Regreso a clases presenciales. Jornadas extenuantes en condiciones insalubres: realidad de miles de escuelas

En las escuelas de tiempo completo los alumnos pasan hasta 9 horas encerrados en un salón. Muchos no cuentan con la ventilación adecuada para evitar la acumulación de aerosoles que son un factor importante en la transmisión del virus.

En algunas, la rapidez con que deben realizarse los “protocolos de ingreso”, para evitar las largas colas de alumnos en las calles, no permite que se laven las manos al ingresar al plantel, ni tampoco se les otorga ningún otro momento para hacerlo, por lo que muchos permanecen toda la jornada utilizando únicamente gel antibacterial (si es que lo portan, pues pocas escuelas han proporcionado este material).

En cientos de centros educativos han comenzado a dispararse los contagios y el único protocolo que la SEP obliga a seguir, a las y los docentes, es informar a la autoridad y continuar laborando como si nada pasara.

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No se da un seguimiento adecuado por parte de la institución escolar a los niños y niñas que enferman, pues no existen médicos escolares ni ninguna figura parecida, lo que provoca que sean las trabajadoras sociales -en el mejor de los casos- quienes hagan un “seguimiento”, el cual consiste en preguntar a las familias si los llevaron al médico y registrar lo que les comenten, sin informar ni a los docentes ni a los demás padres y madres sobre el riesgo existente de haber un caso positivo. Lo que es peor, la línea de la autoridad es ocultar a toda costa que existen contagios en las escuelas, lo que en los hechos genera un mayor riesgo para toda la comunidad.

Despidos, falta de personal y condiciones insalubres en las escuelas

Encima, la política de austeridad republicana y la continuidad de la reforma educativa provocó que en muchas escuelas falte personal, pues cientos de maestros fueron desplazados -despedidos en los hechos- producto de haber “concluido su contrato temporal” y tienen que someterse nuevamente a la evaluación para ser contratados, al mismo tiempo que, en lo que va de la pandemia, el magisterio ha sufrido miles de pérdidas de maestras y maestros a causa de haber contraído Covid, los que no han sido reemplazados.

Mientras la Secretaría de Educación Pública subcontrató los servicios de más de 22 mil asesores virtuales para su programa de prepa en línea otorgándoles a cuatro empresas privadas más de 340 millones de pesos, deja en el desempleo a cientos de docentes en medio de la pandemia, como si no hicieran falta en medio del regreso a clases presenciales.

Uno de los pretextos que utilizó la SEP para dejar sin opciones para continuar a distancia a los alumnos y sus familias, es que los maestros no podíamos atender ambas modalidades -presencial y virtual- por lo que se enfocarían únicamente en la presencialidad y no evaluarían ni atenderían a los alumnos que quisieran seguir a distancia, por lo que, aquellos padres que definieran quedarse en esa modalidad solo tendrían a su disposición, el “Aprende en Casa”, lo que en los hechos presionó a muchas madres a llevar a sus niños a las escuelas, a pesar de su definición de resguarda la salud y vida de su familia, pero a muchas otras, a definir por la vida antes que por la educación.

Esto claramente demuestra que lo que realmente les importa no es el rezago educativo, pues le niegan el derecho a la educación a los niños y niñas al obligar a los docentes a negarse a atender a los alumnos a distancia, lo que provocará aún más abandono escolar.

En este marco resulta aberrante que cientos de maestros sean despedidos, pues cualquier planificación adecuada, que realmente priorizara el derecho a la salud a la par del derecho a la educación, hubiera contratado a esos docentes -con todos los derechos laborales que corresponden- para dar clases en línea y así poder ofrecer esta posibilidad.

A la par de esto, es necesario que exista más personal en las escuelas para poderlas atender de manera adecuada, pues el hacinamiento generó que los alumnos acudan a la escuela solamente una o dos semanas al mes. Esto, de la mano de contar con médicos y psicólogos en las mismas.

Por ello se vuelve indispensable el reparto de las horas de trabajo, entre maestros en servicio y maestros que fueron despedidos o desplazados, sin reducción salarial, para que se puedan atender las necesidades de los alumnos, no se niegue el derecho a la educación y se priorice la salud y la vida.

Ello permitiría también tener jornadas laborales reducidas -que pueden hacerse dividiendo las jornadas de los turnos matutinos y reabriendo los turnos vespertinos, de forma que permita que las y los alumnos -y sus docentes- no estén encerrados utilizando el cubrebocas por nueve horas seguidas o más teniendo la posibilidad de asistir todos los días en las mejores condiciones sanitarias y pedagógicas.

Para lograrlo, es indispensable un aumento al presupuesto educativo -que podría obtenerse dejando de pagar la fraudulenta deuda externa, por ejemplo- para dotar de todas las condiciones necesarias para que el regreso a clases no sea una trampa mortal.

Porque nuestras vidas importan, es prioritario continuar luchando por el derecho a la salud y la vida y por mejores condiciones para enfrentar la situación.

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