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Red Internacional
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Movilidad previsional. Jubilaciones: del escándalo de Milei al veto de todos los partidos al 82% móvil

Milei anunció que vetará la nueva ley de movilidad "en defensa del superávit fiscal", aunque la ley solo implique un módico aumento en los haberes. Todo el arco político opositor, desde el peronismo hasta radicales como Lousteau se escandalizan "en defensa de los jubilados", pero sistemáticamente han impulsado y apoyado ajustes sobre los adultos mayores. El veto del que nadie habla: al legítimo derecho al 82% móvil y a haberes mínimos iguales a la canasta de la tercera edad.

Viernes 23 de agosto de 2024 19:44

"El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria", reza el tuit de la Oficina del Presidente Javier Milei, anunciando el veto presidencial a una ley que apenas significa un incremento de $17.000 pesos en la jubilación mínima.

Como hemos planteado en este medio, la sanción de la ley implica más una derrota política del gobierno libertariano que un efecto real sobre las condiciones de vida de más de 5 millones de jubilados que perciben el haber mínimo. La pérdida de ingresos desde que asumió Milei lejos estará de revertirse con esta ley, menos aún, la pérdida de poder adquisitivo que se viene arrastrando desde, al menos, el gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Pero aún así, ni una mísera mejoría están dispuestos a conceder Milei y Caputo.

“La pretensión de aprobar un proyecto de ley que disponga la vigencia del 82 por ciento móvil sin financiamiento de corto, mediano y largo plazo, además de ignorar las condiciones pasadas, presentes y futuras del sistema previsional, terminará por desquiciar el régimen público y la totalidad del régimen fiscal”. Esto establecía en los considerandos el Decreto 1.482 del año 2010, mediante el cual Cristina Fernández de Kirchner vetó una ley que establecía un piso de haberes equivalente al 82% móvil del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Incluso en ese momento, la expresidenta agregó “su promulgación implicaría prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado”. Una y otra vez, reaparece el argumento de que "no hay plata" para mejorar las jubilaciones, se diga de una u otra manera.

En aquel momento, el salario mínimo tenía más poder de compra que el actual e implicaba una mejora de los haberes en general, aunque era una trampa del resto de los partidos para desviar la atención sobre el derecho a percibir le 82% móvil sobre los salarios en actividad. Hoy en día, para quien trabajó toda su vida el nivel del haber inicial llega con suerte a la mitad del salario al momento de jubilarse, y posteriormente todos los gobiernos fueron licuando el poder de compra modificando la fórmula de movilidad. Pero aún así, Cristina vetó el 82% del SMVM argumentando que quebraría el sistema previsional.

Durante el kirchnerismo se contrapuso la universalización de las moratorias con el aumento de haberes, afirmando que para hacer lo primero no era posible cumplir con el reclamo histórico de que los haberes percibidos alcancen el 82 % móvil del salario medio.

Esto sólo era así si se tomaba como verdad inamovible –como hacía el kirchnerismo– que el sistema previsional no podía elevar sus recursos, recuperando los niveles de aportes patronales que tenía a comienzos de los años ’90. De esta forma, se creó una división entre jubilados “de primera” y “de segunda”, y se condenó a la mayoría a recibir haberes muy por debajo de la canasta de los jubilados.

Posteriormente Macri impulsó una ley en 2016 donde se estableció dicho piso mínimo para quienes se jubilen con 30 años de aportes. Hoy, al devaluarse tanto el salario mínimo, prácticamente no tiene mayores implicancias. El 82 % del SMVM que aplicó Macri tuvo sólo un objetivo de bastardear los reclamos históricos de los jubilados y, lo que es peor, las necesidades de vida del conjunto de los trabajadores, sino también sentar nuevas banderas en la "lógica" de la meritocracia, dando por sentado que quienes no aportaron al sistema "nunca han trabajado", ni contribuyen al conjunto.

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Con el gobierno macrista las jubilaciones tuvieron una pérdida real de 21% frente a la inflación. Uno de los peores ajustes en la historia. Primero buscó liquidar las moratorias e instauró la "PUAM", una pensión que de hecho elevó la edad de jubilación para las mujeres a los 65 años y significa un haber que es un 20% inferior a la jubilación mínima. Luego, modificó la movilidad previsional en el 2017, reprimiendo una movilización histórica en las calles en contra del ajuste a los jubilados. Un saqueo que pulverizó los haberes reales mientras se tomaba el mayor préstamo con el FMI.

Alberto Fernández propuso "elegir a los jubilados y no a los bancos". En sus cuatro años de gobierno hizo todo lo contrario, tocando nuevamente la movilidad previsional, realizando un nuevo ajuste sobre los bolsillos de los adultos mayores. Bajo el gobierno del Frente de Todos los jubilados no sólo no recuperaron los 20 puntos de poder adquisitivo perdidos con Macri, sino que siguieron perdiendo. Mientras, la fiesta de las Leliq le permitió a los bancos embolsar más de 9 billones de pesos por año, como en 2023.

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Ahora, Milei busca nuevamente cristalizar un nuevo saqueo sobre los jubilados y ni siquiera conceder una pequeña mejora, en post de cumplir con las exigencias del FMI y el capital financiero. La izquierda propone justamente una salida en sentido inverso. En primer lugar, asegurar que no haya un solo beneficiario del sistema previsional que perciba menos de un haber mínimo equivalente a la Canasta de los Jubilados, hoy alrededor de $ 845 mil pesos, según las estimaciones de la Defensoría de la Tercer Edad. En segundo lugar, otorgar el 82 % móvil del mejor salario en actividad (no sobre el SMVM).

La acusación de que no habría dinero para costear esta mejora elemental del nivel de vida es totalmente falsa. El problema para el capital es que no quiere ceder ni un céntimo de valor (en particular, el plusvalor) para que los trabajadores, cualquiera sea su tarea, su condición o su género, puedan vivir una vida plena. Con restituir las contribuciones patronales al 33 % vigente antes de la reforma menemista impulsada por Domingo Cavallo, eliminar todo tipo de exención a las contribuciones, restituir las retenciones a las exportaciones y beneficios impositivos en favor de las empresas operados desde diciembre de 2015, junto con otras modificaciones impositivas a las ganancias empresarias y la especulación financiera, es posible -y deseable- sustentar mejores jubilaciones y pensiones.

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