A días del décimo aniversario de la segunda desaparición del testigo, la investigación judicial presenta una parálisis de años. Su abogada y diputada del PTS- FIT, Myriam Bregman, presentó junto al CeProDH un proyecto de apertura de archivos del Estado, que avanza en la Comisión de DD.HH de Diputados. El fantasma de Stiuso en la investigación y la lucha contra los beneficios a los represores.
Matías Aufieri Abogado | CeProDH
Viernes 16 de septiembre de 2016
Mirá el Dossier Especial sobre los diez años sin Jorge Julio López
El próximo domingo 18 de septiembre se cumplirán diez años desde aquella mañana en que Jorge Julio López no se hizo presente en la audiencia del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, donde tendría lugar la lectura de los alegatos previos a la sentencia que condenaría a Miguel Etchecolatz por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar.
Desde aquel momento en que la recordada Adriana Calvo (fundadora de la Asociación ex Detenidos Desaparecidos) planteó convencida que “Julio está desaparecido”, la movilización de sectores populares y organismos de Derechos Humanos fue enorme alrededor de la consigna “Aparición con vida Ya. Castigo a los culpables”. Los distintos gobiernos nacionales y provinciales priorizaron la gobernabilidad de sus fuerzas represivas, a la verdad de lo que sucedió con Julio, de modo que el encubrimiento de los hechos tuvo lugar desde el propio Estado, aún en democracia. Muestra de ésto, es el dato surgido alrededor de la impunidad que reinó desde un primer momento ante su desaparición: 9026 miembros de la Policía Bonaerense al año 2006, provenían de la dictadura.
Se abonó durante largo tiempo la teoría de que "López se hallaba perdido", instruyéndose una causa por averiguación de paradero, perdiendo así un valioso tiempo en la investigación. Fue necesaria un dura pelea de los organismos intervinientes en la causa para que meses después se reconozca la desaparición forzada de López y pase así la causa a la Justicia Federal, donde su búsqueda y la de los responsables de su desaparición no corrió mejor suerte.
Cambios de jueces, de secretarías, decenas de líneas de investigación, incluso las más inauditas que incluyeron las señaladas por videntes constituyeron lo que hemos denominado como "monumento a la impunidad".
Vale recordar, que luego la investigación estuvo durante años dirigida por un juez federal de La Plata proveniente de la dictadura como Manuel Blanco, lo cual no hace más que sumar otro absurdo en el marco de la deliberada impunidad y parálisis construida en torno al hecho. Al día de hoy no existe aún un solo imputado por la desaparición, lo cual ha llevado a los organismos querellantes a presentarse ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos. Pero a la par, en todos estos años se ha evidenciado la falsedad de la afirmación de que los archivos de la represión no existen. Mal podría entonces no existir información secreta sobre la desaparición de López en 2006.
Han abundado las evidencias que involucraban en la desaparición de López a miembros retirados y en actividad de fuerzas de seguridad y penitenciarias con estrechas relaciones con genocidas, entre ellos algunos de los detenidos en el pabellón de lesa humanidad de la Unidad Carcelaria de Marcos Paz, donde entre otros se hallaba detenido Miguel Etchecolatz, en condiciones de una flexibilidad e informalidad tal, que luego de varios años han ameritado el procesamiento de seis efectivos del Servicio Penitenciario Federal debido a que su conducta imposibilitó cualquier atisbo de investigación que realmente se aproximara a la realidad de lo ocurrido.
Con Cambiemos en el gobierno, y al calor de los nuevos aires que desde la derecha bregan por la reinstalación de la teoría “de los dos demonios” y la reconciliación con los genocidas, han tenido lugar repudiados fallos de los tribunales platenses en varias causas en las que está implicado Etchecolatz, donde se le concede la prisión domiciliaria en función de un alegado e incomprobado deterioro en su estado de salud.
Es en este marco que en los últimos días, la banca de Myriam Bregman, diputada por el Frente de Izquierda y abogada de Julio López en aquel primer juicio a Etchecolatz, avanzó en un pre-dictamen en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara Baja, en torno al proyecto de ley que presentara por primera vez en 2015, y que plantea la apertura y publicidad de los archivos en poder del Estado y de sus fuerzas represivas y de inteligencia, relacionados con la desaparición del testigo. Se pone el foco en las fuerzas federales de seguridad y las fuerzas armadas, así como en los archivos pertenecientes a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado, ligados a la segunda desaparición forzada de López. En el Ejército Argentino, por ejemplo, reportan más de 1.400 agentes de inteligencia que probablemente posean información relevante.
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Casi como una provocación, recientemente trascendió que el Estado Nacional se presentaría como querellante en la causa judicial que (no) investiga esos hechos. El mismo Estado que le ha vuelto a asignar un rol central al ex SIDE Jaime Stiuso, manifiesta un repentino interés en lo ocurrido con López. Vale recordar, que ese agente de inteligencia, se ha inmiscuido en su momento en la investigación, al proveer –de manera nada inocente- una flota de teléfonos móviles al entorno familiar de López para su uso, para monitorear todos sus movimientos al tiempo que se consolidaba la inacción judicial y la impunidad en favor del entorno de Etchecolatz y otros represores detenidos en el penal de Marcos Paz.
En sintonía con ello, en la Cámara de Diputados, el bloque Cambiemos ha intentado sistemáticamente trabar el proyecto de Bregman, con distintas coartadas. Para el oficialismo, la ley propuesta por Bregman se volvería innecesaria ante la flamante Ley de Acceso a la Información Pública del oficialismo, ley que -Cambiemos insiste en convencernos- implicaría la transparencia de todos los actos de gobierno, incluyendo los producidos en esas cloacas que constituyen los servicios de inteligencia, como si lo operado desde las fuerzas represivas y órganos de inteligencia alrededor de la desaparición de López, fuera equiparable a actos administrativos como la licitación de dos toboganes para una plaza municipal. Sin perjuicio que los Panamá Papers, o las millonarias ONG de la vicepresidenta Gabriela Michetti, muestran que la declamada transparencia de Cambiemos está bastante esmerilada.
En el día siguiente al predictamen que obtuviera finalmente el proyecto en la Comisión de Derechos Humanos, tuvieron lugar amenazas telefónicas hacia Myriam Bregman en su despacho. Al igual que las intimidaciones que nos profiriera el impune Carlos Blaquier desde el Ingenio Ledesma, lejos de amedrentarnos, nos hace redoblar la convicción de marchar el próximo domingo ante el décimo aniversario de la desaparición de Julio, por la apertura de los archivos del Estado, y contra la prisión domiciliaria a Etchecolatz y al resto de los genocidas.
