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Estado Español. Justicia española: otra vez a favor de la banca que lucra con las pensiones

Cuatro bancos controlan más de la mitad del negocio de los planes de pensiones en el Estado español. La casta judicial una vez más falló al servicio de la gran banca y la patronal.

Carlos Muro

Carlos Muro @muro_87

Miércoles 20 de febrero de 2019

Esta vez el TS debía sentenciar en relación al litigio de tres mujeres que vieron cómo la mitad de los ahorros de su padre se esfumaban como consecuencia de un acuerdo entre Ibercaja y su aseguradora, Caser. Por lo que el TS debía aclarar las condiciones de gestión y de cobro de los fondos de jubilación, así el derecho de información de los ahorradores.

Las tres mujeres debían heredar lo ahorrado por su padre que sumaba 36.266 euros en dos planes de pensiones. La sorpresa fue cuando Ibercaja les hizo saber que “la renta se extingue totalmente” en caso de fallecer los dos beneficiarios, “cesando automáticamente toda obligación de pago”.

¿Qué significaba esto? Significa que cualquier banco, en este caso Ibercaja, contrató a Caser un seguro en el que aparecía como “beneficiario” al propio banco en caso de que tanto el padre como la madre fallecieran. Como suele ser habitual en el conjunto de la economía, sobretodo en el sector financiero, se utiliza un lenguaje enrevesado y poco claro “para un consumidor medio sin conocimientos específicos sobre planes de pensiones”, como comentaba el abogado de la familia, Fernando Pozo Remiro.

¿Por qué el TS ha fallado a favor de la banca?

Según Fernando Pozo “el Supremo no ha aclarado qué condiciones de los planes de pensiones son admisibles y cuáles no”. El tribunal debía aclarar si las aseguradoras con las que los bancos contratan el pago de los planes de pensiones deben cumplir las mismas normas de transparencia que rigen para la banca y de esa manera aclarar en qué condiciones se dan esos contratos con la total trasparencia y aprobación de los ahorradores. Al no aclarar este elemento (siendo lo único que los bancos tendrán que informar por escrito a los clientes de lo que su familia recibirá en caso de fallecimiento) han dejado vía libre a la banca y las aseguradoras para hacer sus negocios a costa del dinero de miles de familias trabajadoras que lo único que tratan es de ahorrador.

El sector financiero -el sector empresarial más poderoso del Estado español- hace años que maneja un negocio enormemente lucrativo con las pensiones de los y las trabajadoras. Tan sólo cuatro bancos controlan más de la mitad del negocio de los planes de pensiones en el Estado español. Bancos como Caixabank, BBVA, Santander y Bankia controlan planes de pensiones privados con un patrimonio superior a los 63.680 millones.

Son las mismas entidades financieras que durante la crisis se beneficiaron de los fondos de rescate de los estados, una cifra nada despreciable que aquí ascendió hasta 77.000 millones de euros, de los cuales el Estado español ya dio por “perdidos” nada menos que 60.000 millones.

Como hemos denunciado en este diario en numerosas ocasiones, el Tribunal Supremo es tan solo la punta del iceberg de la “casta judicial” que se muestra permanentemente al servicio de la gran banca y patronal, mientras persigue y encarcela a políticos independentistas, periodistas, tuiteros, activistas o actores. Y mientras deja impunes a los corruptos y legaliza el entramado mafioso del conjunto del régimen político cuya cabeza es la corona.

Hay que terminar con esta “casta judicial”, imponiendo jurados populares y que los jueces tengan el salario de una maestra, al mismo tiempo que se nacionaliza bajo control obrero la banca privada para ponerla a disposición de las necesidades sociales.


Carlos Muro

Nació en la Zaragoza en 1987. Es estudiante de Historia en la UNIZAR. Escribe en Izquierda Diario y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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