Los abogados de la estudiante de Humanidades Valentina Melo, Maia Hirsch y Mauro Tabak -miembros del CeProDH-, fueron notificados de la continuidad del juicio contravencional iniciado ante el reclamo contra los cierres de los institutos educativos CEIJA-IDEAR. Un proceso a la medida de la policía de Morales para intentar disciplinar al movimiento estudiantil.
Jueves 11 de octubre de 2018 09:48
A través de una contradictoria resolución el Juez contravencional reconoce las irregularidades cometidas por la policía en la causa pero niega que eso impida continuar con el proceso y que se hayan vulnerado los derechos constitucionales de los y las estudiantes.
Ustarez Carrillo, el juez que no es juez (ya que forma parte del Ejecutivo provincial y elegido a dedo por el gobernador), había suspendido la audiencia de juicio fijada para la semana del 20 de septiembre, luego de conocerse el repudio de una enorme cantidad de referentes de derechos humanos, sindicales y legisladores de todo el país y la convocatoria pública de los estudiantes que fueron parte de la gran lucha educativa.
Comunicado de Organismos de DDHH que rechazan causa contravencional contra estudiantes en Jujuy
El proceso en curso reafirma la existencia de un verdadero régimen policiaco en la Jujuy de Gerardo Morales, dónde vienen siendo avasallados derechos fundamentales de trabajadores, estudiantes y referentes sociales que conlleva observaciones de
Organismos Internacionales de Derechos Humanos.
Los abogados denunciaron en el expediente que en esta causa no se respetaron los pasos que establece el propio Código Contravencional y no se otorgó la posibilidad de defensa de las y los imputados.
Recordemos que la causa contravencional fue iniciada contra los estudiantes y militantes Valentina Melo (PTS-FIT), Renauld Gaspar Jonatan María (Unidad Ciudadana), Zapana Esteban y Mendoza Iván (dirigente sindical PJ) detenidos ilegalmente el día 29 de marzo de 2018, por encontrarse reclamando contra el cierre de los institutos de estudios CEIJA.
En tal fecha se encontraban sobre la vereda de la Casa de Gobierno acompañando a los estudiantes solicitando que un funcionario les dé una solución, allí estaban la concejal del PTS-FIT Andrea Gutiérrez y el abogado Héctor Huespe. Que fueron detenidos y posteriormente retrocedieron sobre dicha escandalosa persecución.
Esta causa comenzó con detenciones arbitrarias, sin orden de ningún Juez, dejándolos incomunicados, posteriormente se les intentó armarles una causa penal por "turbación a la posesión" que no pudieron sostener y finalmente utilizan el Código Contravencional sin siquiera atenerse al procedimiento que este determina.
La voluntad del gobierno de Gerardo Morales es clara, usar a su justicia conjuntamente con la policía para internar disciplinar al movimiento estudiantil.
Esta misma fuerza, se encargó de llevárselos detenidos, luego armó la causa, con testimonios de los mismos efectivos y videos realizando espionaje ilegal. Teniendo facultades de un cuasifiscal, resultando gráfico que en todo el proceso contravencional quienes plantan las pruebas, te acusan y define la pena es la misma policía.
Por ello resulta fundamental rodear de solidaridad a los estudiantes perseguidos en esta causa, evitando que se genere un precedente nefasto contra quienes luchan en defensa de la educación pública.
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