La reforma de la Curia emprendida por Francisco con la conformación de un tribunal para juzgar a los sacerdotes que cometan “abusos de poder episcopal” apoyándose en su investidura. La reforma impacta pero no es más que un artilugio para fortalecer a la Iglesia Católica
Martes 16 de junio de 2015
Mediante este nuevo instrumento, Francisco augura someter a juicio al ex nuncio de Republica Dominicana, Josef Weselowski, acusado de abuso de menores, declarado ya dos veces culpable por un tribunal eclesiástico y sentenciado a “prisión domiciliaria” en los palacios del Vaticano.
La nueva institución estará bajo la orbita del Tribunal Apostólico de la Congregación para la Doctrina de la Fe y será presidida por el prefecto y un secretario designado por Francisco, que tendrán a su disposición un equipo de trabajo dispuesto exclusivamente a esa nueva sección judicial. Ese nuevo organismo inaugura un canal para recoger las denuncias sobre el comportamiento de los religiosos, tal como propuso la Comisión para la Tutela de los Menores y el "C9", el consejo de nuevo cardenales seleccionado por Francisco para instrumentar la reforma de la Iglesia, que arrastra cientos de miles de denuncias de abuso de menores e infinidad de escándalos de corrupción y lavado de dinero de la mafia en el IOR, el banco del Vaticano. Paradójicamente, Francisco promovió figuras como el cardenal George Pell y el obispo Juan Barros al frente de la Secretaria de Economía y la diócesis de Osorno, respectivamente, ambos denunciados por diversas agrupaciones de victimas como encubridores de curas violadores.
La reforma impacta sobre la línea de flotación de los reclamos de las agrupaciones de víctimas de violación y abusos pero no es más que un artilugio para fortalecer a la Iglesia Católica. ¿Por qué motivo los sacerdotes deberían estar comprendidos bajo el aura de una justicia celestial abstrayéndose de la justicia civil a la que deben someterse el común de los mortales de este mundo profano? La iniciativa constituye un ataque en regla a la igualdad civil y el derecho soberano de los Estados nacionales. De ese modo, el nuevo organismo de la Curia resulta de la extensión del Código Canónico, el conjunto de normas que rigen el comportamiento de los sacerdotes, tomando como referencia las leyes civiles “en tanto no sean contrarias al derecho divino”, como señala el Canon 22 Titulo 1 del Código promulgado por Juan Pablo II en enero de 1983. Con justa razón la agrupación de victimas norteamericanas SNAP encabezada por Bárbara Blaine resalta que “mientras los curas que han cometido o encubierto crímenes sexuales vayan a ser juzgados por otros curas nada cambiará”.
Como gragea adicional, el nuevo tribunal estará bajo las riendas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución continuadora del Santa Oficio de la Inquisición, la más antigua de las congregaciones de la Curia romana, moldeada durante los últimos 35 años por Juan Pablo II y Benedicto XVI (dos de los papados más reaccionarios de la historia de la humanidad). Omitiendo incluso su responsabilidad en la creación de los aspectos más oscurantistas del catolicismo y su odio acérrimo a la Teología de la Liberación, la Congregación para la Doctrina de la Fe fue la institución eclesiástica motora del sistema de encubrimiento e impunidad, apoyado sobre el desplazamiento de los curas abusadores hacia una u otras diócesis, pues como señalaba el ex sacerdote Adrián Vitali, “para la Iglesia la pederastia no es un delito sino un pecado” que a lo sumo merece “perdón” y “penitencia”.
Con la astucia de los jesuitas, Francisco logró remontar el timón de la Iglesia Católica sumida en la crisis que sepultó el papado de Benedicto XVI, continuador de la labor de Juan Pablo II, ambos legitimadores de la ofensiva neoliberal y sus iniciativas más reaccionarias hacia la vida secular laica, que los terminó separando de las grandes masas (las que viraron hacia las iglesias evangélicas, particularmente en América Latina, así como hacia el agnosticismo y el ateísmo en Europa).
Desprovisto del boato de la aristocracia vaticana, Francisco dirigió el timón de la Iglesia como “un hospital de campaña” para “curar las heridas” y frenar la erosión de fieles, invirtiendo la fórmula de Wojtyla y Ratzinger en la predominancia de la “misericordia” por sobre el “dogma”. Pero como todo pragmático, a la hora de las definiciones cruciales gobierna con el dogma del Código Canónico que ampara los privilegios de esa burocracia celestial.
En la misma dirección, el próximo Sínodo Ordinario sobre la Familia dará lugar a definiciones que ultimarán las ya resueltas en el Sínodo Extraordinario de septiembre del año pasado, sintetizadas en “nuevas relaciones, nuevas parejas y nuevos matrimonios que crean situaciones problemáticas con la opción cristiana”, una forma elegante de mostrar lo refractario de esa institución medieval con todo aquello que se desvíe un ápice de la tradicional familia occidental y cristiana.
La Iglesia Católica conserva la potestad de una justicia supra terrenal por responsabilidad de la burguesía en tanto clase conservadora, la que aún en su época revolucionaria (salvo honrosas excepciones como el jacobinismo francés) fue incapaz de terminar con la vieja sociedad de estamentos que fundaba el régimen feudal, asimilándola (con todos sus privilegios) al nuevo orden para legitimar su hegemonía basada en la explotación del trabajo asalariado y el saqueo de los pueblo originarios.
