Política. Jubilaciones como botín de "guerra" en la negociación entre Nación y gobernadores

En las puertas de la negociación por el Presupuesto del año 2019 y en vistas del reciente acuerdo por un préstamo Stand By con el FMI por U$S 50.000 millones que implica fuertes recortes de transferencias a provincias, otra vez reaparece el debate por los fondos previsionales provinciales. Esta disputa entre Nación y provincias, alejada de las necesidades reales de los jubilados, es una puja de larga data que utiliza la plata de jubilaciones como un “botín de guerra”.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige, entre otras condiciones, una fuerte reducción del gasto público. El Gobierno plantea realizar este ajuste, en gran medida, recortando el dinero enviado a las provincias de “transferencias no automáticas” (por fuera de la coparticipación y del fondo sojero), o también llamadas “transferencias discrecionales”.

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Dentro de este conjunto de transferencias “no automáticas” actualmente se cuentan los fondos que el gobierno debe enviar a las cajas previsionales provinciales de 13 provincias. Sin embargo, en teoría, el gobierno no podrá afectar los fondos previsionales provinciales debido a que el financiamiento de los déficits está establecido por ley.

Esto no quita que esos fondos no sean objeto de disputa y que su efectiva concreción no sea parte de la negociación general de cara a la aprobación del Presupuesto 2019. Este necesita el visto bueno de los gobernadores oficialistas y peronistas, puesto que allí se sellará el ajuste acordado con el FMI.

Desde ya, en este tironeo los verdaderos convidados de piedra son los jubilados. Tanto aquellos que están bajo la órbita de Anses, como los empleados públicos enmarcados en las Cajas previsionales provinciales de esas 13 provincias (dentro de las cuales, 3 de ellas tienen municipios también con cajas propias).

Esto es así, a nivel nacional, porque todas las provincias (excepto San Luis) acordaron en diciembre pasado el “Consenso Fiscal”, que significó el robo a los jubilados con la Reforma Previsional, a cambio de la financiación de parte de los déficits previsionales, entre otros arreglos.

En el segundo caso, porque la con la Reparación Histórica también Nación y Provincias negociaron a espaldas de los jubilados. Allí se pautó un proceso de “armonización” que significará liquidar las conquistas de los empleados públicos provinciales, como el 82 % móvil y la edad de jubilación,

¿Qué son las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas?

Se les llama así a las Cajas de jubilaciones de empleados públicos provinciales y municipales que siguen bajo la órbita de las provincias y no fueron transferidas al sistema nacional, es decir, al actual SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), que administra Anses.

Esta transferencia de las Cajas previsionales para los empleados de la administración pública provincial y municipal ocurrió en los años noventa tras una serie de acuerdos, previamente cada provincia tenía sus propios regímenes. En 1991 se firmó el primer pacto en el que las provincias cedían el 15% de la recaudación coparticipable para el financiamiento del sistema previsional nacional.

En 1993 se firma el “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”, en donde 11 provincias terminan transfiriendo las cajas de jubilaciones provinciales al Sistema Nacional.

El objetivo de estos acuerdos fue realizar una importante reducción de contribuciones patronales que favoreció a los empresarios de todo el país y dejó paso a un progresivo desfinanciamiento del sistema, así como el inicio del establecimiento del sistema de capitalización.

Pero otras 13 provincias mantienen sus Cajas, así como varios municipios de Entre Ríos, Santa Fe y Neuquén, no transfirieron sus regímenes a la órbita de Nación . Estas son: Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. En total, abarcan más de 1,8 millones de aportantes y 500 mil jubilados.

Algunos gobernadores reclaman que el envío de los fondos para Cajas Previsionales no transferidas, correspondientes a 2017, no fue realizado aún.

Según el diario La Nación el pasivo total alcanzó en 2017 poco más de $ 25.000 millones. Durante el año pasado la Nación transfirió menos de la mitad: $10.845 millones, un 43 % del total. El presupuesto de ese año para asistir a las las provincias que conservan sus cajas jubilatorias había sido de $ 14.000 millones.

Unos $ 8000 millones se repartieron de manera automática y en cuotas mensuales según un coeficiente que surge de la cantidad de adherentes al sistema, de acuerdo a la Ley de Reparación Histórica.

Es decir, no se financian las necesidades totales de las Cajas para pagar las jubilaciones sino sólo la parte que se estima sería suficiente si los regímenes provinciales se rigieran como el régimen general de jubilaciones (SIPA), es decir, con haberes más bajos y sin el 82 % móvil. El objetivo del gobierno es eliminar estas conquistas y tender gradualmente a bajar las jubilaciones enmarcadas en esas Cajas provinciales.

Este cálculo teórico de cuánto se pagaría de jubilaciones si se calcularan los haberes como el SIPA (es decir, jubilaciones más bajas y en algunos casos con edades jubilatorias más elevadas) se realiza mediante una auditoría de la Anses sobre la base de los datos remitidos por las provincias de sus aportantes y beneficiarios.

Desde el Gobierno nacional, argumento para retardar los pagos y negociar otros acuerdos como el Presupuesto 2019 es que las provincias no envían los datos suficientes, .

Hasta ahora, solo Córdoba cerró los acuerdos para avanzar con los pagos en cada caso, que a principios de este año pactó una asistencia financiera de $ 5092 millones para cubrir el déficit de 2017.

Las otras 12 provincias todavía no acordaron con el gobierno nacional. El plazo para hacerlo vence hoy y solo están avanzadas las negociaciones con menos de la mitad de los distritos.

Jubilados: los convidados de piedra

La Nación y las provincias se endilgan mutuamente la responsabilidad por las demoras en los pagos. Desde la Casa Rosada aseguran que son las provincias las que atrasan la apertura de la información de sus sistemas jubilatorios.

Sin embargo, lo que está de fondo es una negociación de conjunto, que incluye avanzar con el ajuste a nivel de Nación y de Provincias de acuerdo alo acordado con el FMIy a los consensos previos (Ley de “Responsabilidad Fiscal”) en el que se reducen impuestos a los empresarios y se ajusta tendencialmente el gasto para “reducir los déficits”.

En ningún caso la disputa es por mantener algunas conquistas de los trabajadores referidas a sus jubilaciones, o de mejorar el monto de las mismas. A la inversa, el acuerdo tácito es unificar los esquemas en torno al SIPA y avanzar hacia una próxima reforma jubilatoria a la medida de lo que pide el FMI.

La ley de Reparación Histórica selló la “armonización” entre las Cajas. Esta consiste en que todo el sistema jubilatorio se rija por las mismas reglas: escala de haberes, edad de jubilación, condiciones de movilidad y años de aportes necesarios para jubilarse. En el Gobierno añaden que el acuerdo "está muy avanzado" con Buenos Aires, Santa Fe y Formosa.

Estas “reglas” significan hoy edades de jubilación de 65 años para los varones y 60 años para las mujeres, un haber mínimo de miseria ($ 8.096,30) y la movilidad previsional votada en diciembre pasado que no sólo convalidó un robo como plantea incluso la justicia, sino que está generando una enorme pérdida de los jubilados frente a la inflación. Muy lejos del 82 % móvil y de una jubilación que cubra al menos la canasta de jubiladosque se estimaba en marzo en torno a los $ 19.290,3,

El acuerdo con el FMIl exige, entre otras condiciones, una fuerte reducción del gasto público y una progresiva liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El gobierno nacional no sólo accedió a realizarlo sino que se atribuyó ese programa como propio: el horizonte de no afectar las ganancias de los grandes grupos económicos - locales y extranjeros - la banca y el capital financiero internacional, trasladando el costo de la crisis a los trabajadores.

En ese marco el gobierno se comprometió a reducir en tres años el gasto público en 3,7 % del PBI, lo que significa aproximadamente unos $ 200.000 millones al año en promedio. Esto equivale, en monto, a una suma similar a la que se destinó para todo el año a Educación y Cultura en el Presupuesto del año 2018.

Dónde podría residir el recorte de transferencias que se acordó con el FMI

Según lo que adelantó el Ministerio de Hacienda, el compromiso de ajuste con el FMI implica una reducción de transferencias corrientes a provincias de 0,6 % del PBI en tres años, o 74 % en términos reales.

Los giros discrecionales significan un 20% del total enviado a las provincias en la última década, y se componen de transferencias corrientes y de capital.

Las primeras son recursos concentrados en pocos programas, pero de envergadura. Los cinco más relevantes representaron 0,82 % del PBI el año pasado. La asistencia financiera a provincias y municipios, con 0,39 %, es el de más peso. Le siguen el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales (0,23 %) y los aportes a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas (0,10 %).

Nación asegura que el financiamiento previsional a 13 provincias está determinado por ley, por lo tanto, cambiarlo desembocaría en demandas judiciales. Y sostiene que no tocará el Fondo de Incentivo Docente, aunque hay sospechas al respecto. Por lo tanto, la asistencia financiera sería en principio el principal foco de ajuste.

En el caso de las transferencias de capital (vivienda, hábitat e infraestructura), un trabajo de los economistas Nadin Argañaraz, Ariel Barraud, Florencia Maldonado, Julieta Manso y Valentín Mongi del Iaraf indica que se reducirán de 0,29 % del PBI de 2017 a 0,03 % en 2020.

El Iaraf apunta que en las jurisdicciones en las que los giros discrecionales representan 10 % o más de los ingresos totales “pueden tener finanzas afectadas por un límite en los envíos” que se relizará a partir del acuerdo con el FMI. Engruesan esa lista La Rioja (21,5 %), Jujuy (21 %), Misiones (15 %), Chaco (13,9 %), Formosa (13,5 %), Santiago del Estero (12,8 %), Salta (12,5 %), San Juan (11,3 %) y Tierra del Fuego (10,5 %).