Este miércoles se retomó la votación que había quedado 2 a 1 en contra de la ley impulsada por el agronegocio y las mineras. Con un nuevo juez a favor, la votación quedó empatada y seguirá el jueves.
Miércoles 30 de agosto de 2023 22:23
El Supremo Tribunal Federal de Brasil retomó este miércoles el análisis sobre la constitucionalidad del proyecto de ley conocido como "marco temporal", impulsado por los diputados de la bancada ruralista con el objetivo de quitar tierras a los pueblos originarios.
El juicio había sido retomado el 8 de junio gracias a la presión de la lucha indígena, con protestas en todo el país y acampes en Brasilia. Ese día, el juez André Mendonça pidió revisar el proyecto, por lo que se pospuso la votación hasta ahora.
El proyecto de ley ya contaba con los votos de dos jueces en contra de su constitucionalidad y uno a favor. Este miércoles, el juez André Mendonça emitió su voto favorable a la constitucionalidad del proyecto, dejando la votación empatada 2 a 2. El juez no terminó de desarrollar su voto, por lo cual seguirá su exposición este jueves.
El próximo voto será el de Cristiano Zanin, un juez designado por Lula pero que actúa en común con bolsonaristas y conservadores. Votó contra el consumo de marihuana, en contra de reconocer la violencia policial sobre pueblos originarios y para dar más poder represivo a guardias municipales.
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Luego deberán pronunciarse los otros 6 jueces del Supremo Tribunal Federal, que está compuesto por 11 miembros.
Con el apoyo directo de parte del gobierno Lula/Alckmin en el Parlamento, avanzó este ataque histórico contra los pueblos originarios. Ese proyecto ya fue aprobado en Diputados con 283 votos a favor y 155 en contra, siendo que 100 de los votos favorables vinieron de las bancadas aliadas del gobierno Lula-Alckmin.
El miércoles pasado, el Senado brasileño votó a favor de ese reaccionario ataque, un nuevo avance que se suma a otras medidas muy reaccionarias. En solo seis meses de este año, el gobierno de Lula-Alckmin ya autorizó el uso de 231 agrotóxicos, manteniendo el mismo ritmo de Bolsonaro. Algunos de los compuestos autorizados son considerados altamente tóxicos para la salud humana y altamente peligrosos para el medio ambiente.
Al contrario de algunas expectativas en que revocaría el decreto de Bolsonaro que acelera la aprobación de estos venenos, Lula más bien lo ha sido utilizado para garantizarse apoyos, ya que son altamente rentables para el agronegocio, aun a costa de la contaminación de ríos, del aire, de la deforestación y la destrucción de comunidades indígenas y pequeños productores que viven en ese entorno.
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Este proyecto, que está en trámite desde 2007 pero recién ahora se le dió carácter de urgencia, busca beneficiar al agronegocio, la minería legal e ilegal, que hoy representan los mayores patrocinadores de invasiones, asesinatos de indígenas, desmonte y quemas. En ella se expresa el histórico racismo contra los más de 170 pueblos indígenas que actualmente tienen territorio demarcado.
La ley es tan retrógrada que hasta la imperialista ONU expresó su "preocupación". El representante para Sudamérica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, criticó en un comunicado "cualquier acción que pueda debilitar o relativizar la protección de los pueblos indígenas en Brasil y en la región", y agregó que la protección de las tierras indígenas es "esencial para que puedan disfrutar de todos los demás derechos".
El juicio del "marco temporal" comenzó a partir de la decisión del Instituto de Medio Ambiente del Estado de Santa Catarina (sur de Brasil) de pedir la expropiación de parte del territorio indígena perteneciente al pueblo xokleng, que vive en la región del Valle de Itajaí en la reserva biológica de Sassafrás.
En la disputa judicial, el Estado de Santa Catarina contesta la delimitación del territorio indígena Ibirama, realizada por la propia Fundación Nacional del Indio (Funai). Por detrás está el interés de mantener y perpetuar el racismo que el Estado brasileño ha practicado siempre contra los pueblos originarios.
La derecha alega que la decisión sobre la demarcación del territorio indígena Raposa-Serra do Sol se basó en los mismos fundamentos que el marco temporal. El miembro informante de aquel proceso, Ayres Britto, lo niega.
El derecho de los pueblos originarios a la tierra que les pertenece fue reconocido en la Constitución de 1988 en función de la incansable lucha de los pueblos originarios, de los trabajadores rurales y del asesinado Chico Mendes, en el marco del auge de huelgas de la década del 80. Siempre estuvo bajo ataque, tanto de la justicia y del Congreso como de la acción ilegal de las milicias de la región. Ahora también está en el centro de una serie de disputas, incluso geopolíticas e intereses cruzados de Estados Unidos y la Unión Europea, en una región estratégica por las múltiples fronteras y los valiosos recursos naturales.
La aprobación del marco temporal abrirá el camino para la etapa final y más cínica del mayor genocidio de la historia de la humanidad, que solo en Brasil redujo una población estimada en tres millones de personas e incontables culturas, idiomas y étnicas a una población que hoy se estima en doscientas mil personas.
Además de estos ataques al medio ambiente y a los pueblos originarios, este proyecto de ley se suma a otras medidas antipopulares impulsadas por el bolsonarismo, como el nuevo techo al gastos que Diputados aprobó el miércoles pasado.
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Queda a la vista que para garantizar los derechos de la clase trabajadora, los sectores oprimidos y el pueblo pobre y conquistar nuevos derechos, está planteado luchar en forma independiente del gobierno de Lula-Alckmin y de las instituciones del Estado como el Supremo Tribunal Federal y todo el Poder Judicial brasileño, que vienen promoviendo las principales medidas que buscan descargar la crisis en sus espaldas.
El STF, con todos sus jueces, es una institución autoritaria, fue el articulador del golpe institucional de 2016 que destituyó a Dilma Rousseff. El Tribunal Superior Electoral (STF) tuvo una especial participación sacando a Lula da Silva del juego electoral encarcelándolo y proscribiéndolo en 2018, entre otras medidas.
Por eso es urgente que las centrales sindicales, las principales de ellas dirigidas por el PT y sus aliados como la CUT y la CTB, organicen un plan de luchas nacional para tirar abajo todas las leyes reaccionarias, impulsando asambleas en cada lugar de trabajo, uniendo a la clase trabajadora y pueblos originarios.
