Ayer tomó estado público el proyecto firmado por el senador nacional Guillermo Snopek del Frente de Todos pidiendo la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy. El senador del PJ, partido que colaboró con Gerardo Morales en montar un régimen policíaco, pide la intervención sin nombrar a la presa política Milagro Sala, ni a la causa persecutoria contra sindicatos, organizaciones sociales y la izquierda.
Viernes 21 de febrero de 2020 16:35
Anoche se hizo público en varios medios nacionales que el senador del PJ Guillermo Snopek, cuñado del gobernador Gerardo Morales, presentó un proyecto para la Intervención Federal del Poder Judicial de Jujuy luego de que se hicieran públicos los audios donde se lo escucha a Pablo Baca (Presidente del Máximo Tribunal de Jujuy con licencia) hablando sobre el armado de causas judiciales, el "equipo" que integran en el poder Judicial y la decisión política del gobernador de mantenerla presa a la dirigente Milagro Sala.
En este mismo tono se había pronunciado el ex Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl E. Zaffaroni pidiendo la intervención de la provincia. Resulta llamativo que el proyecto contenga como única firma la del senador jujeño Guillermo Snopek y no del resto del bloque. Más que una iniciativa política del bloque, pareciera ser un proyecto individual guiado por la necesidad de aparecer en la escena provincial en el marco de la disputa interna con el presidente del PJ Rivarola, que viene impulsando el juicio político al mencionado juez.
Indirectamente, también se introduce en el debate que cruza a sectores del Frente de Todos, acerca de la existencia de presos políticos o detenciones arbitrarias. Snopek, al presentar un proyecto sin retroactividad, es decir que lo juzgado no está sujeto a revisión y ni mencionar el caso de Milagro Sala, deja claro su posicionamiento al respecto.
Tampoco hay mención alguna en el proyecto al escandaloso juicio contravencional que se está llevando adelante desde el pasado lunes a varios de los principales sindicatos, organizaciones sociales y a los partidos del Frente de Izquierda por haberse movilizado el 4 de abril de 2018 al inicio de las sesiones legislativas. Este ataque a las libertades democráticas viene recogiendo un amplio arco de solidaridad de variadas organizaciones y referentes que exigen la anulación de la causa como también la derogación del Código Contravencional, votado bajo el gobierno de Fellner (PJ) e implementado por Gerardo Morales.
Te puede interesar: https://www.laizquierdadiario.com/Jujuy-amplio-repudio-al-juicio-contra-organizaciones-sindicales-sociales-y-la-izquierda
Pese a que aún el proyecto no está disponible en la web del Senado, lo que dejaron entrever los grandes medios, es que Snopek plantea como objetivo "garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado Argentino", otorga al PEN designar un interventor federal que tendrá como facultades suspender en sus funciones o remover magistrados, funcionarios y empleados dependientes del Poder Judicial y designar sus reemplazantes "hasta la normalización institucional". Asimismo determina que la intervención durará un año y podrá ser prorrogable durante un año más.
El Poder Judicial: un lugar en disputa del bipartidismo jujeño
Este proyecto se da en un contexto en el que el Partido Justicialista está pujando por recuperar posiciones en el oligárquico Poder Judicial. Utilizar la farsa de la "división de poderes" que tanto está en boga en boca del peronismo oculta que la designación de estos cortesanos es a dedo por el gobierno de turno, sin ninguna participación del pueblo.
Un ejemplo concreto resulta que ante la licencia del "dipujuez" Baca (un día diputado y al otro juez del STJ) asumió la presidencia provisional, Sergio Jenefes, hermano del ex vicegobernador de Fellner, un ex funcionario de la dictadura, referente del peronismo y miembro de una conocida familia acaudalada de la provincia.
Sin embargo en aquella ocasión como en la ampliación del Superior Tribunal, el Partido Justicialista dio el quórum necesario. Aquella medida sólo fue cuestionada por la izquierda, que dejó en claro la composición del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, conformado por cinco jueces de la UCR y cuatro del PJ tras la decisión de Gerardo Morales de ampliar el número de integrantes en diciembre de 2015.
El mismo "modus operandi" ocurrió con la creación del Ministerio Público de Acusación al mando de Morales que se encarga de armar causas penales. El caso extremo es la sanción del Código Contravencional por el PJ utilizado para perseguir a luchadores. Todas medidas acordadas entre el peronismo y los radicales para criminalizar a las mayorías.
El radicalismo, las intervenciones federales y “los valores republicanos”
Conocido el proyecto, distintos referentes del radicalismo salieron rápidamente a criticarlo amparándose en sus “valores republicanos”, también en distintos medios como Clarín y la Nación, se buscó instalar y difundir el proyecto como parte de un plan pergeñado para la liberación de Milagro Sala, más allá, de que esos mismos medios reconocían que ni se mencionaba a la dirigente de la Túpac en dicho proyecto.
Sin embargo, ni a unos ni a otros les preocupa la permanente vulneración de las mínimas garantías constitucionales que cotidianamente se perpetran en la Jujuy del radical Morales, como tampoco les preocupa la persecución sobre organizaciones sindicales, sociales y políticas que se está desarrollando en estos momentos a través del juicio contravencional ya mencionado. Estas vulneraciones han sido denunciadas hasta por organismos internacionales como la CIDH.
Más históricamente, las intervenciones federales, aunque los radicales no lo recuerden, tienen una larga tradición de esta fuerza política, comenzando por Yrigoyen que por decreto intervino 6 provincias. Continuando con esta política Marcelo T. de Alvear interviniendo 10 provincias.
El planteo de la izquierda
Desde la izquierda no sólo venimos denunciando el régimen policíaco de Morales, sino que lo enfrentamos y somos parte de las organizaciones imputadas en las causas persecutorias del gobernador. El senador Snopek al día de hoy no se ha pronunciado ni sumado al extenso repudio que existe contra el juicio contravencional contra los luchadores mencionado anteriormente.
Ahora bien, la reflexión que surge es si la intervención federal es la salida o la solución a las permanentes irregularidades y arbitrariedades que se realizan en la justicia jujeña, que como se ha hecho público con los audios del juez Baca, es manejada directamente desde el Ejecutivo.
Con intervención o sin ella, lo que se quiere mantener es un Poder Judicial afín a los poderosos y empresarios, en un contexto en el que el ajuste se mantiene y los esfuerzos siguen recayendo sobre el pueblo trabajador y no sobre los ricos. Una Justicia que si bien deja expuestos en forma burda a los hombres y mujeres del bipartidismo que ocupan los sillones de jueces, no es diferente en el fondo, la situación del conjunto de la Justicia, sólo basta recordar que en la Corte Suprema, quedaron los dos jueces puestos por Macri (con apoyo del Senado) o los que vienen de la época de Menem.
Desde el bloque de diputados del PTS-Frente de Izquierda, sostuvieron que “es hora de empezar a discutir en serio los privilegios de esa casta judicial que cobran como gerentes y son inamovibles, de la necesidad de implementar los juicios por jurados y que los jueces sean elegidos por el voto popular y revocables, terminar con una justicia que siempre ataca al pueblo trabajador. Esta salida solamente podrá venir de la fuerza y la movilización de los de abajo y no de los escritorios del régimen.”
