Página 12 publica hoy una extensa nota en la que reproduce denuncias que fueron recibidas por la Comisión de Organismos de Derechos Humanos y diputados que se constituyó en Jujuy en septiembre.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Domingo 30 de octubre de 2016 17:24
Una comisión integrada por representantes de organismos de derechos humanos, diputados nacionales y legisladores provinciales fue la encargada de recibir y visibilizar la situación gravemente represiva que se vive en Jujuy, situación que se agravó con la asunción del Gobierno de Morales y Haquim.
La Comisión, luego de la recepción de las denuncias de decenas de trabajadores, miembros de comunidades originarias, familiares y víctimas de gatillo fácil, integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala entre otros, emitió un duro informe en el que quedaron reflejados los testimonios recibidos.
Así lo expresa la nota publicada hoy en Página 12, titulada “Busca crear la capital de la represión y la impunidad”, de Ailín Bullentini. La misma sostiene que: “’Jujuy vive una sucesión inédita de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y políticas’, concluye un reciente informe elaborado por referentes de derechos humanos y legisladores nacionales y provinciales sobre ’las violaciones a las libertades democráticas’ en el territorio gobernado por el radical Gerardo Morales. La comisión que elaboró el informe trabajó sobre denuncias de ciudadanos y organizaciones sociales y sindicales jujeñas que ’permiten constatar’ la ‘situación represiva y de violación a las libertades democráticas’ que transita esa provincia. Los testimonios certifican casos de persecución sindical, política, por causas sociales, raciales o ambientales, así como también revelan casos de gatillo fácil y torturas en comisaría. La comisión decidió difundir lo visto y oído con una alerta destinada al resto del territorio argentino: ’El gobierno de Morales busca transformar a Jujuy en la capital nacional de la represión y la impunidad. Un laboratorio que, si triunfa, intentarán trasladar a nivel nacional’”.
La Comisión, como hemos reflejado ampliamente en La Izquierda Diario, estuvo integrada por diputados y legisladores y organismos de derechos humanos nacionales. Entre los diputados nacionales presentes en Jujuy para recibir estas denuncias estaban presentes Myriam Bregman (PTS-FIT); Josefina González (Frente para la Victoria); Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria – Movimiento Evita). También hubo legisladores provinciales como Raúl Godoy, PTS-FIT (Neuquén) y Juan Manuel Esquivel (Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular-Jujuy). Como parte de los organismos de Derechos Humanos, participaron de la comisión integrantes de Justicia Ya!; el CELS; la Liga Argentina Por los Derechos del Hombre; La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos; la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Familiares de Ex Detenidos de Jujuy; la CORREPI; Familiares de Ex Detenidos de Jujuy; APDH La Matanza; Ex detenidos de Ledesma; Luis Paz y Paula Álvarez Carrera, abogados de Milagro Sala; Francisco Jara Sánchez (presidente ex presos Libertador San Martín. Tuvo el mérito de visibilizar las graves denuncias que se expusieron.
“Es significativo que nos hayamos juntado alrededor de un reclamo, mas allá de las diferencias. Demuestra que es justo, que estamos hablamos de violaciones a los derechos humanos graves”, remarcó Myriam Bregman, diputada por el FIT. “Se trata de una negación del Estado de derecho enorme”, continuo Araceli Ferreyra, colega de Peronismo para la Victoria. Es que desde que Milagro Sala fue detenida, en enero pasado, cada uno por su lado, comenzó a enterarse de historias “graves: despidos, extorsiones, ataques directos de las fuerzas de seguridad, suspensiones, amenazas. Muchísimas, porque el caso de Sala era el más conocido, pero desde entonces lo que se desató en Jujuy fue una verdadera cacería de opositores, de luchadores, de todo aquel que insistiera en contra de la impunidad. Morales no dejó un solo sector libre de persecución”, puntualizó la diputada del FIT”, refleja Página 12 en su edición de hoy.
Es interesante destacar que el diario ha publicado algunos de los testimonios completos de varios de quienes fueron a denunciar a la Comisión de organismos y legisladores, ya que expone ante los ojos de millones la cruda realidad que viven los sectores que luchan y enfrentan la represión en Jujuy.
“Los referentes de derechos humanos y legisladores detectaron que ‘la situación inédita de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y políticas’ comenzó con la detención de Sala y de otra decena de integrantes de la Tupac Amaru y está ’enmarcada’ en la ampliación del Tribunal Superior de Justicia donde fueron nombrados como jueces activos ‘militantes del radicalismo que hicieron su propia y escandalosa reforma para poder asumir’. Con esa mayoría propia en la máxima autoridad judicial de la provincia ‘iniciaron una cacería de brujas para demonizar cualquier reclamo obrero y popular, dejando además vía libre a las patronales y al propio gobierno en los planes de ajuste y despidos’, denuncian en el documento. Ejemplifican: despidos y cesantías en la secretaría de Agricultura Familiar y en el sector de educación pública; despidos y suspensiones en empresas de acero e ingenios azucareros; detención de comisiones internas sindicales, represión a trabajadores. Además, denunciaron la aplicación del Código Contravencional aprobado durante la anterior gestión provincial ‘que criminaliza a la juventud, la pobreza y la protesta y otorga superpoderes a la Policía’”. Y sigue la nota: “En el informe figuran transcritos -en la mayoría de los casos, con los nombres cambiados ‘por seguridad de los denunciantes’- los testimonios recibidos durante el encuentro”.
Espionaje ilegal
Digamos para finalizar que a la situación descripta hay que sumarle las nuevas denuncias que dan cuenta de que los participantes de dicha Comisiòn y en Encuentro posterior que realizò en CeProDH fueron objeto de espionaje ilegal por parte de la Gendarmerìa Nacional.
Junto con copias de volantes y afiches que denuncian el Estado policial en Jujuy, los gendarmes realizan su propio análisis de la información recabada en Jujuy: “Se aprecia que (estos dirigentes) y sectores no afines al oficialismo provincial y nacional, se encuentran llevando a cabo una campaña de desprestigio contra el Gobierno mediante los medios de comunicación social, Facebook, Twitter y prensa digital de la provincia de Jujuy. Se estima que estas actividades se irán incrementando en forma paulatina con el objeto de perjudicar la imagen del Gobierno provincial y nacional, con el fin de crear situaciones que distraiga al P.E.P. en sus objetivos gubernamentales”.
En las últimas horas, mientras el gobierno hace oídos sordos a los reclamos de la ONU por la libertad de Milagro Sala, se conoció una nueva intimidación a Natalia Morales, referente del PTS en Jujuy y delegada perseguida de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Agricultura. Un mensaje además de amenazar a Morales (ex candidata a gobernadora por el FIT) de ser la próxima Milagro Sala, también se afirma que hay una división de inteligencia especial de la policía de la provincia que se encuentra espiando a ella y a Alejandro Vilca, referente del Frente de Izquierda y dirigente del PTS.
La gravedad de todo lo denunciado en septiembre y estas denuncias, ratifican que Jujuy en la “capital nacional de la represión y la impunidad”.
A continuación reproducimos el informe completo elaborado por la Comisión de organismos de derechos humanos y legisladores en Jujuy:
Informe Jujuy by La Izquierda Diario on Scribd
