LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES. Jueces millonarios: la justicia al servicio de los empresarios

En México se ha desatado una polémica alrededor de los sueldos de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros altos funcionarios del servicio público. El intento del Ejecutivo por imponer un tope salarial a altos funcionarios ha derivado en protestas de jueces y magistrados y ha sido interpretado por la opinión pública como un asunto de "choque de poderes".

El 7 de diciembre, este órgano ordenó la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servicios Públicos (regulada por el artículo 127 de la Constitución), impulsada por la administración de Andrés Manuel López Obrador que, en términos generales, busca poner el sueldo del jefe del ejecutivo como tope para el salario del resto de los funcionarios públicos. Esta suspensión se llevó a cabo en atención a una acción de inconstitucionalidad presentada por la "oposición" en el Senado.

¿Cuál es la polémica?

En tanto que el artículo 127 estipula que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente, el artículo 94 constitucional establece que los sueldos de los ministros de la Suprema Corte no pueden ser disminuidos durante su encargo. Ahora que López Obrador declaró una reducción del 40% de su sueldo para el año entrante, su nuevo sueldo será de 108 mil pesos mensuales y el sueldo del ministro presidente actualmente es de 266 mil 841 pesos. Todo esto en un país donde el 52.3% de los jóvenes entre 15 y 29 años ganan en promedio de 1 a 3 salarios mínimos al día. Es decir, entre 2,686.14 y 8,058.42 pesos mensuales.

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La ex ministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya se había pronunciado en contra de las reducciones salariales en el Poder Judicial e incluso sus ex-colegas de la SCJN hicieron una propuesta de recorte presupuestal de 5 mil millones de pesos; sin tocar sus onerosos salarios, por supuesto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha pronunciado también porque “el ajuste a remuneraciones debe ser bajo estándares internacionales y parámetros objetivos que no vulneren derechos, precaricen y debiliten el servicio público”. Todo esto debido a que, en palabras de Sánchez Cordero, los salarios altos son un mecanismo que "impiden la corrupción en el Poder Judicial".

Para poder entender con mayor profundidad el trasfondo que hay en torno a esta polémica, habrá que analizar primero a qué intereses responde realmente el Poder Judicial en las sociedades capitalistas, particularmente en México, y qué propuesta desde el marxismo se le ha dado al problema de la justicia y el Poder Judicial.

La casta al servicio de la clase

En México, la SCJN está conformada por 11 ministros. La manera de elegirlos es a través de una terna propuesta por el Ejecutivo a la Cámara de Senadores, quien tiene 30 días para poder emitir un veredicto. Si no resuelven, el Ejecutivo designa a un nuevo ministro. En caso de ser rechazada la terna, se enviará otra propuesta de terna; de ser rechazada de nuevo, el cargo será ocupado por quien designe el presidente. Es claro entonces, que no existe la neutralidad de los ministros y el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, de una manera u otra quien sea elegido tendrá una sujeción al Gobierno Federal y las decisiones serán encaminadas a preservar principalmente los intereses de éste.

Desde el marxismo entendemos al Estado como el órgano de dominación de la clase capitalista, que se sirve de éste para convertirse en la clase políticamente dominante, lo que le permite adquirir nuevos medios para la represión y explotación de la clase oprimida. Y aunque la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) los presente como poderes independientes, ninguno es imparcial porque defienden los intereses de la clase que se sirve de estos para imponerse sobre las otras.

Una muestra de esto es el decreto presidencial de 2009, sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro y que dejó a 44 mil familias en las calles. Un ataque directo a uno de los sindicatos más importantes del país. Posteriormente la SCJN lo declaró como válido y constitucional. Uno solo de varios ejemplos que demuestran que sus intereses no son los de las grandes mayorías. Las leyes que emanan de este Estado tienen como su base principal la defensa de la propiedad privada capitalista, a través también del monopolio de la violencia a través de las fuerzas represivas del mismo Estado.

¿Es esta casta especial que gana cientos de miles realmente necesaria para la organización de la sociedad? La Comuna de Paris de 1871 demostró, por la vía de los hechos, que no. Como relata Marx en La guerra civil en Francia:

La Comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos de la ciudad. Eran responsables y revocables en todo momento. La mayoría de sus miembros eran, naturalmente, obreros o representantes reconocidos de la clase obrera. La Comuna no había de ser un organismo parlamentario, sino una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo.” Entre las medidas tomadas por la Comuna “Los funcionarios judiciales debían perder aquella fingida independencia que sólo había servido para disfrazar su abyecta sumisión a los sucesivos gobiernos, ante los cuales iban prestando y violando, sucesivamente, el juramento de fidelidad. Igual que los demás funcionarios públicos, los magistrados y los jueces habían de ser funcionarios electivos, responsables y revocables.

Y aunque breve, puesto que fue abatida por la reacción dos meses después de fundada, la experiencia fue invaluable para el movimiento obrero a nivel internacional, puesto que sentó las bases y las lecciones para el primer Estado Obrero de 1917. Donde pudo eliminarse a la vieja burocracia gracias a la creación de los soviets, órganos del poder de los trabajadores basados en la democracia directa. Éstos, al igual que en la Comuna, tendieron a unificar las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales.

Lenin en su Informe sobre la Política Externa e Interna del Consejo de los Comisarios del Pueblo del 12 de marzo de 1919, relataría que:

Cuando la Revolución de Octubre derribó a los viejos burócratas, pudo hacerlo porque había creado los Soviets. Ella repudió los viejos jueces y transformó el tribunal en un tribunal popular. Sin embargo, un tribunal se puede crear fácilmente. Para tal no se carece del conocimiento de las viejas leyes. Es necesario solo dejarse llevar por el sentimiento de justicia. En los tribunales, el burocratismo fue fácil de liquidar.

Es por todo esto que la posición que ahora han tomado desde el Poder Judicial raya en el cinismo, defender a capa y espada sus privilegios. Sus salarios son una burla frente al trabajador promedio que trabaja más de 10 horas al día por un salario 100 veces menor. Por eso no basta con la reducción de sus salarios, si no también suprimir las pensiones vitalicias exorbitantes a las que tienen “derecho” y los casos de nepotismo que en días recientes también han salido a la luz.

¿Porqué los jueces no son revocables y elegidos por voto popular?, la SCJN (que decide por millones) tendría que ser disuelta, los juicios tendrían que tener jurados populares, también elegidos por voto directo.

Mientras miles de jóvenes tenemos como futuro la miseria y la sobre explotación, sus familias tienen seguridad por generaciones. Al igual que el resto de los funcionarios públicos, los jueces deberían ganar el salario de una maestra. Y que sus jubilaciones no sean de privilegio.

Si bien estas medidas contra la casta política no representan el fin del orden social existente, acabar con los privilegios de la corporacion judicial, alejada completamente de la vida y padecimientos del pueblo trabajador, es un paso importante a dar en terreno de lo democrático.

Cuestionar estos privilegios implica avanzar en cuestionar a la casta política que ejerce la gestión del Estado en interés de las grandes patronales nacionales y extranjeras, así como de la preservación de este sistema de explotación y miseria.

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