Aunque los padres de los normalistas señalaron desde hace ya casi un año la implicación de los militares del batallón 27 de infantería de Iguala en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, José Rodríguez Pérez comandante de dicha institución, fue removido de su cargo. Pérez estuvo al mando del batallón 27 durante incidentes del 26 de septiembre en Iguala y ha reprimido a quienes exigen justicia.
Diana Valdez México D.F. / @yellikann
Viernes 31 de julio de 2015
El pasado 15 de julio se realizó la última acción frente a las instalaciones del 27 batallón de infantería en Iguala, Guerrero. El coronel José Rodríguez Pérez aún al frente del batallón militar ordenó el desalojo de los inconformes que iban acompañados de estudiantes de la normal de Ayotzinapa y algunos padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos.
Durante el desalojo se registraron golpes y se dispararon balas de goma por parte del batallón militar que también con gases lacrimógenos dispersó al contingente que exigía se investigue a los elementos del batallón 27. El gobierno federal se ha negado rotundamente a esta petición.
Este miércoles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció el relevo para la dirección del batallón implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa designando a Álvaro Javier Juárez Vázquez como comandante del 27 Batallón de infantería en Iguala, Guerrero.
#FueElEstado
La destitución de Rodríguez Pérez ocurrió también, a seis días de que se realizaran 32 nuevas observaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), relacionadas con el caso Ayotzinapa en las que se incluía la intención de entrevistar militares del batallón 27 relacionados con el caso.
Aunque varias instituciones recomendaron al gobierno federal revelar documentos probatorios de la actividad militar del batallón 27 el día 26 de septiembre de 2014, e incluso se exigió por parte de los familiares y demás indignados la apertura de los cuarteles militares para buscar a los estudiantes desaparecidos el gobierno se ha negado rotundamente a abrir las instalaciones militares.
El gobierno federal negó en todo momento la investigación de la participación militar en la desaparición forzada y de manera tajante la posible implicación del comandante Rodríguez Juárez.
El gobierno mexicano busca empujar el “carpetazo” y ocultar en el olvido el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Esto deja a los verdaderos culpables en libertad además el gobierno aumentó su política represiva como la expresada contra los maestros en Oaxaca y los indignados por el caso Ayotzinapa. Esta envalentonado y se propone aplastar a las luchas organizadas que exigen justicia y pelean por mejores condiciones laborales y una educación digna.
Los padres de Ayotzinapa siguen gritando: “no olvidamos, no perdonamos”, y los maestros buscan solidaridad con su lucha contra la reforma educativa que precariza la educación y el empleo de las maestras y los maestros; defiende los derechos de aquellos que como los normalistas de Ayotzinapa buscan aportar conocimiento crítico a los niños y adolescentes del país.
La unidad de luchas como la de Ayotzinapa y el magisterio nacional será la que influya de manera determinante sobre el éxito de la defensa de la vida, organizando la lucha para enfrentar a este régimen antidemocrático y sus planes de miseria que implementan mediante las reformas estructurales.
Con información de La Jornada
