Los jueces del juzgado primero de Distrito en Procesos Penales Federales y el segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas dictaron sentencia: afirman que no hubo desaparición forzada, sino fue secuestro y ejecuciones sumarias. Pero lo cierto es que los normalistas siguen sin aparecer.
Lunes 16 de mayo de 2016
Según distintos medios, los jueces descartaron que los estudiantes normalistas estuvieran ocultos por obra de alguna autoridad gubernamental.
De acuerdo con el marco legal, se considera que hay desaparición forzada ante “la negativa de los acusados a entregar información fidedigna sobre el paradero de las víctimas; que los civiles involucrados aprovechen el apoyo de funcionarios, y que acrediten el ocultamiento de las víctimas.” El argumento de los magistrados fue que como el último de los elementos no se dio, ya quedan descartados los otros dos.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía general –la verdad histórica puesta en cuestión una y otra vez por innumerables inconsistencias y obtenida a base de torturas en muchos casos– los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa habrían sido víctimas de ejecución sumaria. Pero si fuera así, ¿dónde están los cuerpos?
Esta sentencia tiene como objetivo hacer pasar un crimen de Estado a varios delitos comunes como secuestro y homicidio, dejando de lado que los involucrados son agentes del Estado. Busca dejar de lado la responsabilidad del Estado por desaparición forzada y la violación múltiple de derechos a los que han sido sometidos los 43 normalistas, como privación de la libertad personal, la integridad personal, el derecho a no ser sometido a tortura ni tratos crueles, inhumanos y degradantes y el derecho a la vida.
Aunque su verdad histórica fuera cierta, el delito de desaparición forzada se configura, según los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Articulo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ya que es: la privación de la libertad de una o más personas cometida por agentes del Estado – en este caso la policía municipal, federal y el Ejercito– o personas que actúen con la autorización –el presidente municipal Abarca– , el apoyo o la aquiescencia del Estado, y que esta privación está seguida de la falta de información, la negativa de reconocer dicha privación y la negativa a informar sobre el paradero de la persona.
Pero su verdad histórica ya fue refutada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y seguimos sin poder conocer el paradero de nuestros 43 estudiantes. Esta resolución judicial es una forma torpe de dar salida a las exigencias del gobierno estadounidense y de organismos internacionales.
Se trata de un nuevo intento del gobierno de Peña Nieto de echar tierra sobre el caso Ayotzinapa, que le generó una de las crisis más importantes en lo que lleva de su sexenio. Una crisis que expuso de nueva cuenta los vínculos entre los partidos al servicio de los empresarios y el crimen organizado, así como la política reaccionaria contra quienes luchan por la defensa de la educación pública.
Por su parte, el abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, declaró a la prensa que este fallo parte de la “verdad histórica”, la teoría que pretendió imponer el gobierno de que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Y esta hipótesis fue presentada sin contar con elementos probatorios, ante del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
¿Cuáles son las consecuencias de este fallo?
Implica ni más ni menos la absolución por el delito de desaparición forzada de 56 acusados, entre ellos el matrimonio Abarca, él, alcalde de Iguala, llevado al poder por el PRD, y de policías de Iguala y Cocula, entre otros.
En el caso hay 120 encarcelados hasta ahora, entre funcionarios y políticos locales, personas acusadas de ser parte del crimen organizado, policías e informantes, pero ninguno de ellos está acusado de desapariciones forzadas.
Temores del gobierno
En la movilización magisterial de ayer, los familiares de los normalistas desaparecidos estuvieron en la marcha. Se están tejiendo lazos entre los maestros que enfrentan la reforma educativa y otros sectores, como los estudiantes de Ayotzinapa y sus familias.
Pero Peña Nieto tiene como objetivo la aplicación de la reforma educativa y la consolidación del conjunto de las reformas estructurales a como dé lugar. Estos pasos hacia la unidad de sectores que se enfrentan con el gobierno le preocupan.
Aun cuando hoy no existe el amplio movimiento democrático que surgió ante el coraje que provocó la noche negra de Iguala, el descontento, aun sordo, se ha mantenido.
Las y los maestros que vienen demostrando una gran voluntad de lucha, un ejemplo de dignidad, de no doblegarse ante las amenazas y la represión en unidad con los familiares de Ayotzinapa, ¿pueden volver a desarrollar un amplio movimiento contra el gobierno de Peña Nieto, administrador de los negocios del imperialismo y las trasnacionales? Ahora mismo, se está escribiendo la historia. No está dicha la última palabra.
