Corrupción. Juicio de "Vialidad": qué dijo la defensa del exministro De Vido para pedir su absolución

Este martes finalizó el alegato de la defensa de Julio De Vido, a cargo de los abogados Maxiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. De Vido fue exministro de Planificación Federal desde 2003 y 2015 y en este juicio está acusado de ser parte de la asociación ilícita y de administración fraudulenta para beneficiar al empresario Lázaro Baéz con 51 obras viales licitadas de forma irregular en Santa Cruz. Por estos delitos los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una condena de 10 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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Los abogados de De Vido utilizaron dos de las tres audiencias ofrecidas por el tribunal para cada defensa. La exposición fue extensa y tuvo como ejes la denuncia al uso político del juicio con violaciones a garantías constitucionales a los acusados, buscando refutar que hubo irregularidades en las obras en juicio, que haya alguna prueba vinculada al exministro con la adjudicación y control de las obras y de los fondos destinados, y también incluyó críticas a los fiscales por recortar la prueba, concluyendo en un pedido de absolución para su defendido. A continuación un repaso por los principales argumentos desarrollados en las dos audiencias.

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Violaciones a garantías constitucionales

El inicio de la defensa de De Vido estuvo a cargo del abogado Rusconi: "No cumpliría mi deber de abogado defensor si no dijera ante ustedes que hemos perdido toda fe en el estado de derecho. No tenemos ninguna expectativa de que el tribunal juzgue y tome nota de las enormes violaciones de las garantías que ocurrieron en el juicio. Las posibilidades son casi mínimas de que el tribunal no escuche desde un lugar de imparcialidad, seriedad. No se ha respetado el rol de la defensa”, sostuvo Rusconi. Entre estas violaciones mencionó la del principio de inocencia y la libertad del imputado, el derecho de defensa en juicio o por indefinición de los hechos junto al principio de congruencia. "Este juicio es un ejemplo contundente de lo q no hay q hacer” dijo, y denunció al juez como amigo del factor político perseguidor, el armado de pericias fraudulentas usando pruebas de otros juicios, y las presiones a jueces, como prácticas presentes en este juicio y en otros.

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Críticas a los fiscales

La falta de objetividad y el recorte de las pruebas para sostener ese relato fue una denuncia que atravesó el alegato ambos días. Para la defensa de De Vido, Luciani y Mola construyeron "un derecho penal de autor" y argumentaron que el exfuncionario no podría no haber sabido que había hechos de corrupción, pero no sumaron prueba alguna en su contra sobre la participación en los supuestos hechos. “El argumento es que como conocía todos los mecanismos legales por tantos años de experiencia es imposible que no conociera los ilegales” enfatizó Rusconi el lunes, y el martes volvió a criticar la actuación del Ministerio Público Fiscal al decir que "el relato del fiscal es una réplica de aquel que fue instalado en los medios de comunicación monopólicos desde 2004 a la fecha".

Para los abogados las imputaciones contra De Vido "están vacías de contenido" y son "absolutamente genéricas, nunca especificaron qué acciones se le atribuyen a nuestro defendido". Respecto a las resoluciones administrativas cuestionadas "corresponden a sus funciones, de trámites legales y normales propios de sus funciones".

Responsabilidad como ministro

"Todas las decisiones que tomó De Vido fueron legales y bajo las responsabilidades administrativas que tenía" afirmaron el lunes, diciendo que en una "lectura simple y sencilla vemos que en las planillas que le atribuyen a De Vido son resoluciones genéricas, y después cada provincia y jurisdicción le da el pliego y nombre para llamar a la licitación, cuando De Vido interviene no se sabe a qué licitación se llamará".

Además Palmeiro señaló que el exministro: "No hacía seguimiento ni supervisión sobre las obras, De Vido no hacía eso. (...) y sí podía ignorar quiénes eran los adjudicatarios en cada provincia porque esa decisión no pasaba por él", lo cual argumentaron fue afirmado por testigos en el juicio.

Quién maneja los fondos del presupuesto

El eje de la defensa consistió en refutar la acusación de responsabilidad por el direccionamiento de partidas de dinero a favor de Lázaro Báez y de Santa Cruz, ya que todas las obras investigadas en esta causa estaban fijadas en los presupuestos nacionales, que fueron aprobados por ambas cámaras del Congreso y pasaron por numerosos sistemas de control. Para esto recordaron los testimonios de los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Sergio Massa y Jorge Capitanich, entre otros, diciendo que quienes evalúan y aprueban las modificaciones en las partidas son la Oficina Nacional de Presupuesto junto a la Secretaría de Evaluación Presupuestaria.

Los abogados apuntaron que el exministro no tenía bajo su órbita la adjudicación de las partidas presupuestarias que otorgaba Nación a la provincia de Santa Cruz para las obras viales, por lo tanto, no aplicaría el delito de administración fraudulenta, si la hubiera. Según explicó Rusconi el lunes, De Vido administraba la caja chica de Planificación, pero no las partidas del Presupuesto Nacional, en donde figuran las obras viales.

"De Vido no fue mencionado por ningún testigo en todo este juicio" declaró Rusconi, y que los fiscales no interrogaron a los testigos del juicio sobre su rol.

Irregularidades en las obras

También Rusconi señaló el lunes sobre las demoras sufridas en las obras que se acusan, que el Estado puede ser ineficiente pero esto no constituye un delito.

Respecto de la acusación del direccionamiento para beneficiar a Báez, la defensa del exministro argumentó que las empresas que más obras públicas hicieron entre 2003 y 2015 en todo el país fueron Techint, Electroingeniería, Iecsa, Corporación América, Odebrecht, Cartellone, Grupo Roggio y Simmens. "Buscamos, pero no aparecía ni Lázaro Báez ni Austral Construcciones en los primeros veinte lugares", dijo Rusconi. Y detalló que la empresa figura en el número 36 con el otorgamiento del 0.3% de la obra pública en todo el territorio. Gabriel Palmeiro recordó que los testigos dejaron probado que no hubo irregularidades, incluso los convocados por la fiscalía y por la declaración y auditoría presentada por el propio denunciante, el exdirector de Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel.

En el segundo día de los alegatos, los defensores presentaron las declaraciones de algunos testigos para desmentir la acusación del fiscal en torno a las obras adjudicadas a Báez. Por un lado, los testigos que trabajaron para la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que dijeron en el juicio no haber encontrado irregularidades en las obras ejecutadas por las empresas de Lázaro Báez. Por otro lado, las testimoniales de empresarios como Ángelo Calcaterra, Juan Chediack, Carlos Wagner dijeron que los anticipos financieros es algo común en las obras, que es muy habitual la redeterminación de precios. Para enfatizarlo el abogado citó como ejemplo una parte de la declaración testimonial de Ángelo Calcaterra, exdueño de la constructora IECSA y primo de Mauricio Macri, que dijo: “Es imposible hacer una obra sin predeterminaciones de precios. No conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado”.

Además, Palmeiro criticó al perito de la Corte Eloy Bona que hizo un análisis sobre las 51 obras en cuestión en el juicio adjudicadas al Grupo Austral donde se detectaron sobreprecios por al menos 170 millones de dólares. Al respecto dijo que el perito utilizó herramientas que no eran adecuadas y que la conclusión no tenía sustento.

Responsabilidad de controlar presupuesto y obras

Sobre el control de las obras, afirmaron que "se hacía en sede provincial" y que esos controles se hicieron, remitiendo a la declaración testimonial de Bahamondez. Agregó que el ex ministro "no tenía injerencia" sobre la toma de decisiones en Santa Cruz, y que ser el funcionario a la cabeza del Ministerio de Planificación no implica responsabilidad de controlar a sus inferiores y todo lo que pasa debajo de su cargo, lo que sería "ilógico" ya que tenía amplias funciones y competencias.

Por otra parte, el primer día Rusconi también respondió la acusación por la cual la Sindicatura General de la Nación evitó el contralor y garantizó la impunidad del direccionamiento al estar a cargo de Alessandra Minicelli, por su vínculo matrimonial con De Vido. Citó una disposición por la que expresamente estaba excluida de ejercer ninguna facultad de control sobre el Ministerio de Planificación y advirtió que los fiscales omitieron este documento de forma intencional.

Celular de López

Respecto a las extracciones del celular de José López, los abogados establecieron el primer día que no se nombraba a su defendido, y que "ni los hechos ni las normas ni las pruebas pueden ser sorpresivas", agregando que es falso que Pantalani haya formado parte de las supuestas maniobras, como concluyó Luciani a partir de la lectura de los mensajes telefónicos. Asimismo negaron cualquier relación comercial entre Báez y De Vido.

Asociación Ilícita

Rusconi criticó que se haya aplicado el delito de asociación ilícita en el pedido de condena del Ministerio Público Fiscal de diez años de prisión para De Vido como organizador de la misma. Afirmó que no hubo asociación ilícita argumentando que "la estructura pública del Estado jamás puede ser presentada como una asociación ilícita. Es una idea política" y que eso significaría "criminalizar una ideología, un ejercicio de poder al que se llegó con el voto popular". El abogado Palmeiro agregó que "No se ha podido acreditar que Julio De Vido haya estado en modo alguno en una asociación ilícita, no es organizador de ninguna banda" y que "simplemente fue ministro, y acá lo que ese está juzgando es su rol como ministro”.

El mate de la discordia

Rusconi señaló al juez Giménez Uriburu en su primer día de alegato: "No nos gustó para nada que uno de ustedes haya mostrado en su mate el logo de un equipo de fútbol en un momento que generaba preocupación. ¿Cree que eso es sano, que contribuye a la República? No, daña a la República", dijo. Luego de un cuarto intermedio pedido por Rusconi, Giménez Uriburu le contestó: "Es el mismo mate que uso en todas las audiencias orales. No estuve atento a cuestiones superfluas hasta que una persona del tribunal me hizo notar que en redes sociales circulaba una foto del mate y decidí dejar de usarlo. Jamás he tenido una actitud provocadora con las partes o el público presente. Jamás se me ocurriría tomar mate para provocar", sostuvo y concluyo que "entiendo que después cada uno podría interpretarlo como quiera".

Al volver a tener la palabra, Rusconi respondió: "Me parece una nueva lesión al debido proceso, a un espacio sagrado de la defensa como es un alegato. Permítame denunciar este nuevo atropello de su magistratura sobre la mía. Es inadmisible lo que acaba de suceder propio de este juicio y de sus irregularidades".

Lo cierto es que el juez fue recusado por varios acusados, encabezados por Cristina Kirchner, al hacerse de público conocimiento mediante fotos publicadas en Página 12 que tanto el magistrado como el fiscal Luciani forman parte de un equipo de fútbol “Liverpool” que juega en la quinta Los Abrojos del expresidente Mauricio Macri. Dado que el tribunal rechazó las recusaciones, fueron llevadas ahora a la Cámara Federal de Casación con un recurso de queja.

Pedido de absolución

El lunes Rusconi ya adelantaba que "con absoluta contundencia vamos a demostrar el total fracaso de la tesis del Ministerio Público Fiscal respecto de nuestro defendido y el tribunal va a tener la obligación procesal, ética y constitucional de absolver a Julio De Vido", así como que "creemos que en cabeza de Julio De Vido no se identificó ninguna acción concreta ni omisión que pudiera atribuirse penalmente”, sostuvo y que el exministro "nunca debió estar sentado como acusado ni estar sometido a este juicio".

El martes Palmeiro concluyó los alegatos diciendo que "la imputación de los fiscales desde el punto de vista a la normativa jurídico penal, ha fracasado" respecto los dos delitos atribuidos a Julio De Vido. "Hacemos las reservas federales y en virtud de los argumentos expuestos solicitamos sentencia absolutoria para Julio De Vido y se disponga el cese inmediato de todas las restricciones impuestas”, cerró.

El viernes será el turno de la defensa del ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, a cargo del abogado Lucio Simoneti, quien adelantó que utilizará una sola audiencia y será de forma presencial en los tribunales de Comodoro Py.

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