En una conversación grabada por Villarejo y en pleno escándalo por el uso de Pegasus para el espionaje al independentismo catalán, se conoce más de las cloacas del Estado. Esta vez sería un juez, Manuel García Castellón, al que Ignacio González puso a dedo en la Audiencia Nacional por su afinidad con el Partido Popular.
Miércoles 18 de mayo de 2022
Más casos de corrupción y de cloacas del Estado. Eso es lo que ha traído la última tanda de escuchas de Villarejo. En ellas, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el expresidente de la Región de Murcia Eduardo Zaplana habrían discutido cómo sustituir al juez provisional de la Audiencia Nacional responsable de la instrucción de varios casos de corrupción del PP por otro afín al partido.
Las grabaciones serían de noviembre de 2016 y se refieren a Eloy Velasco, un juez provisional al que González y Zaplana, dos líderes del PP envueltos en varios escándalos de corrupción y expresidiarios, querrían “ascender”.
En realidad, ese ascenso habría servido para quitarse del medio a Velasco para sustituirlo por Manuel García Castellón, un juez mucho más afín al PP con un largo historial de escándalos derivados a su cuestionable criterio en el desempeño de la profesión judicial.
Tras esta conversación, “casualmente” García Castellón pidió su traslado a la Audiencia Nacional para el puesto que ocupaba provisionalmente Velasco. El traslado se produjo después de 17 años siendo juez de enlace en el extranjero, un puesto que también había conseguido gracias a sus buenas relaciones con el Partido Popular.
García Castellón, de juez antiabortista a defensor de la corrupción del PP
La trayectoria profesional de García Castellón deja todo un mapa de escándalos. Sus primeros casos en los juzgados vallisoletanos comenzaron con una investigación a la clínica Ginemédica; de las primeras en realizar abortos en Valladolid.
Su hermano, militante de la organización ultra cristiana y reaccionaria Opus Dei habría denunciado a la clínica desde su posición como presidente de “Provida”. García Castellón ordenó tanto el registro de la clínica como la investigación a sus médicos y resto de personal sanitario, a los que abrió un juicio oral por, supuestamente, realizar abortos ilegales.
Como juez en la Audiencia Nacional, investigó la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura militar chilena, y rechazó llamar a declarar al torturador argentino Adolfo Silingo, porque alegó falta de competencia de la justicia española, aunque podría tener más que ver con los problemas diplomáticos que acarrearía abrir investigaciones contra los torturadores de Argentina y Chile entre esos países y el Estado Español.
Se convertía así cómplice de las desapariciones y consolidaba la relación entre el gobierno español y los regímenes argentino y chileno, que son herederos de las dictaduras militares de esos países de la misma manera que el régimen del 78 lo es de la dictadura franquista. Ejemplo de esto es que tampoco abrió el caso contra Pinochet por delitos de genocidio y terrorismo.
Se ganó el favor del PP con el caso del atentado contra el expresidente del gobierno José María Aznar. El propio Aznar le agradeció su instrucción del caso, que tuvo como hecho memorable que la Fiscalía trató de responsabilizar al ministerio del Interior del momento ocultando un informe al juzgado.
Aznar lo nombró magistrado de enlace en París, un puesto de honor pues se trataba de poco trabajo a cambio de un sueldo de 120 000 euros anuales. Mantuvo ese puesto también bajo el siguiente gobierno del PSOE de Zapatero.
A la llegada al gobierno de Mariano Rajoy, su ministro de Justicia Gallardón lo trasladó a Roma porque necesitaba colocar en París al magistrado Juan Pablo González, el cual acabó siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial y fue apartado de la investigación de la trama Gürtel por su relación con el PP. Otro ejemplo de magistrado de dudosa ética y relaciones demasiado estrechas con las cloacas del Estado.
García Castellón llegó a Roma, donde se mantuvo en su puesto como juez de enlace sin saber una palabra de italiano hasta el momento en que pidió su vuelta a la Audiencia Nacional. Como juez de instrucción allí tenía a su disposición toda la potestad sobre algunos de los principales casos de corrupción que se investigaban en ese momento: la trama Púnica, el caso Lezo, el caso de Isabel II y el asunto de la financiación irregular del Partido Popular.
Con todos esos casos bajo su instrucción, García Castellón podría imputar y meter en prisión a varios expresidentes de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su trabajo fue el contrario: el de librar del banquillo a todos los acusados posibles.
García Castellón de nuevo en la Audiencia Nacional…
En el juzgado nº6 de la Audiencia Nacional, García Castellón desplazó a Eloy Velasco con un “ascenso” que utilizó Ignacio González para quitárselo del medio y mandarlo “a escarbar cebollinos”, tal y como apuntan las escuchas de Villarejo.
Al frente de este juzgado rebajó la fianza de Ignacio González y de su hermano, ambos en prisión por petición de Velasco. Ignacio González había sido enviado sin fianza, pero García Castellón impuso una fianza de 400 000 euros y su hermano Pablo González salió tras pagar 200 000 euros (la fianza inicial impuesta por Velasco era de 4 millones de euros).
Ignacio González no fue el único líder del PP beneficiado por la vuelta del juez. Aunque Anticorrupción pedía dos años de prisión al presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, su causa se archivó en 2019, pese a que existían indicios de fraude, cohecho y revelación de información reservada en el marco del caso Púnica. Desde la propia Audiencia Nacional se señalaron incoherencias en el auto y se volvió a imputar al presidente, pero de nuevo el juez archivó la causa en febrero de 2020.
En enero de 2022, Manuel García Castellón archivó también la causa por la financiación irregular del Partido Popular. Rechazaba prolongar así la instrucción como se le pedía desde otras instancias.
… Y el rey emérito no iba a quedarse fuera de esta fiesta
En 2018, el juez García Castellón, también desde la Audiencia Nacional, archivó la investigación contra el rey emérito Juan Carlos I por la misma causa que más adelante investigaría la Fiscalía Suiza. Se volvía así cómplice de los muchos delitos cometidos por el emérito, tapados y silenciados por organismos como el CNI, que según te contamos en este artículo dedicó parte de su actividad desde 2002 a encubrir los escándalos de la Corona en general y de Juan Carlos I en particular.
Un caso para el que los audios de Villarejo han sido parte de las muchas pruebas contra el emérito. En 2021 Villarejo destapó que el CNI investigaba a Corinna Larsen y que la propia Corinna confesó que el CNI suministraba inhibidores de testosterona a Juan Carlos I para controlarlo.
Un problema del régimen
La corrupción no es, como partidos como el PP quieren aparentar, un problema individual ni de unas cuantas manzanas podridas. Tampoco es en nuestro Estado una desviación del orden normal de las cosas. Es la norma dentro de los gobiernos, los partidos del Régimen y el poder judicial. Un poder judicial pensado para permitir este tipo de escándalos, nombramientos a dedo y casos de corrupción y espionaje.
Un ejemplo de ello es como la propia Margarita Robles justificaba el espionaje a los políticos catalanes cuando se conoció el caso del Catalan Gate: "¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución?”. Otro ejemplo es cómo partidos que han estado en el gobierno como el PP tiene más manzanas podridas que sanas entre sus líderes autonómicos.
Las cloacas, el espionaje, en ocasiones la tortura y el resto de los escándalos de Estado no son excepcionales. Operan sistemáticamente en todos los estados capitalistas y bajo todos los gobiernos; incluso bajo el “más progresista de la historia”. Debemos exigir el fin de los secretos de estado, la disolución de órganos como el CNI y la desclasificación de los archivos secretos en manos del Estado. También es de justicia exigir el fin de la persecución política y la libertad de los presos condenados por luchar, también allí donde se ha hecho defendiendo el derecho a la autodeterminación.
Ninguna solución puede llegar de un gobierno, que más bien forma parte del problema. Tampoco de la justicia burguesa que, como muestra el caso de García Castellón, solo funciona para defender los intereses de los poderosos. Solo con la formación de comisiones de investigación independientes del Estado pueden esclarecerse los hechos y encontrar a los culpables.
