General Roca. Juicio por Rafael Nahuel: el racismo de Prefectura en la voz de sus ejecutores

Como relató La Izquierda Diario en una nota anterior, el juicio por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel (ocurrido en noviembre de 2017 en Villa Mascardi, cerca de Bariloche) comenzó el martes con un “mensaje” del Tribunal Oral Federal de General Roca, integrado por los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava: las cosas para las comunidades mapuche no serán nunca fáciles con un Poder Judicial al que el racismo y la criminalización de los oprimidos le cae de maravillas.

Botón de muestra es el “detalle” de que el juicio se realiza a 520 kilómetros de donde ocurrieron los hechos, cuando en Bariloche (a 30 kilómetros) hay un Juzgado Federal que podría realizar el proceso sin diferencias con su par de General Roca. El traslado de familia, testigos (un centenar) y demás personas involucradas en el juicio sólo favorece a los privilegios del Tribunal. Y ni siquiera molesta a los acusados, a quienes se les permite seguir las audiencias por Zoom desde sus casas.

Además este juicio, sobre el que hay mucha atención puesta, es muy oral pero casi nada “público”. El Tribunal decidió que sólo sean transmitidas por Youtube un puñado de audiencias (la de apertura, la de alegatos y la de sentencia). Los gerentes de la llamada “Justicia” no pueden ocultar su temor a que se ventile en vivo y en directo la verdad. Saber lo que allí pasa depende de estar presente o de tener fuentes confiables, algo vedado a casi toda la población.

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Matar al indio

Como si fuera un juego de roles, en la segunda audiencia del juicio, realizada el miércoles, los propios imputados por el homicidio de Rafa Nahuel demostraron qué valor se le da desde diversos reductos estatales a la lucha mapuche y de los pueblos originarios en general. El racismo, la xenofobia y la estigmatización de las comunidades originarias es, como siempre lo fue, patrimonio cultural del Estado capitalista.

En la primera audiencia el abogado Marcelo Rochetti (de cuyo prontuario se habla más abajo) había anticipado que dos de sus defendidos, Francisco Pintos y Carlos Sosa, querían hacer uso de su derecho a declarar. Su otro cliente es Sergio Cavia, quien según las pericias con las que se llegó al debate, fue el gatillador de la bala asesina. Los otros dos prefectos juzgados, Juan Obregón y Sergio García, tienen abogadas aparte. Los cinco son del Grupo Albatros de Prefectura Naval.

Por recomendación de su defensor, Pintos y Sosa pidieron la palabra. Lejos de toda naturalidad, decidieron leer un texto cada uno y no responder preguntas ni de jueces, ni del fiscal ni mucho menos de las querellas. Al menos por el momento, la defensa prefiere que Cavia se mantenga en silencio.

Francisco Pintos leyó durante poco menos de media hora. Su relato combinó la victimización (tesis del enfrentamiento y la legítima defensa) con el odio racista hacia los mapuche. Hizo hincapié en la controversia alrededor de las pericias balísticas incorporadas al expediente, que según él no permiten determinar de qué arma salió el disparo letal. Algo que repetiría luego Sosa.

Es más, dijo que la bala que mató a Rafita salió de un arma portada por los propios mapuche: “Recibió el balazo por la espalda y nosotros estábamos disparando de frente”, dijo.

Las querellas desmienten categóricamente las afirmaciones de Pintos. Aseguran que no hay en la causa ninguna prueba ni pericia que habilite a decir que Nahuel murió de otra forma que no sea por un disparo de los albatros.

Pintos se definió a sí mismo y a sus compañeros como “chivos expiatorios” y “víctimas” del accionar del Poder Judicial y de funcionarios políticos, a los que calificó de “corruptos y cobardes” por no “animarse” a tomar medidas para terminar con “el problema mapuche”. Y tildó de “miedosos” a los jueces Gustavo Villanueva y Leónidas Moldes (actuaron en la instrucción), porque “desde sus cómodos despachos” decidieron imputarlo y detenerlo con “una pericia trucha”.

La pericia de la que habla Pintos es una prueba balística realizada por los peritos oficiales Roberto Nigris y Karina Uribe a poco de producido el crimen. Según ese informe, un proyectil salido del subfusil MP5 de Pintos era el que mató a Nahuel. En 2018 apareció otro informe balístico, realizado por Gendarmería (hermana de Prefectura), que desautorizaba al primero y negaba la relación entre la bala y el arma de Pintos.

Una tercera pericia, realizada en 2021 por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta, finalmente indicó que el arma de la que salió esa bala es la pistola Beretta 9 milímetros que ese día portaba el cabo primero Cavia. De eso se agarra Pintos para autoexculparse.

Posado sobre esas divergencias periciales, el albatros acusó a los jueces de “no tener el valor de actuar como la Nación lo esperaba” frente a la comunidad mapuche. “No tienen el coraje de enfrentar a los mapuches como yo lo hice”, leyó. Insistió con la tesis del “enfrentamiento” armado y llegó a afirmar, como si el muerto no estuviera del otro lado, que los prefectos salvaron sus vidas “de milagro”.

De todos modos, Pintos confirmó que a tres personas les disparó al cuerpo. Se justificó al decir que se vio “superado en número (...) Estaban detrás de los árboles, frente a nosotros. Efectué pocos disparos, solo cinco”. Para él no hubo ningún “exceso de legítima defensa” (tal la calificación legal con la que los acusa la Fiscalía), porque actuaron “de acuerdo a la Ley”.

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En otro párrafo de su declaración, Pintos caracterizó a las comunidades mapuche como las que “hacen escraches, escupen, usurpan e incendian”. Un estereotipo de manual que el Estado y sectores de la derecha utilizan para justificar la criminalización, pese a carecer de pruebas que demuestren la veracidad de las acusaciones. Como para sumar racismo y xenofobia, Pintos dijo que cuando se enfrentó a los jóvenes en Mascardi, “vestían ropas características de mapuche” y “gritaban en un idioma que no es el oficial de la República Argentina”.

El albatros dijo que él y sus secuaces actuaron, además de por orden judicial, con un “patriotismo” del que carecen jueces, fiscales y políticos. Y que ese patriotismo es indispensable para luchar contra “personas mapuche” que “desconocen la bandera” argentina y hasta “tienen sus propios símbolos”. Por eso aseguró que, si lo condenan por el crimen de Nahuel, es posible que “jamás” se recupere, pero su “dignidad y honor” estarán “intactos”.

El prefecto remató: “El arma que mató a Rafael Nahuel no está, y menos fue disparada por mí”. El mismo argumento con el que tomó la posta su compañero Sosa, quien aseguró no haber matado a nadie y que, encima, “no existe certeza de qué arma disparó el proyectil que mató” a Rafael. “Nos quieren culpar como sea”, protestó al tiempo que habló de “atropellos” a sus derechos por la “cobardía” de quienes deben impartir justicia. Curiosamente, como se dijo en otra nota de este diario, los imputados parecen contar con muchas preferencias y privilegios dados por el Tribunal de Roca. Qué desagradecido.

En línea con Pintos, Sosa finalizó su relato exigiendo a los jueces que “demuestren su valentía y no claudiquen ante un grupo de violentos que no dudan en incendiar, destruir y matar. Mientras no cumplan con su deber nuestra patria estará sometida a la violencia”.

Dime quién te defiende y…

Hagamos un asterisco sobre el defensor de Pintos, Sosa y Cavia. Marcelo Rochetti es un millonario abogado penalista que con el macrismo accedió a diversos cargos públicos. Antes de 2016 había sido jefe de Seguridad de la Legislatura porteña cuando la conducía Cristian Ritondo. Allí conformó una tropa de patovicas integrada por barrabravas. Los contactos con ese submundo incluyen su defensa de Rafael Di Zeo (exlíder de La 12 de Boca) en una causa por falsificación de documentos.

Cuando en 2015 María Eugenia Vidal asumió la Gobernación bonaerense y puso a Ritondo de ministro de Seguridad, éste puso a Rochetti como su jefe de Gabinete. Una de sus tareas fue organizar viajes a Miami junto a funcionarios judiciales, como el fiscal Sebastián Scalera. La “mesa judicial” del PRO bonaerense ardía al calor del armado de causas contra oponentes políticos.

Pero en agosto de 2018 Rochetti renunció al cargo, luego de que Elisa Carrió (socia fundadora de Cambiemos) lo denunciara por asociación ilícita. Copropietario de la aseguradora Caledonia SA con Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo, Lilita afirmó que Rochetti se dedicada a operar desde el Estado para favorecer negocios privados, propios de otros amigos.

Cuando Rochetti asumió la defensa de los prefectos que mataron a Nahuel e hirieron a otros jóvenes, Ritondo y Patricia Bullrich le encomendaron una misión casi imposible: tomar del expediente aquello que sirviera para armar un relato según el cual sus defendidos fueron víctimas de un enfrentamiento con una banda de forajidos, se defendieron como pudieron, no les quedó otra que apretar sus gatillos (más de 130 veces, hay que recordar) y, encima, no hay que descartar que los mapuche se hayan matado entre ellos. Lo mismo que dijeron los funcionarios peronistas en 2022 sobre Kosteki y Santillán o lo que dijeron en 2010 sobre los muertos en el Parque Indoamericano.

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Durante este juicio, Rochetti y sus clientes se escudan en el formato virtual (institucionalizado durante la pandemia) para estar lo menos posible en la sala de audiencias. En su caso, hasta se da el lujo de poner la cámara mostrando sólo sus calvos parietales y decirle a los jueces que no puede cambiar el enfoque porque, mientras presencia las audiencias, está “trabajando en otras cosas con la computadora”.

Cómo sigue el juicio

Las audiencias continuarán a razón de dos por semana, los martes y miércoles. En las dos próximas declarará una decena de testigos, todos miembros de las fuerzas represivas. Además de las posibles contradicciones en las que puedan caer (no todos se aprenden el libreto a la perfección), será importante cotejar sus dichos con los de otros testigos que también pasarán ante el Tribunal.

La familia de Rafael aguarda especialmente los testimonios de los jóvenes mapuche que estuvieron ese día en la lof Lafken Winkul Mapu y que salvaron sus vidas de casualidad. Entre ellos Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes cargaron a Nahuel agonizando hasta la ruta para que lo asistieran. Y Johana Colhuan, quien vio caer a Rafael a su lado tras ser alcanzado por la bala 9 milímetros. Ella resultó herida de un balazo que le entró y salió por uno de sus hombros. Su caso y el de Gonzalo Coña, herido en su cadera, debieron incorporarse al juicio como homicidios en grado de tentativa, pero el Tribunal lo desestimó.

Pese a las trabas impuestas por el Tribunal y a la diferencia de calificación con la Fiscalía (que acusó por “homicidio en exceso de legítima defensa” y no por “homicidio agravado”), las querellas se muestran confiadas en que la verdad volcada en el debate ayudará a demostrar no sólo el crimen brutal a manos de Prefectura sino toda la trama de encubrimiento de parte de los jefes políticos de esa fuerza federal.

Los abogados Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, abogados de la APDH, patrocinan a la familia de Nahuel. Y también actúa como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo hace a través del abogado Mariano Przybylski y su presencia y acompañamiento es valorada por la familia. Ello no oculta, sin embargo, que desde la dependencia que conduce Horacio Pietragalla hayan mantenido una conducta al menos sinuosa para con ellos y con la comunidad mapuche en general.

Por un lado, se trata del mismo Gobierno del Frente de Todos que, a través de las fuerzas federales comandadas por el ministro Aníbal Fernández, en octubre de 2022 desalojó violentamente del mismo predio de Villa Mascardi a mujeres y niños. De no haber muerto, Rafael Nahuel hubiera estado ahí. La violación a derechos y garantías básicas fue tal que la entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se vio en la “necesidad moral” de renunciar a su cargo. Sin embargo la Secretaría de Derechos Humanos no se diferenció del Ministerio de Seguridad. Apenas instrumentó un operativo de control de daños.

Por otro lado, la misma Secretaría le prometió durante largo tiempo a la familia una más que necesaria asistencia psicológica. Los padres y hermanos de Nahuel no tienen recursos para afrontar este tortuoso proceso con una adecuada contención profesional. Según pudo saber este diario, esa asistencia, realizada por profesionales del Centro Ulloa de la Secretaría, recién se hizo concreta pocos días antes del inicio del juicio.

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Casualidades calendarias

El juicio comenzó 48 horas después de las PASO. Con un histórico 32 % de abstención, las fuerzas más votadas fueron las encabezadas por Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, tres cultores de la mano dura policial y de la criminalización de los pueblos originarios. Sus delimitaciones electorales no pueden tapar sus coincidencias en muchos puntos relacionados con la sistemática negación de los reclamos ancestrales de los pueblos originarios. Su acuerdo incluso es más profundo, ya que es parte de sus programas de gobierno no sólo permitir sino fomentar la expoliación que un puñado de corporaciones hacen de los bienes naturales comunes, en detrimento de la supervivencia de las comunidades indígenas.

El crimen de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura racista comandada por la represora Patricia Bullrich (hoy con chances de ser presidenta), es otro trágico capítulo de la larga historia que recorre este suelo. Por eso, exigir verdad y justicia por Rafita no es una consigna individual, sino una necesidad colectiva, que debe expresarse en las calles y de forma independiente del mismo Estado que mata y encubre.