El alegato -realizado el día de ayer- se desarrolló con los imputados una vez más ausentes y una sala colmada de militantes de derechos humanos, activistas y familiares de víctimas de la CNU.
Jueves 12 de octubre de 2017 19:28
Fotos: Rocío Tagliabue y Joaquín Díaz Reck
Durante la última audiencia del juicio a dos miembros de la organización paraestatal CNU de La Plata, Carlos “el Indio” Castillo y José “Pipi” Pomares, la querella de Justicia Ya! representada por Luz Santos Morón del CeProDH, Pía Garralda de APEL y Carolina Vilchez, pidieron la pena de prisión perpetua por genocidio. Solicitaron que se unifiquen las causas por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por esa banda paraestatal en La Plata y reclamaron que se investigue a varios miembros que aún continúan impunes. Previamente la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensanada realizó una radio abierta.
Con los imputados una vez más ausentes y una sala colmada de militantes de derechos humanos, activistas y familiares de víctimas de la CNU (Concentración Nacional Universitaria) se desarrolló ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, el pasado miércoles 11 de octubre, el alegato del espacio jurídico político Justicia Ya integrado por la Asociación de Ex - Detenidos Desaparecidos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); el Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; el Comité de Acción Jurídica (CAJ) e HIJOS La Plata. Lo hicieron en homenaje a Adriana Calvo y Cachito Fukman, militantes de la AEDD y a Jorge Julio López “quien de no ser por su segunda desaparición estaría presente en esta sala”.
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En primer lugar, expresaron sus críticas en cuanto a cómo llegó a juicio esta causa, y en general de la administración de justicia en cuentagotas, parcializada, distorsionada, descontextualizada en las causas de lesa humanidad que se constituye como una nueva construcción de impunidad. En este juicio se juzgan solo a dos imputados por solo siete víctimas en hechos cometidos entre febrero y abril de 1976, cuando el accionar represivo de la CNU con el apoyo del estado, la policía y la burocracia sindical durante los años 70 fue mucho mayor. Según Daniel Cechini, uno de los autores del libro “La CNU, El terrorismo de estado antes del golpe”, “en La Plata eran por al menos 40 represores que asesinaron a al menos 68 víctimas".
Las abogadas durante el alegato cuestionaron al tribunal por llevar adelante “prácticas de impunidad” por no haber “subsanado” las decisiones de la instrucción al momento que se solicitó la ampliación durante el juicio oral, llegando a fragmentar un mismo hecho delictivo en el caso de los trabajadores Micelli, Urrera y Satichq, que fueron asesinados juntos y los dos últimos quedaron fuera de este juicio.
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Para explicar el contexto histórico-político retomaron lo escrito por Andrea Robles, miembro del Instituto de Pensamiento Socialista e hija de Cesar Robles dirigente del PST asesinado por la Triple A, en el libro “Insurgencia obrera en la Argentina 1969-1976”: “estuvo signada por la caída de la dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía, por un ascenso de masas que, con epicentro en una provincia de grandes concentraciones obreras, que se conoció como el Cordobazo. Al calor de estos procesos, surge una vanguardia en las grandes fábricas que se va extendiendo a los principales cordones industriales del país, amenazando el poder de la burocracia sindical y que, junto al movimiento obrero, comienza a foguearse en la experiencia con el propio gobierno peronista que asume a partir de 1973. Muñida al espíritu de época, esa vanguardia pugnaba por ideas de transformación social radical. El movimiento estudiantil acompañó desde las universidades y colegios secundarios este proceso, junto a otros sectores populares, conformando de conjunto una vanguardia militante amplia".
Asimismo, manifestaron que no se trataron de hechos aislados y tenían un mismo modus operandi, es decir que formaron parte de un plan represivo implementado ya en los años previos al golpe donde las organizaciones paraestatales como la Triple A Comando Libertadores de América y la CNU jugaron un rol activo actuando con el apoyo y aquicencia del Estado y coordinando con las fuerzas represivas con un objetivo claro.
Expresaron: “Privaciones ilegales de la libertad, robos, ataques a locales partidarios, aplicación de tormentos y la matanza contra una generación militante, de activistas y luchadores, al que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo: cambiar regresivamente la estructura del país; disciplinar a sectores combativos del movimiento obrero y estudiantil y aumentar la explotación de la clase trabajadora".
Cabe recordar que entre las numerosas víctimas de la CNU platense entre 1974 y 1976, y cuyos casos no entraron en este juicio, figuran militantes, delegados y activistas como Carlos Pierini, Rolando Cháves, Luis Macor, Carlos Alberto Miguel, Rodolfo Achem, Rodolfo Carlos “el rusito” Ivanovich, Enrique Rusconi, Mario Gershanik, Luisa Marta Córica, Arturo “Patulo” Rave, Horacio Urrera, Carlos Saticq, Carlos Escafide, Alcides Mendez Paz, Adriana Zaldúa, Lidia Agostini, Nélida Villarino y los hermanos Gerardo y Raúl Arabel, entre más de 60 víctimas.
Refirieron las abogadas que “La antesala del genocidio, se dio durante el gobierno constitucional consolidándose el plan genocida y cobrando un alcance mayor durante la dictadura cívico-militar, prueba de ello es que como miembros de la CNU, Castillo y Pomares actuaban con el aval del Estado garantizándoles impunidad durante décadas respecto de los graves delitos que hoy estamos juzgando en esta sala".
“Solicitamos se condene a Carlos Ernesto Castillo a la pena de prisión perpetua (…) como coautor del delito internacional de genocidio por la privación ilegal de la libertad agravada y posterior homicidio agravado de Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Micelli, Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini; y por la aplicación de tormentos contra Néstor Dinotto, Graciela Martini, Adelaida Barón y Daniel Pastorino”, sostuvo Luz Santos Morón.
Para Pomares, reclamó “la pena de prisión perpetua (…) por ser penalmente responsable del delito internacional de genocidio por el homicidio agravado contra Néstor Hugo Dinotto y Graciela Martini; por la privación ilegal de la libertad agravada y la aplicación de tormentos contra Néstor Dinotto, Graciela Martini, Adelaida Barón y Daniel Pastorino”.
Además, se pidió la unificación de todas las causas que se encuentran en instrucción de numerosos asesinatos perpetrados por la banda paraestatal y se investigue la responsabilidad penal de los miembros de la CNU que han sido identificados durante el debate, entre ellos, Patricio Fernández Rivero , Antonio Agustín Toni Jesús, Ricardo Calvo, Ricardo Welsh, Gustavo Guillermo Fernández Supera (alias “El Misto”), Juan Carlos Gomila, Héctor Darío Alessandro, Roberto Storni, Cesar Alejandro Enciso, Néstor Beroch, Martín Osvaldo Sánchez (alias Pucho), Néstor “el Chino” Causa, Alberto Lampusano, Miguel “Turco” Nasif, , Ernesto Álvarez, Carlos “El Tano” Chiarizzia, Nora Fiorentino, Jacek y Cristóbal Piechocki.
Para finalizar este alegato recordaron el primer genocidio en nuestro país, el de los pueblos originarios y expresaron “Hoy, como ayer, la resistencia que dieron Llanquetru, Sauyhueque ante la conquista, se encuentra eslabonada con las luchas de los anarquistas y socialistas de los años 30 y 40, de los compañeros de los 60 y los 70 entre los cuáles se encuentren las víctimas y testigos de este juicio, por la transformación de la sociedad, del embate de los 90 ante la avanzada neoliberal y las rebeliones del 2001. Ese elemento de continuidad es el que hoy reivindicamos, como sostenía nuestro compañero Cachito Fukman: el de la lucha histórica que abrazaron todxs ellxs en cada página de esta historia. Santiago Maldonado es una expresión más del abrazo de esa historia eslabonada, hoy, él es un eslabón de las luchas de los compañeros que lo precedieron. En homenaje a todos ellos, y a los pueblos originarios que aun hoy resisten la avanzada de un Estado que los mata, los reprime y los señala como enemigos, decimos: Amulepe tain weichan, Putu monguelein que en lengua Mapuche significa: ¡Nuestra lucha continua, por eso aún estamos vivos. No perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos!”
