Historia. Julio Argentino Roca: todo monumento es político

El debate se generó ante la decisión que tomó la municipalidad de Bariloche, con autorización de la Comisión Nacional de Monumentos, de trasladar al centro urbano la estatua del general Julio Argentino Roca como parte de un proyecto de "refuncionalización" de esa plaza. Distintos referentes y sectores de la oposición barilochense cuestionaron esta decisión. Como ha ocurrido otras veces, la historia, cuya mirada no es neutral, volvió a colarse en el debate. La controversia giró sobre varios aspectos, comenzando por el personaje o mejor dicho, su rescate histórico.

La figura de Julio A. Roca hay que situarla en el siglo XIX. Sin dudas, su carrera tiene un momento clave a partir de la presidencia de Nicolás Avellaneda, cuando encabeza en calidad de ministro de Guerra y Marina la mal llamada “Campaña al Desierto” (1878 y 1885) un conjunto de operaciones militares aprobadas por el Congreso de la Nación que retomando la línea de frontera heredada de la “zanja de Alsina” de unos 56 mil kilómetros cuadrados, incorporó el territorio al sur de la campaña bonaerense hasta la región norpatagónica de Neuquén y Río Negro habitados por las comunidades originarias quienes fueron mayormente eliminados y los sobrevivientes capturados. Es sabido que la expedición contó con armamento de última generación, y se financió a través de la emisión de bonos (la Ley N° 947 de 1878) a muy bajo costo, que habilitaban la adquisición y otorgamiento de los títulos de tierras entre la burguesía terrateniente. Ya lo escribía M. Peña, “la conquista del desierto sirvió para consolidar a la oligarquía y acrecentar su poderío, de modo que Roca resulta el ejecutor consciente de una política oligárquica y un verdadero héroe de la oligarquía.”

De esta manera, el Estado argentino fue el agente hegemónico de “la misión civilizadora” contra el “indio salvaje” y aunque Roca pertenece a una de las más destacadas familias de los grupos dominantes del interior, su proyección política y el poder que luego lo llevó a la presidencia llegan a partir de este prestigio militar. La Guerra del Paraguay (1865-1870) había legado un Ejército creciente en su cohesión y burocracia, cuya oficialidad seguía los gestos oligárquicos, completa su encumbramiento de la mano del General. No olvidemos que la escultura en cuestión es la de Roca montado a caballo con la impronta y vestimenta militar.

Quienes elogian la figura de Julio A. Roca, casi siempre en tono triunfalista, encuadran los costos de la “Campaña” en un proyecto superador: la “modernización” capitalista del país, conquistando la federalización de la ciudad y con ella la aduana, la expansión del ferrocarril y la promoción de una serie de medidas de corte laicista (leyes de educación común, el Registro Civil (1884) y del matrimonio civil en 1887). Olvidan mencionar que con la modernización roquista se acrecentó el peso del capital extranjero, especialmente el de la monopólica Inglaterra, en la economía nacional y mayores fueron también sus privilegios; que el crecimiento económico y el "progreso" lo fueron para los inversionistas, los dueños de “las tierras y de las vacas”, porque para los trabajadores el atraso salarial y la mejora en las condiciones de trabajo fueron reclamos decisivos en la conflictividad social desde finales del siglo. Lo explicaba muy bien el presidente Avellaneda, “ahorrar sobre el hambre y la sed del pueblo para poder pagar a los acreedores extranjeros.”

Julio A. Roca aseguró a sangre y fuego, y no se trata de metáforas, la apropiación y el monopolio terrateniente sobre las tierras de los pueblos originarios, legitimando su exterminio y sometimiento en nombre de “la civilización” y del darwinismo social de moda. Solución de coyuntura para la oligarquía frente al agotamiento de tierras y el crecimiento del rodeo lanar y estratégica, considerando que la gran propiedad de la tierra era el botín más preciado del modelo agroexportador, la base del proceso de acumulación capitalista. No sólo fue el mejor administrador, el más “eficiente” de su clase, sino que en su nombre hay algo más significativo: la solución capitalista al pleito ancestral entre la “sociedad blanca” y los pueblos originarios y con ella, el nacimiento y el “imperio” de la nación.

Llegados a este punto, la discusión histórica supera el campo estricto de la disciplina y sin confundirlas cede su lugar al terreno más llano de la política. Está claro que la discusión no puede limitarse a una lista de hechos y medidas, en la que se superponen o compiten fechorías y hazañas. El debate deja un camino abierto a otro, sobre el modo en que se constituyó el Estado nacional, el rol del Ejército y los discursos racistas de la burguesía argentina.

El Estado que nace en la violencia de este genocidio indígena, sigue sosteniendo un posicionamiento negacionista ante la enajenación y la usurpación de sus territorios. Esto se ha demostrado nuevamente en recientes conflictos y reclamos de los pueblos originarios. En Jujuy las comunidades originarias se movilizaron junto a otros sectores del pueblo, enfrentando la Reforma de Morales, votada por todo el régimen, cuestionando los artículos referidos a las tierras fiscales, el régimen de aguas y la propiedad privada; y hace pocos meses el pueblo mapuche de Mendoza viene resistiendo una ofensiva negacionista contra su derecho a la tierra en la que tanto funcionarios del gobierno provincial, como del PJ, lanzaron una campaña contra esa comunidad que llegó al extremo de votar en la legislatura una resolución que niega la existencia histórica de este pueblo en el país.

Por eso, volviendo al monumento, no está de más recordar que cuando discutimos el uso del espacio público y sus conmemoraciones no podemos dejar de lado que estas representaciones no se construyen de forma casual, se deciden y se forjan en los “gabinetes” del Estado, tienen un enorme poder y muy concreto: el de hacer legítimos, en un país atravesado por una crisis social cada vez más profunda, los posicionamientos de clase ante los conflictos que se anuncian en el presente.