En la cuarta audiencia del juicio contravencional contra los sindicatos, organizaciones sociales y los partidos el Frente de Izquierda -PTS y PO-, nuevos elementos se desprendieron de las declaraciones de los testigos que evidenciaron la inviabilidad de las contravenciones imputadas.
Jueves 27 de febrero de 2020 07:05
Uno de los testimonios más contundentes de ayer fue el de Burgos -policía que actualmente forma parte de la custodia de Milagro Sala-, quien afirmó que el día de la apertura de sesiones de la legislatura todos los grupos de las fuerzas de seguridad fueron afectados –caballería, infantería e incluso grupos especiales-, ratificando el enorme operativo montado por Gerardo Morales como respuesta a los múltiples reclamos por los que movilizaron aquel día sindicatos, organizaciones sociales, centros de estudiantes y partidos políticos.
La declaración del policía citado permitió demostrar que la acusación sostenida por el Departamento Contravencional no sólo es completamente inconstitucional e ilegal sino incluso inviable desde el punto de vista de las “faltas” promovidas.
El intento de utilizar los arts. 99º y 100º, referidos a la portación de armas y lanzamiento de explosivos, fue completamente desvirtuado ya que el propio policía fue incapaz de identificar autor alguno de las supuestas bombas molotov. Un requisito esencial para todo tipo de delito, la individualización del presunto actor del hecho.
Más inadmisible resulta el intento de continuar esgrimiendo el art. 113º, que pena la permanencia “en espacios públicos alterando el orden y obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal”, contravención modelo con la que el gobierno persigue a quienes se manifiestan. En sintonía con los bluf del propio abogado de la policía, Ariel Roldán, quien reconoció desde el inicio del debate la existencia de un vallado que rodeaba todo el perímetro de la legislatura que de hecho impedía la circulación por la zona, el policía ayer citado reafirmó la extensión del vallado, el que fue colocado horas antes de que los manifestantes se concentraran allí.
Dime con quién andas y te diré si te persigo…
En la audiencia de ayer se sumó un nuevo elemento que demostró claramente la persecución política denunciada por las organizaciones imputadas: el testigo de la policía reconoció que el día de la apertura de sesiones se encontraban presentes organizaciones políticas y sociales afines a Morales, completamente identificables por sus banderas e insignias radicales, que permanecieron en la calle paralela a la manifestación convocada por los sindicatos, siendo la única diferencia que su actitud era “de apoyo al gobernador”.
Las palabras del testigo evidenciaron la parcialidad con la que se determinan las contravenciones y la “alteración del orden público y libre circulación” siendo que las mismas acciones llevadas adelante por diferentes sectores conllevan diferentes respuestas. Más claro, echale agua.
Declararon también ayer Ricardo Ajalla, secretario general del CEDEMS en abril de 2018, quien destacó que el móvil d aquella movilización fue la recomposición salarial.
El periodista José Luis Politi que narró detalladamente cómo fue que la policía desplegó la represión de aquel día, describiendo como pudo ver las itakas por encima del vallado con las que tiraban balas de goma contra los manifestantes, así como pudo observar mujeres con heridas en su cuerpo y sofocadas por los gases lacrimógenos. Recordó que entre los presentes en la movilización confluían gremios como el SOEAIL que reclamaban por aumentos paritarios, trabajadores del Ingenio La Esperanza que habían sufrido represión y detenciones en diciembre tras los despidos y las escandalosas negociaciones de venta del complejo, así como también madres de la escuela Helen Keller que pedían por un edificio para sus hijos.
Por último, Julio Quintana, dirigente del Partido Obrero, prestó declaración detalló los dos episodios de represión que vivieron los manifestantes la tarde del 4 de abril de 2018, donde se dispuso un operativo policial desproporcionado frente a una movilización política pública.
