfico de drogas, robos y violencia intrafamiliar.
Así es como el rol preventivo del municipio deberá “tener el carácter estratégico-territorial, mediante la recuperación de espacios públicos, iluminación eficiente y, en general, otras medidas indispensables para prevenir la delincuencia y las incivilidades, y otras de carácter funcional, como el apoyo psicosocial”. Esto, mientras carabineros sigue haciendo redadas masivas, amedrentamiento del público, barridas de comerciantes ambulantes, controles a mansalva y traslado forzado de personas que ejercen su derecho al esparcimiento y libre tránsito… cuestiones muy convenientes en una ciudad donde la poderosa industria turística se muestra entusiasta de éstas medidas, que llenan sus locales.
