DIEZ AÑOS DE IMPUNIDAD. Julio López: el Estado acusado quiere ser “acusador”

Claudio Avruj, Mauricio Macri y Germán Garavano (foto Ministerio de Justicia)

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Según trascendió en medios periodísticos, hace algunos días el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y el ministro de Justicia Germán Garavano acordaron que el Gobierno solicite a la Justicia que el Estado se presente como querellante en la causa que investiga la desaparición de López. “Por estas horas, los abogados oficiales estudian el escrito con los argumentos oficiales”, dice un artículo del diario Clarín de este sábado.

La versión agrega que entre mañana y el martes ese escrito sería presentado en el juzgado de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, juez subrogante que tiene la causa que instruye el fiscal Marcelo Molina.

Avruj agregó ante ese diario que el próximo jueves se reunirá con Rubén López, hijo de Julio. “Esperamos que sea una reunión de trabajo más que de protocolo”, señaló el funcionario. Así se pretende, desde el Gobierno de Macri, mostrar cierta preocupación por el curso de la investigación sobre el paradero del testigo clave en el juicio al genocida Miguel Etchecolatz, desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006.

Según se informó, en el Gobierno confían que Kreplak y Molina les darán el visto bueno para ser querellantes. “No es un caso común (…) Tiene un peso específico diferente”, sentenció Avruj. A su vez, curiosamente, los funcionarios macristas no creen que existan motivos válidos que impidan el deseo oficial de ser parte activa de la causa.

Acusador acusado

Lo curioso de la movida oficial es que todos los pasos dados hasta el momento por el propio Gobierno de Mauricio Macri va en sentido contrario de cualquier atisbo de búsqueda de verdad y justicia. Por el contrario, el propio Claudio Avruj, como representante oficial de la “defensa de los derechos humanos” ha mostrado reiterados gestos en favor de quienes quieren más y mayor impunidad.

Por caso, fue ese funcionario quien manifestó públicamente la voluntad de la Casa Rosada de desligarse de toda responsabilidad ante la avalancha de prisiones domiciliarias a los genocidas concedidas por varios jueces en los últimos meses. Esa avanzada en favor de los torturadores, desaparecedores y ladrones de bebés tiene entre sus beneficiarios nada menos que al mismo Miguel Osvaldo Etchecolatz, ejecutor directo de la primera desaparición de Julio López y uno de los principales sospechados de haber pergeñado la segunda, hace diez años.

Al respecto Avruj dijo hace algunas semanas que su gestión se atiene a “los roles que les caben a cada uno de los diversos estamentos del Estado”. E intentando minimizar la medida judicial afirmó que la prisión domiciliaria “no significa una eximición de la pena, sino que la pena continúa y solo cambia el ámbito de reclusión”. Tamaña diferencia no implicaría, según la visión oficial, que el condenado pueda manejarse con mucha mayor impunidad de la que ya había gozado en su celda privilegiada del penal de Marcos Paz.

El intento del Gobierno de Macri de ser parte activa en la causa en la que se investiga la desaparición de Julio López, dando un paso importante al pedir ser aceptado como querellante, debería leerse más bien como una búsqueda de profundizar la línea oficial de mayores privilegios para los genocidas y no su contrario.

La diputada del PTS-FIT Myriam Bregman, quien fue una de las abogadas que representaron a Julio López en el juicio contra Etchecolatz de 2006, hace algunas semanas presentó en el Congreso un proyecto para que el Poder Ejecutivo abra todos los archivos y documentación relacionados con el caso que tiene en su poder, incluyendo obviamente los que poseen las fuerzas de Seguridad y la Ex Secretaría de Inteligencia, que además de participar de la (no) investigación podrían haber jugado un rol activo en el secuestro y desaparición de López.

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El martes pasado el proyecto obtuvo un dictamen favorable en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja y pasó a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que preside el PRO. Aún no hay fecha para que se trate allí.

Vale recordar que al otro día de emitido el dictamen favorable, la diputada recibió en su despacho una amenaza telefónica de la que aún se espera saber la procedencia. Por esas horas Bregman tuvo destacada participación en el recinto. Además del proyecto por el caso de Julio López, intervino en el tratamiento del proyecto oficial de “Empleo Joven”, donde denunció el carácter flexibilizador del mismo y a su vez hizo visible la discriminación que sufren los sectores opositores en el sindicato de petroleros ante las elecciones del gremio.

El macrismo quiere ser querellante en la causa por Julio López y por eso se acerca más que interesadamente a la familia del testigo desaparecido. Sin embargo, teniendo en cuenta su actitud frente al proyecto de Bregman para que se abran los archivos que podrían echar algo de luz sobre los hechos, el Gobierno hace todo lo posible para que siga la impunidad.

Tan es así que desde la misma Secretaría de Derechos Humanos dicen que “no existe documentación bajo su órbita” al respecto y subrayaron que la apertura de archivos es una potestad del Ejecutivo y no del Legislativo. Más claro, echarle agua.

Consultada por La Izquierda Diario sobre esta novedad alrededor de la causa de Julio López, Bregman se preguntó: “¿Ya le preguntaron a Stiuso y les dijo que no hay nada? ¿Cómo pueden responder seriamente que no hay archivos de inteligencia tan rápido?”

La diputada del PTS-FIT agregó que en estos días desde su espacio van a estar “muy alertas, porque hay muchos elementos preocupantes en las declaraciones que se conocieron por estas horas”.

A su vez, la referente de la izquierda le respondió al Gobierno por Twitter.

El Gobierno nos contesta por Clarín proyecto dictaminado en el caso de Julio López – Vía @PoliticaClarin – https://t.co/9ScVGzSWN1

— Myriam Bregman (@myriambregman) 11 de septiembre de 2016