Este miércoles, se conocerá el veredicto en la causa por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. En la causa están imputadas 34 personas, entre ellas los ex jueces Romano y Miret
Martes 25 de julio de 2017
Foto: Diario Los Andes
Este miércoles será la última jornada del histórico juicio a genocidas en Mendoza. Este juicio, que comenzó en Febrero de 2014 se lo conoce como “Megacausa”, ya que suma 20 causas por delitos de lesa humanidad y están imputadas 34 personas, entre militares, policías, penintenciarios y 4 ex jueces federales.
Los ex Jueces Luis Miret, Otilio Romano, Guillermo Petra y Rolando Carrizo están acusados haber sido cómplices de los delitos comentidos en el centro clandestino de detención conocido como D2, entre otros, por no haber investigado delitos graves denunciados por familiares de detenidos desaparecidos.
Tanto la Fiscalía como los abogados querellantes de los organismos de Derechos Humanos de la provincia solicitaron la prisión perpetua para los cuatro ex jueces. Las pruebas reunidas dan fundamentos a la Fiscalía para afirmar que estos ex jueces omitieron investigar, rechazando cientos de pedidos de habeas corpus que solicitaban las familias de las víctimas. Además fueron acusados por la Fiscalía de responsabilidad primaria en los crímenes de lesa humanidad como múltiples privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y vejámenes en cautiverio, allanamientos ilegales, desapariciones y homicidios.
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Un poco más de un mes después que la justicia condenara a doce genocidas en el sur provincial, termina este juicio histórico en la lucha de los organismos de DDHH por memoria, verdad y justicia. Ex detenidos, familiares de víctimas, organismos de DDHH y organizaciones sociales y políticas se concentrarán este miércoles desde las 17hs en Tribunales para esperar la sentencia.
El Juicio a los Jueces
Los exintegrantes de la Cámara Federal de Mendoza Otilio Romano y Luis Miret son hoy imputados en la causa conocida como “Juicio a los jueces”. Ellos cumplían la función de blanquear a los detenidos secuestrados por el terrorismo de Estado y hacer pasar las torturas como interrogatorios, poniendo de relieve la complicidad de este poder del Estado que durante estos 40 años ha tenido el privilegio de mantenerse al margen.
Otilio Romano comenzó a ser investigado, y fue removido, en el año 2011. A raíz de esto se escapó a Chile donde permaneció dos años prófugo. Cuando se logró su extradición, en 2013, quedó detenido con prisión preventiva en el penal de San Felipe.
Mientras estuvo en el país vecino declaró en los medios que era “un perseguido político”y que no sabía “que carajos de delitos son esos”, haciendo alusión a los delitos por los que hoy enfrenta un juicio de lesa humanidad. Desde entonces viene reclamando el beneficio de la prisión domiciliaria que finalmente le fue otorgado en julio del año pasado.
