El fiscal general Marcelo García Berro expuso en la segunda jornada de su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín. Aseguró que están acreditados los vuelos de la muerte realizados en 1976 y 1977 en Campo de Mayo.
Martes 29 de marzo de 2022 11:30
En este juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Nro 2 de San Martín, se busca esclarecer el asesinato de cuatro personas que habrían partido en aeronaves desde Campo de Mayo y cuyos cuerpos fueron encontrados en el Río de la Plata y el Mar Argentino.
La causa llegó a juicio después de cinco años, desde que la jueza federal de instrucción de San Martín Alicia Vence la elevara en 2015. La investigación tuvo los testimonios claves de alrededor de 400 conscriptos quienes durante los años de la dictadura hicieron el servicio militar obligatorio en esa guarnición del Ejército.
Fue a través de la declaración de exconscriptos, que se pudo determinar la existencia de un oceanógrafo militar del Batallón 601, que recomendaba cuándo realizar esos vuelos según las corrientes marinas a fin de que no se encontraran los cuerpos en las costas del río y el mar.
El representante del Ministerio Público Fiscal durante la segunda parte de su alegato, confirmó este lunes que está acreditada la existencia de los vuelos. En el juicio hay cinco imputados, acusados por las desapariciones de cuatro víctimas que, entre 1976 y 1977, fueron secuestradas, trasladadas al centro clandestino de detención "El Campito” ubicado en Campo de Mayo, sometidas a la aplicación de tormentos, y finalmente subidas a aeronaves y arrojadas al mar o al Río de la Plata.
Los genocidas son el ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, y de cuatro de sus subordinados del Batallón de Aviación 601, que era el responsable de estos vuelos. También ex comandante de batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza, y el ex oficial de operaciones de esa dependencia, Eduardo María Lance. El entonces oficial de personal, Horacio Alberto Conditi, quedó fuera del juicio en la primera jornada de alegatos por incapacidad sobreviviniente.
Los militares están imputados directamente por el secuestro, las torturas y el homicidio de cuatro víctimas. Adrián Rosace y Adrián Accrescimbeni que eran estudiantes secundarios, y fueron secuestrados a comienzos de noviembre de 1976, torturados en alguno de los cuatro centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo, para luego ser subidos a un avión del Batallón y arrojados a las aguas del Río de La Plata. Sus restos fueron hallados en la zona de Magdalena y Punta Indio, los trajo el agua.
Otra de las víctimas es Rosa Novillo Corvalán, a quien secuestraron entre octubre y noviembre de 1976 en Zárate, y fue trasladada a Campo de Mayo. Su cuerpo apareció en las costas de Magdalena, con marcas de disparos en la axila, la pierna y la cabeza.
Roberto Arancibia fue secuestrado en mayo de 1977 junto a su esposa María Eugenia Zago de su casa mientras estaban junto a sus dos hijos. Fueron secuestrados y llevados a Campo de Mayo. El cuerpo de Maria Eugenia nunca apareció, pero los restos de Roberto fueron encontrados en febrero de 1978 en las costas de Las Toninas.
La fiscalía detalló en su exposición como eran las capacidades de transporte, autonomía de vuelo, posibilidades de lanzamiento de carga y las opciones de nocturnidad de cada avión. También describió las tareas que cumplieron los pilotos, dependientes de la plana mayor del Batallón de Aviación. Si bien de los informes aportados por el Ministerio de Defensa surge que eran varias las aeronaves a disposición de aquella unidad militar durante el período comprendido entre 1976 y 1977, muy pocas reunían las características para transportar a una determinada cantidad de pasajeros, volar con instrumental nocturno, tener autonomía suficiente de vuelo y despegar sin puertas, o poder abrirlas en vuelo.
Además, García Berro se refirió a los aviones de transporte Twin Otter DHC-6, y los Aeritalia G 222 FIAT, junto con unos helicópteros Bell UH-1H. De acuerdo a la información recabada por la fiscalía, el Twin Otter es un tipo de aeronave de carga de pasajeros y también utilizado para evacuación médica y en operaciones de paracaidismo, a la que además se le retiraban los asientos para aumentar su capacidad de traslado. Al ser un avión no presurizado, puede despegar con la puerta replegada o sin ella, lo que le permite la capacidad de lanzar “carga” en vuelo, por lo que el el fiscal lo ubicó como uno de los modelos de los "aviones de la muerte" utilizados en 1976.
El mismo informe, proveniente del relevamiento de archivos del Ministerio de Defensa, dice que algunos de los oficiales que piloteaban este avión llevaban ellos mismos prisioneros y prisioneras a la nave durante el año 1976. La fiscalía puntualizó que allí figuran identificados el acusado Delsis Malacalza, junto con el capitán Carlos Alberto del Campo, el teniente Carlos Manuel Rodríguez y el teniente Julio Toranzo Montero. Estos militares fueron incluso identificados por los exsoldados conscriptos en sus declaraciones prestadas en el debate.
La impunidad garantizada por el Estado
Recién después de casi 45 años del golpe genocida, en diciembre de 2020, el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, dictó una medida cautelar para preservar pruebas que podrían encontrarse en aviones en desuso depositados en Campo de Mayo, uno de los centro clandestinos más grandes del país. Las pericias fueron realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
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En ese momento, el TOF Nº 2 de San Martín, que preside el juez Walter Venditti, le solicitó al jefe del Ejército, general de brigada Agustín Cejas, que "se adopten medidas necesarias para que no se modifique el estado actual ni la situación jurídica de los aviones: Twin Otter matrícula AE-106 y Fiat G-222 matrículas AE-260, AE261 y AE-262; sin perjuicio de los derechos que pudieren haber adquirido terceros". Cabría la frase del lobo que cuida a las gallinas.
Campo de Mayo fue un centro clandestino del que desaparecieron más de 5000 personas, donde nacieron más de 200 niños y niñas en su maternidad clandestina, quienes fueron apropiados con participación directa de la Iglesia, a través del Movimiento Familiar Cristiano.
Años y años de impunidad garantizada por todos los gobiernos y el Poder Judicial.
A 46 años del golpe, la lucha por el juicio y castigo en cárcel común para todos los genocidas está más vigente que nunca.
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Andrea Lopez
@lopez76_andrea Cronista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.