Inconsulta y sin consentimiento. Jujuy: comunidades indígenas rechazaron la Reforma de Morales

El martes 6 de junio se hicieron presentes en la Legislatura de Jujuy integrantes de pueblos y comunidades indígenas en conflicto con el estado, multinacionales y terratenientes, además de espacios y referentes socio ambientales. Previo a ingresar a la comisión, algunos espacios de organización indígena realizaron una acción de protesta en las puertas de la misma.

Se trasladaron distintos territorios en conflicto, desde La Puna, Quebrada, Ramal y Los Valles, de los pueblos Ocloya, Guaraní, Kolla, Quechua, Chicha, Omaguaca, Atacama, nucleados en la Comisión de la Convención Constituyente Plurinacional de Pueblos Indígenas, también de la Cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc que nuclea más de 30 comunidades. Comunidades indígenas de Yala, Tusca Pacha, Angosto de El Perchel, El Talar, Quebraleña y organizaciones campesinas como el MNCI y referentes, más organizaciones socio ambientales como Autoconvocados de Abra Pampa.

Todas y todos participaron en la Comisión de Declaraciones, Derechos, Obligaciones y Garantías por más de tres horas. Denunciaron al Gobierno que viola derechos. Manifestaron que con la Constituyente no fueron consultados y no van a dar consentimiento, se expresaron contra el saqueo de los bienes comunes naturales y, fue contundente el rechazo a la Reforma que quiere imponer Morales.

La iniciativa fue de la convencional Natalia Morales del PTS, en el Frente de Izquierda, quien manifestó que con la Reforma de la Constitución se va profundizar el saqueo del litio y de los bienes comunes naturales, también avanzarán con la política de desalojo de territorios indígenas. Manifestó que, "en la Legislatura desfilaron los dueños de la provincia, la cámara minera, Exar, Sales de Jujuy, los sectores agroindustriales, que hacen negocio, incluso en territorios indígenas, apropiándose del agua y las riquezas, pisoteando derechos como la consulta previa, libre e informada".

Ante el rechazo de la Constituyente de transmitir en vivo, el Frente de Izquierda, lo hizo para que el pueblo pueda enterarse qué pasa dentro de la Comisión.

A continuación se muestra la primera parte de la sesión

Desde diversas comunidades presentaron su notas en rechazo y también planteando los derechos que la Constitución debería no solo contemplar, sino garantizar en la realidad. Las distintas intervenciones dan cuenta de casos de avasallamiento constante, como por ejemplo, la licitación de tierras en Salinas Grandes por parte del estado para avanzar con la extracción del litio y la imposición de un basural en Abra Pampa por parte del gobierno de Jujuy.

Raúl Sajama, de la comunidad de Angosto de El Perchel, presentó el rechazo de las familias a la misma por ser inconstitucional y afectar tratados de derechos indígenas.

Néstor Jeréz, intervino en representación de la Asamblea Libre de Comunidades Indígenas, remarcó el carácter inconsulto de la Reforma y que los pueblos no dan consentimiento. Que se está legalizando la violencia desde el estado, y que artículos que se modifican ponen por delante derechos individuales, que los colectivos y preexistentes de las comunidades indígenas.

"Se actúa de mala fe", sostuvo el cacique, ya que el estado tiene conocimiento de procedimientos de consulta previa, libre e informada como el Kachi Yupi y otros de las comunidades, pero avanzan sin hacerlo. Luego de la intervención y presentar nota de rechazo, las y los referentes del espacio se retiraron de la comisión.

Segunda parte de la Comisión de Derechos y Garantías con invitados de las Comunidades Indígenas

Además del rechazo de la comunidad de Quebraleña, a través de la presencia de Oscar Lamas, tomó la palabra [[Robinson Suarez, de autoconvocados de Abra Pampa[[ quien manifestó: "Somos un pueblo con sangre con plomo, y ahora quieren instalarnos un mega basural". Sostuvo que rechazan la reforma por inconsulta, ilegal e insconstitucional.

"No nos subestimen, están jugando con fuego contra el pueblo", afirmó Robinson.

Esperanza Pereyra de la Organización Campesina Perilagos - MNCI, comentó que, "no tienen agua para la producción, ni para las familias. La Constitución está hecha con nuestra sangre" y desde su espacio expresó el rechazo a la Reforma.

A su vez, Rosa Gutierrez, de la comunidad Tusca Pacha, de Palpalá dijo que, "no se construye la paz social con contravenciones. Nos correteaban a tiros por nuestro territorio" comentó de forma contundente y afirmó que "la secretaría de pueblos indígenas y ambiente no los representa. Ponen en cuestionamiento nuestro territorio e identidad.

Tercera parte de la Comisión de Derechos y Garantías con invitados de las Comunidades Indígenas

En la misma estuvieron integrantes de la Cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc, de la comunidad de Inti Apu Collamboi, como también Alicia Chalabe, abogada de comunidades indígenas, y Néstor Ruíz, especialista en agua.

Verónica Chávez, comunera de Santuario de Tres Pozos y referente del espacio remarcó sobre los derechos que ven indispensables que se respeten, presentando un escrito, donde plantea que, "la Reforma de la Constitución Provincial propuesta, pretende avanzar en la inhibición y censura de los mecanismos de la protesta social, la participación popular y las herramientas legales que amparan el derecho para todos los pueblos indígenas originarios en la provincia".

"Frente a la antidemocrática propuesta de Reforma Constitucional, las comunidades que habitamos el territorio de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en resistencia frente el extractivismo de litio en los salares y humedales altoandinos, exigimos la plena vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas de conformidad con el reconocimiento efectuado en el ordenamiento jurídico nacional e internacional al que Argentina ha adherido.

Además intervinieron Eloy Lamas, de la comunidad de San Miguel de los Colorados, como también Eva Díaz, de la comunidad de Abralaite, que planteó varios articulos que afectan derechos de las comunidades indígenas.

A través de una resolución que entregaron a la Comisión de Derechos y Garantías, a la presidenta Ada Galfre, como así también a los diferentes bloques partidarios que cuentan con convencionales constituyentes quienes llevan adelante una reforma de desalojo, inconsulta e inconstitucional; se dejó expresado que el proceso de reforma parcial de la Constitución de la provincia de Jujuy, viola sistemáticamente el Convenio 169 de la OIT.

Todo lo expuesto arriba, se encuentra ratificado por Ley Federal 24.071, un instrumento jurídico internacional de rango constitucional, vinculante y obligatorio para el estado y un derecho específico de los Pueblos Indígenas.

Los pueblos originarios agradecieron a la convencional por el PTS, del Frente de Izquierda, Natalia Morales, “fue un hecho muy importante. Nucleamos más de 20 comunidades y pueblos en lucha de toda la provincia. Más de 90 personas vinieron de Salinas Grandes contra el saqueo del litio, de Abra Pampa denuncian el plomo en sangre y denuncian basural. Los Ocloyas que fueron reprimidos y detenidos, de Tusca Pacha, Perilagos, Humahuaca y otros”, así lo manifestaron.

Pronunciamiento de comunidades de Salinas Grandes y Guayatayoc

Frente a la Reforma Constitucional de la provincia de Jujuy impulsada por el gobierno de Gerardo Morales, las comunidades originarias del territorio de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc expresan:
La reforma de la Constitución Provincial propuesta, pretende avanzar en la inhibición y censura de los mecanismos de la protesta social, la participación popular y las herramientas legales que amparan el derecho para todos los pueblos indígenas originarios en la provincia.
Frente a la antidemocrática propuesta de reforma constitucional, las comunidades que habitamos el territorio de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en resistencia frente el extractivismo de litio en los salares y humedales altoandinos, exigimos la plena vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas de conformidad con el reconocimiento efectuado en el ordenamiento jurídico nacional e internacional al que Argentina ha adherido.
En particular, en el artículo 50 de la Constitución de la Provincia exigimos esta urgente incorporación:
El Estado provincial debe asegurar el derecho al ambiente sano, apto y equilibrado para el desarrollo humano, así como la participación de las comunidades y pueblos originarios en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que les afecten por medio de:
a) La implementación de la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI), regulada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y ratificada por Argentina en el año 2000;
b) El reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, que no serán enajenables, ni transmisibles, ni susceptibles de gravámenes, embargos o desalojos;
c) El reconocimiento de la propiedad y gestión colectiva de las tierras que tradicionalmente ocupan, de acuerdo a los usos y costumbres que de manera ancestral constituyen las prácticas de vida, ritualidades, formas organizativas y trabajo.
d) La entrega y regulación de títulos territoriales que continúan siendo legítimamente exigidos por las comunidades y pueblos originarios;
e) Que se respete el derecho a la autodeterminación territorial indígena, el derecho a fijar las prioridades de su desarrollo y la posibilidad de decidir sobre el destino de los recursos que se encuentran en nuestros territorios, como dueñas ancestrales de los mismos; y
f) El derecho al ambiente sano, apto y equilibrado para el desarrollo humano, a la diversidad biológica, preservación de los recursos naturales, al acceso al agua.
g) Se reconozca y protejan los valores y prácticas sociales, culturales y espirituales, así como los valores, prácticas es instituciones que hacen a la identidad colectiva de nuestros pueblos.

Se garantice la vigencia plena de estos derechos, en concordancia con el reconocimiento constitucional del art. 41, 75. inc 17 y otros derechos humanos reconocidos en tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y jerarquía superior a las leyes y fallos dictados en su consecuencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre muchos otros, el “Caso Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat vs. Argentina, en sentencia de 6 de febrero de 2020”, en el que la Corte determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria. Además, determinó que el Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos.
Además de los derechos reconocidos en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o Acuerdo de Escazú, Ley 27.566 dictada en el año 2020, por la que adhiere al mismo la República Argentina.

Fundamentos:

Desde el año 2011 las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc denuncian que las perforaciones realizadas por las empresas mineras de litio provocan graves consecuencias sobre el sistema salino, limitan la posibilidad de extracción de sales superficiales y favorecen la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad. Estas afectaciones pueden ocasionar la sequía de ojos de aguas y vegas, la salinización de fuentes acuíferas dulces y alteraciones en el ciclo hídrico. Estos impactos afectan las cadenas de la vida en el conjunto del territorio, definido de manera integral como cuenca. A pesar de que han pasado 17 años desde que el país ratificara el Convenio 169 de la OIT, la CPLI es sistemáticamente vulnerada en estos territorios.
Para las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, la privación del acceso al agua constituye una violación de Derechos Humanos fundamentales de acuerdo a lo señalado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y conlleva el despojo de los espacios de reproducción cultural, y de manera general constituye “la muerte de una identidad, un genocidio realizado en aras de la homogeneización cultural” (Informe paralelo CDESC, 2011, P. 2).
De la misma manera, constituye una afectación al derecho al ambiente sano –reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional - y además un crimen de ecocidio debido a que destruye ecosistemas integrales –cuencas endorreicas- caracterizados por su fragilidad, por un delicado equilibrio hídrico conformado de manera natural, ya que se trata de humedales altoandinos, que son reguladores ecosistémicos, hídricos y capturadores de carbono. Su cuidado y conservación es de vital importancia socioambiental para enfrentar la crisis climática, así como de imprescindible cuidado para las especies animales, aves migratorias y tapetes microbianos que lo integran.
Las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc denunciamos que somos permanentemente sometidas a múltiples presiones políticas y económicas y procesos irregulares de obtención de permisos de parte de las corporaciones. Nuestras demandas han sido sistemáticamente desoídas y vulneradas, por un gobierno provincial que ha avanzado por medio de su empresa pública JEMSE entregando recientemente nuevas licitaciones de 11 mil hectáreas dentro de este territorio, al capital privado.
En este contexto, los pueblos y comunidades nos organizamos para la defensa del agua, los salares y el territorio como bienes comunes, y exigimos que esta Reforma Constitucional provincial resguarde la garantía de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales, políticos, indígenas, ancestrales y ambientales que tenemos quienes habitamos en la provincia de Jujuy y desde el año 2020 declaramos a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc “Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de los Pueblos originarios y zona Libre de megaminería, de minería de Litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente contra las formas de la vida”. Elaboramos mediante un proceso de trabajo comunitario, respetando nuestra cosmovisión, derecho consuetudinario e identidad y aprobado por Asamblea General el día 22 de agosto de 2015 en la Comunidad de Quera y Aguas Calientes el “Procedimiento de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado para las Comunidades Indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc” KACHI YUPI Huellas de Sal. Es por tanto considerado válido y de obligatorio cumplimiento por parte de sus integrantes, de la sociedad en general y de las autoridades del Estado Nacional, Provincial y Municipal.
A su vez solicitamos mediante nota a la Legislatura de nuestra Provincia, en fecha 26 de abril pasado, que declaren como Sitio sagrado, Patrimonio Natural, Ancestral y Cultural a todo el territorio de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, señalando que las salinas son parte fundamental de nuestra historia e identidad y desde nuestra perspectiva la sal no es un recurso económico sencillamente, sino que constituye un “ser vivo”, tiene un ciclo de crianza, al igual que las siembras. El principal cuerpo de agua de esta cuenca es un humedal, que cumple una función vital de regulación de todas las aguas de la cuenca, que se conectan en su fondo. Las salinas constituyen un ecosistema único, que desde siempre nos provee a las comunidades indígenas de los recursos materiales necesarios para el sustento, por el trabajo y la producción de la sal y el turismo.
En reclamo de nuestros derechos acudimos a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación exigiendo se consideren los derechos ambientales, territoriales e indígenas en vilo ante la exploración minera de litio y actualmente en trámite.
La nueva constitución debe garantizar el respeto y concordancia normativa con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina como un piso de derechos y la incorporación en el texto constitucional de la obligación de la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI), regulada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y ratificada por Argentina en el año 2000, así como el respeto del Protocolo de Consulta “KACHI YUPI” de las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.

Saludamos con el debido respeto que se merecen Sres. Convencionales constituyentes de la Provincia de Jujuy.

San Salvador de Jujuy, 5 de Junio de 2023.