Genocidio. Jueces prestos a dar domiciliaria a Etchecolatz y pasivos frente a la desaparición de López

El solo hecho de que exista la más mínima posibilidad de que Miguel Osvaldo Etchecolatz esté a un paso de salir de la cárcel con el beneficio de la prisión domiciliaria es una provocación, más aún a un mes de cumplirse 10 años de la desaparición de Jorge Julio López.

Sectores reaccionarios del Poder Judicial ven desde que asumió el gobierno de Cambiemos que hay mayor espacio para intentar avanzar en beneficios a los genocidas. Ayer el presidente Macri habló de “guerra sucia” y dice “recursos” humanos en lugar de “derechos” humanos. Elocuente.

Durante el juicio a Etchecolatz en 2006 fui una de las abogadas de Julio como integrante del Colectivo Justicia Ya!. Su desaparición, el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en el que debíamos alegar, fue un golpe durísimo para todos.

López fue secuestrado el 21 de octubre de 1976 y hasta el 25 de junio de 1979 pasó por distintos centros clandestinos de detención y tortura. En ese periodo Miguel Etchecolatz era director de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires, y suficientemente probado que estaba a cargo de 20 centros clandestinos, como la aberración que ello implica, además de mano derecha del ex General Ramón Camps.

Hoy se muestran los jueces muy prestos a otorgarle a Etchecolatz y completamente pasivos frente a la desaparición de López. Pero esta pasividad y complicidad no es nueva. La justicia ha sido una de las patas de un gran engranaje de complicidad, actuó poniendo trabas burocráticas para garantizar impunidad. Hemos denunciado en estos 10 años que las pistas llevaban a la Policía Bonaerense. Fueron funcionarios del gobierno en ese entonces quienes reconocieron que 9026 efectivos provenían de la dictadura. Y nada hicieron, por eso son también responsables, y así lo dijimos, del encubrimiento a esa fuerza. No sólo eso sino que recién en 2008, la Cámara Federal de La Plata apartó a la Policía Bonaerense de la investigación.

Ese no es un número frío sino la muestra palpable de que entre Etchecolatz y la desaparición de López hay un hilo de continuidad que se llama Bonaerense, por lo tanto es al represor a quién hay que investigar. Ignoraron todos nuestras exigencias, a pesar que de que se animó, amparado en esa impunidad, a sacar un papelito durante una audiencia, que decía “Julio López”.

Es por esto que presentamos un proyecto de Ley para que el Ejecutivo disponga la apertura de los archivos y toda documentación en poder los servicios de seguridad y de la ex Secretaría de Inteligencia relacionados con la segunda desaparición del Julio.

Nos merecemos saber qué pasó con Julio. Queremos que nos entreguen todos los archivos ya que existen constancias de que se realizaron investigaciones, incluso a cargo del ex director de operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso y que todo indicaría que la ex SIDE y otros organismos pueden tener información que nunca fue tenida en cuenta. Reclamamos además en el proyecto que se abran de inmediato y que se publiquen los archivos, pero también los informes, expedientes y todo tipo de documentación producidos y almacenados por la Policía Federal Argentina, ex Secretaría de Inteligencia del Estado, y todos los que lo hayan sucedido, del Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional.

Ahora Etchecolatz reclama ser liberado. Este viernes la Cámara de Apelaciones podría volver a reunirse y tomar la decisión postergada en el día de ayer. Que sepan que somos miles que no vamos a cesar en la lucha y la verdad.