Suspensión de elecciones. Juicio Político: las denuncias que preocupan a los jueces de la Corte

Todos manchados

La decisión este martes de la Corte Suprema de suspender las elecciones a gobernador y vice en San Juan y Tucumán trastocó el escenario político. Una noticia que deja unas primeras conclusiones, otras sospechas por el contexto, y que promete ofrecer nuevos capítulos. ¿Por qué ahora? En la Comisión de Juicio Político que investiga a los cuatro magistrados, se están ventilando denuncias y carpetazos que los complican, y puede dar algunas pistas del momento elegido.

Los tres jueces que se atribuyen el poder de decisión para suspender elecciones a menos de 5 días de los comicios, se apoyan en un evidente punto débil del régimen político: la perpetuidad en cargos ejecutivos en varias provincias. Pero lo hacen de forma totalmente parcial. Ratificando su alineamiento político con Juntos por el Cambio, muestran la doble vara. Cuestionan la perpetuidad donde gobierna el peronismo (Formosa es uno de los casos extremos con Insfran gobernando desde ¡1995!), pero no cuando involucra a la coalición cambiemita (como con el intendente radical de San Salvador Jujuy, reelecto por 5° vez). Por eso festejan Macri y Bullrich como si hubiesen escrito de puño y letra los fallos. La parcialidad se profundiza cuando la decisión de los jueces no cuestiona en lo más mínimo el antidemocrático y amañado sistema de votación que usan muchas provincias con la ley de acoples, de lemas o colectoras que utilizan las dos coaliciones mayoritarias por igual como denuncia el Frente de Izquierda. Es polémico, por decir lo menos, que un grupo de 3 jueces puestos a dedo, con privilegios y cargos eternos hasta que decidan jubilarse, quieran ubicarse como garantes de mecanismos democráticos. El objetivo de los fallos sobre San Juan y Tucumán es claramente político.

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Estos fallos exponen el enfrentamiento interno que existe en la propia Corte Suprema. Tienen la firma de tres de los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Ronsenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Quedó afuera de la decisión Ricardo Lorenzetti, con quien viene escalando un enfrentamiento. Uno de los motivos que los divide es por tirarse mutuamente la responsabilidad por las irregularidades en el manejo de millonarios fondos de la Obra Social del Poder Judicial. Esta es una de las causales que está investigando la Comisión de Juicio Político en Diputados, donde están testificando varios funcionarios del poder judicial que están sacando a la luz un manejo oscuro y sospechas de delitos por parte de los jueces. Veamos.

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Los fondos de la Obra Social

Hay un testigo particular que generó más revuelo por el tenor de las denuncias. Su nombre es Héctor Daniel Marchi, y es quien hasta hace algunas semanas, era el Secretario de Administración General de la Corte Suprema. Es decir, manejaba su abultada caja desde el 2008, y conoce muy de cerca el funcionamiento de la institución. Llegó a ese cargo de la mano de Lorenzetti. Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz decidieron removerlo de su cargo unos días antes de que brinde su testimonio en la Comisión de Juicio Político.

Héctor Marchi tuvo a cargo la supervisión de la Obra Social del Poder Judicial entre septiembre de 2021 y noviembre de 2022. En ese período elaboró varios informes donde detalló las irregularidades en el manejo de la obra social que tiene en sus manos la salud de alrededor de 100.000 afiliados y afiliadas.

Este martes, fue por segunda vez como testigo a la Comisión de juicio político, y resumió las irregularidades en “falta de contabilidad general, sin presupuesto ni balances ciertos, con información que se puede cambiar o perder al día siguiente, no se pueden controlar ni ingresos ni egresos con certeza. Es el escenario perfecto para cualquier hecho de corrupción”. Las sospechas, que ampliaron en el mismo sentido otros testigos, se centran en una administración de fondos millonarios llena de agujeros que nadie puede explicar, mientras la atención a los afiliados es un desastre y en algunos casos les ha costado la vida. Se deja ver una conveniente “desidia”: los cortesanos conocían las irregularidades y las dejaron correr por mucho tiempo. Hay una causa judicial donde también se está investigando todo esto, a cargo del Juez Ariel Lijo.

Marchi apuntó especialmente contra el juez Maqueda, quién estuvo a cargo de la supervisión de la obra social desde 2008 hasta agosto de 2021; y contra Horacio Rosatti por la supervisión actual (desde diciembre de 2022). Marchi se encargó de defender el período donde estuvo al frente de la supervisión de la obra social. Aunque los otros magistrados le endilgan a él la responsabilidad por el período previo al 2018 (cuando Lorenzetti era presidente del máximo tribunal). Lo que también es un hecho es que Marchi recién ahora decide hacer públicas estas denuncias.

Un dato importante es que la obra social de los judiciales no se rige por las mismas normas y leyes que todas las demás. Como todo en la Corte: hacen su propia ley sobre ellos mismos. Los jueces pueden modificar su estatuto, decidir sobre su funcionamiento, nombrar autoridades, etc, sin que ningún organismo estatal los controle.

El ex administrador denunció que la obra social “perdió por lo menos más de $2.700 millones de pesos” en los últimos 6 o 7 meses. Explicó que este prejuicio se debió a una negligencia por no constituir plazos fijos, provocando una pérdida “equivalente a dos meses de prestaciones de 100.000 afiliados”, en su mayoría trabajadores y trabajadoras. Marchi detalló que hay “reservas de $150.000 millones en la Corte y $80.000 millones en la Obra Social”. Deslizó que esos montos de dinero “son atractivos para cualquier grupo”. Remató con una acusación: “sin contabilidad integrada y con informalidad, la corrupción está asegurada”.

Silvio Robles, pedidos para borrar pruebas y amenazas

En sus dos testimonios, Héctor Marchi apuntó reiteradas veces contra Silvio Robles, la mano derecha del Presidente de la Corte, Rosatti.

Denunció a Robles por ordenar en diciembre pasado que se elimine la casilla de mail del juez Rosatti. Algo inusual, pero más sospechoso aún por la fecha en la que se consumó: exactamente el 15 de diciembre de 2022. 10 días después de que se filtren los chats de Lago Escondido. A fines del 2022 también salieron a la luz otros chats: entre el mismísimo Robles y el ex ministro de seguridad porteño de Larreta, Marcelo D´Alessandro.

Otro de los testigos del juicio político, de la dirección de sistemas de la Corte, confirmó esta información la semana pasada. Explicó que la eliminación de la casilla de mail significa que no puede recuperarse nada de su contenido previo a los últimos 3 meses.

Eso no fue todo. Marchi testificó que el propio Horacio Rosatti le “pidió destruir parte del legajo del doctor Althabe, donde Rosatti lo proponía". Mariano Althabe es el actual titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial (nombrado en octubre de 2022), a quien Marchi responsabiliza por el mal manejo de fondos en los últimos meses. El pedido de Rosatti de eliminar su legajo, tendría el objetivo de ocultar que fue el propio presidente de la Corte quien lo puso en ese lugar, según el ex administrador general.

Héctor Marchi también denunció “seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo”, y que “a algunos de mis colaboradores se les dijo que irán a trabajar a la Siberia si hablan conmigo”. De nuevo, apuntó a Silvio Robles por los aprietes.

En el testimonio del ex administrador, incluyó que Rosatti y Robles buscaron esconder los informes donde detallaba las irregularidades en la Obra Social.

¿Jueces y prebendas?

Este martes, Marchi sumó otra denuncia: que el presidente de la Corte buscó evadir una denuncia que lo tuvo en la mira, a cambio de prebendas. Deslizó que había que investigarlo, tirandole letra al oficialismo de la comisión de Juicio Político.

Las palabras de Héctor Marchi fueron: "Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti, por un exchofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses". Por “pedidos de contratos” se refiere a la posibilidad de ampliar el personal y los recursos a distintos juzgados.

Marchi sugirió que “seria conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a jueces durante 2021-2022 para dejar en claro esta situación”. Evidentemente, el ex funcionario, cuenta con información privilegiada sobre el manejo de contratos en la Corte Suprema, debido a que fueron decisiones que pasaron por su área mientras fue administrador general.

Hay un dato curioso. El permanente blanco del Frente de Todos, Horacio Rosatti, fue ministro de Justicia entre 2004 y 2005 bajo la presidencia de Néstor Kirchner. En ese entonces, ya era conocida la denuncia de una sobreviviente de la dictadura contra el actual presidente de la Corte. Patricia Isasa lo denunció por encubrir a un represor mientras Rosatti fue intendente de Santa Fe entre 1995 y 1999. Hay más: Silvio Robles ya trabaja con Rosatti cuando fue ministro de Kirchner, era “su asesor de prensa” como confirmaron varias periodistas judiciales que testificaron en el juicio político por el fallo del 2x1. Esa es otra de las causales que se está investigando en Diputados.

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Los jueces que hoy integran la Corte Suprema llegaron a ese lugar por acuerdos entre el peronismo y Juntos por el Cambio en el Senado. El oficialismo insiste en denunciar una verdad: que Rosatti y Ronsenkrantz fueron designados por decreto por el ex presidente Macri. Pero se olvidan de otra parte de la verdad: que luego fueron ratificados por el Senado, inclusive por muchos de los que hoy integran el Frente de Todos.

Se preparan nuevos capítulos de esta historia. Por lo pronto el presidente Alberto Fernández anunció este miércoles por cadena nacional, que va a incorporar estos fallos sobre suspender elecciones provinciales a las causales del Juicio Político a los integrantes de la Corte que se desarrolla en Diputados. Desde Juntos por el Cambio se oponen, como en en todas las demás acusaciones contra los magistrados (salvo la Coalición Cívica que solo denuncia a Lorenzetti con quien están enfrentados hace muchos años).

La judicialización de la política y los carpetazos en el propio Palacio de Justicia son características de momentos de inestabilidad política. En un año marcado por elecciones y un incierto recambio presidencial, crujen los poderes de un Estado degradado. Frente a un poder político desprestigiado, aparece un poder judicial que intenta ponerse como árbitro y amo al mismo tiempo que lo inundan sospechas que socavan su maltrecha legitimidad. En el medio de estas disputas, hay un poder económico que se preserva recostado en distintos bandos y apoyado en un programa de gobierno transversal, el del FMI.

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