La imparcialidad de la jueza queda en entredicho con los anteriores acuerdos con algunos de los delitos de cuello y corbata mas conocidos de la década, mientras a un joven por protestar por una prueba y una educación cuestionada por millones, recibe antes siquiera de los antecedentes una reprimenda moral fuera de todo juicio jurídico
Viernes 10 de enero de 2020
Cuando se trata de beneficiar a los responsables de delitos de corrupción como financiamiento ilícito a las campañas políticas, la jueza Alicia Rosende parece no tener la misma indignación que cuando se trata de un joven que protesta contra la Prueba de Selección Universitaria que segrega a los jóvenes que desean entrar a la universidad.
La jueza Alicia Rosende del 8vo Juzgado de Garantía de Santiago tuvo relación con los casos Penta y SQM y benefició a muchos imputados, revocó la prisión preventiva a Pablo Wagner (ex-UDI) por delitos de cohecho y lavado de activos, le otorgó una salida alternativa al UDI Iván Moreira por financiamiento irregular en el caso Penta y rechazó la petición del fiscal nacional Sabas Chahúan quien solicitaba los antecedentes de aportes reservados que recibió el ex PS Fulvio Rossi para las elecciones del 2012.
Sin embargo, ahora que la magistrado se encontró con el joven imputado por barricadas realizadas en protesta contra la PSU, no tuvo la misma disposición que antes benefició a los imputados por delitos de corrupción, al contrario, le preguntó directamente “¿No le parece una vergüenza, que está impidiendo a otras personas que quieren estudiar, que quieren salir adelante en la vida? Es realmente una vergüenza”.
Sin siquiera esperar a escuchar los antecedentes de la defensa del joven, la jueza juzgó al joven por manifestarse contra la prueba, lo acusó moralmente y demostró un sesgo de juicio que puede perfectamente ser considerado parcialidad de la magistrado para definir el futuro de la acusación contra el joven.
