Es evidente que cuando se trata de impunidad empresarial y represiva, Chile se especializa en librar de polvo y paja a los criminales. Si no ¿Cómo puede explicarse la irrisoria sanción a Julio Ponce Lerou por el caso cascadas-SQM, mientras Anthony Araya empujado por un carabinero al Río Mapocho se encuentra en calidad de detenido según la propia policía?
Miércoles 7 de octubre de 2020
Todos lo vimos. Un hecho absolutamente repudiable y criminal. El viernes 2 de octubre, el carabinero (FF.EE) Sebastián Zamora de 22 años empujaba al joven Anthony Araya de 16 años por el Puente Pio Nono, dando al Río Mapocho e impactando con el suelo. Un hecho que fue registrado por diversas cámaras, y que sirvió como evidencia del violento actuar de la policía, que tranquilamente se retirara sin siquiera prestar ayuda siendo testigos del hecho. Sin embargo, a pesar de que el Carabinero se encuentra en prisión preventiva por homicidio frustrado en contra del adolescente, el día de ayer se da a conocer por parte de dicha institución que el joven se encontraría en calidad de detenido.
El mismo día 2 de octubre, el ex controlador de Soquimich (SQM), vinculado a uno de los casos más bullados referidos al financiamiento ilegal de la política que albergó en su podredumbre a sectores de la ex Concertación y la derecha, recibía un perdonazo proveniente de la Corte Suprema rebajando su multa de 1.700.000 UF (62 millones de dólares) a 75.000 UF (3,3 millones de dólares), en el marco del denominado caso cascadas-SQM. Operación que consistió en un sistema coordinado de transacciones de la empresa (SQM) entre los años 2008 y 2011, que incrementó directamente a Ponce Lerou como su accionista mayoritario.
¿Cómo es posible que uno de los casos de corrupción más reconocidos de los últimos años reciba un perdonazo de tales proporciones, y un joven que casi muere producto del accionar de Carabineros se encuentre en calidad de detenido para la policía?
Claramente esta clase de determinaciones son un guiño a la clase empresarial y para sus instituciones del orden, visualizándose una vez más el sello de impunidad que tiene este régimen podrido, donde claramente la cárcel está hecha para la clase trabajadora, los pobres, y todos aquellos que protestan contra el modelo de la dictadura, y sus 30 años de administración a través de la transición pactada. Y en cambio grandes empresarios como Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, u operadores como Carlos Délano o Carlos Lavín, reciben la misericordia del sistema judicial, con rebaja de sanciones y clases de ética.
Por otra parte, son 2500 presos políticos del periodo de la rebelión de Octubre del 2019 que se encuentran tras los barrotes esperando sentencias que van desde los 3 años y 1 día hasta los 10 años de presidio, por el sólo hecho de manifestarse en un contexto de represión brutal por parte de Carabineros y Fuerzas Armadas que dejaron decenas de muertos, y cientos de mutilados. Otro aspecto más que muestra el sello de impunidad por parte del gobierno de Piñera
Basta ya de esta hipócrita justicia a la medida de los ricos ¡Libertad a los presos de la rebelión!
Está claro el carácter de clase que tiene la justicia en nuestro país, y que se replica a nivel mundial, en la que se criminaliza a quienes protestan y se absuelve a aquellos que utilizan sus privilegios para llenarse los bolsillos, ya sea con fraudulentos negociados y cohecho, o utilizando la legalidad para explotar y precarizar la vida de la clase trabajadora. Esto se da en gran medida por la política consciente del gobierno de neutralizar el poder de importantes sectores de masas en las calles, junto con la organización en sindicatos y poblaciones. Y trasladar el conjunto de las grandes discusiones al Parlamento, o al proceso constituyente, del cual incluso sectores de la derecha han mostrado confluir durante las últimas semanas, evidenciándose las trampas.
Resulta fundamental retomar la movilización en las calles como se ha visto durante los últimos días en distintas regiones, y a semanas de cumplirse el aniversario del 18 de Octubre, que inauguró un nuevo momento para decenas de miles de trabajadores, jóvenes, mujeres y diversos sectores que salieron a protestar bajo la consigna “No son 30 pesos, son 30 años”, que colocó al frente del aumento de la tarifa en el pasaje del metro, a los formidables secundarios que saltando el torniquente, fueron el puntapié para el denominado “estallido social”.
Hoy más que nunca, en que el gobierno busca con uñas y dientes mantener intacto el modelo de Pinochet, en medio de la pasividad de la “oposición” que apuesta todo al proceso constituyente, es necesario pelear por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin Piñera y exigiendo la libertad de todos los presos políticos de la revuelta, y juicio y castigo a los responsables de las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.
